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lunes, 1 de enero de 2018

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Un Prospero 2018



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Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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La Armada de los EE. UU. convirtió sus drones-helicóptero en un detector de minas



Por Kris Osborn - WIB - Traducción Desarrollo y Defensa
Este robot caza de minas podría beneficiar a los buques de combate del litoral
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El dron  MQ-8B Fire Scout, similar a un helicóptero de la Armada estadounidense, ahora puede operar con un sensor avanzado que le da una mayor capacidad para detectar y destruir minas y submarinos desde un buque de combate del litoral. El nuevo sensor, diseñado para misiones de combate y vigilancia en aguas litorales, se llama Reconocimiento y Análisis del Campo de Batalla Costero, o COBRA. La tecnología ha alcanzado formalmente su capacidad operativa inicial, y su función principal es detectar minas y submarinos, manteniendo a la LCS pequeña y ligeramente armada y su tripulación a una distancia segura.

Dado que el Buque de Combate Litoral de la Armada está diseñado para emplear su calado, velocidad y maniobrabilidad superficiales para realizar operaciones de combate cerca de las costas, el contar con tecnologías de cacería de minas y submarinos expande la envolvente de la misión del buque y proporciona la protección necesaria para operaciones ofensivas.

"COBRA representa un verdadero avance para el reconocimiento táctico de áreas de playa", dijo Melissa Kirkendall del Comando de Sistemas del Mar Naval en una declaración escrita. "Con COBRA, el equipo de la Marina / Cuerpo de Marines puede mirar rápidamente una posible zona de aterrizaje y detectar minas y obstáculos que inhibirían la movilidad de la fuerza de aterrizaje durante un asalto".

Anteriormente, ese reconocimiento solo era posible al colocar marineros o infantes de marina en la playa antes del aterrizaje, exponiéndolos a víctimas y revelando una zona de aterrizaje prevista, según el comunicado del servicio.

Tener un pequeño destacamento de helicópteros capaz de lanzarse y aterrizar en la parte posterior del LCS es una parte clave de la emergente estrategia de la Marina para la guerra de superficie, contra minas y antisubmarinos.

Según las declaraciones de la Marina, la próxima prueba de COBRA será un período a bordo de un LCS equipado con un paquete completo de misiones contramedidas mineras, que incluye un helicóptero MH-60S Sea Hawk con un destacamento para 23 personas. Durante la prueba en el mar, COBRA volará varias misiones sobre playas, mientras que demuestra la idoneidad del sistema para operar desde el LCS.
El Fire Scout ha estado desplegando y llevando a cabo misiones de entrenamiento a bordo de los buques de combate del Litoral de la Armada durante varios años.

La Marina también está integrando un nuevo radar de búsqueda marítima a su variante más grande Fire Scout, la MQ-8C, para ampliar su capacidad de ISR y proporcionar un mejor apoyo de orientación a las operaciones ofensivas cercanas.

Las cámaras electroópticas e infrarrojas existentes en el Fire Scout tienen un alcance de 6 a 10 millas, mientras que el nuevo radar marítimo puede encontrar objetivos a distancias de hasta 80 millas náuticas, explicaron los funcionarios del servicio.
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La Marina ha estado trabajando en estrecha colaboración con Northrop Grumman para integrar un radar marítimo en la plataforma para proporcionar un mayor conocimiento de la situación de los buques de combate de superficie, los desarrolladores de servicios le dijeron a Scout Warrior .

El Fire Scout está diseñado para trabajar en conjunto con helicópteros MH-60R para identificar y destruir objetivos como parte de un escuadrón de ataque marítimo.

El helicóptero y el sistema de aeronaves no tripuladas, trabajando entre sí, están diseñados para ampliar el alcance del LCS de aguas someras. Proporcionan ISR, tecnologías de detección y detección de amenazas a kilómetros de distancia del barco y su tripulación, utilizando un enlace de datos para enviar información a una estación de control a bordo del buque.
El escuadrón de helicópteros proporciona una vigilancia continua para el tráfico marítimo, las amenazas y los posibles objetivos. Una vez que algo de preocupación descubrió, el Fire Scout puede proporcionar capacidad de vigilancia persistente a la nave y al escuadrón.

Varios ejercicios de entrenamiento han consistido en lanzamientos, recuperaciones, simulacros de escenarios de extinción de incendios y operaciones de búsqueda e incautación en el tablero de visitas.

El Fire Scout de 31 pies de largo puede volar a velocidades de hasta 110 nudos y alcanzar altitudes de 20,000 pies. La aeronave pesa 3,150 libras en su peso máximo de despegue y está propulsado por un motor turboeje Rolls-Royce, dijeron funcionarios de la Armada.

El Fire Scout tiene un sensor electro-óptico / infrarrojo llamado Bright Star 2, que tiene láser de búsqueda de alcance y designación láser, dijeron los desarrolladores de la Marina.

Resultado de imagen para MQ-8B Fire Scout + minesEl MQ-8B Fire Scout puede permanecer en una misión hasta 5 horas y también utiliza el sistema de identificación automática (Automatic Identification System, AIS) para ayudar a localizar e identificar barcos. La Armada actualmente tiene más de 20 MQ-8B Fire Scouts en el inventario.

Además, en los últimos años, la Armada ha armado al Fire Scout con cohetes de precisión guiados por láser como parte de una evaluación para su futura integración. Las armas fueron probadas con los cohetes de aletas plegables guiados por láser de 2,75 pulgadas, llamados Advanced Kill Precision Weapons System o APKWS. Usando el guiado por láser para "pintar" y localizar objetivos para el Fire Scout, APKWS pudo realizar disparos de prueba basados ​​en tierra con éxito.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Buque Patrullero de Alta Mar HMS Forth (P222) (U.K.) para Malvinas



Este buque sera destinado a prestar servicios en las Islas Malvinas, tan pronto finalice su construcción. El HMS Forth es un buque patrullero de alta mar Clase River actualmente en construcción para la Royal Navy británica. 
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El 6 de noviembre de 2013 se anunció que la Royal Navy había firmado un Acuerdo en Principio para construir tres nuevos buques de patrullaje en alta mar, basados ​​en el diseño de la clase River, a un precio fijo de £ 348 millones que incluye repuestos y asistencia. En agosto de 2014, BAE Systems firmó el contrato para construir los barcos en Clyde, Escocia. El Ministerio de Defensa declaró que los buques de esta clase pueden utilizarse para tareas de policía como "operaciones de lucha contra el terrorismo, contra la piratería y el contrabando". Según BAE Systems, los buques están diseñados para desplegarse en todo el mundo, cumpliendo funciones que requeririan el empleo de fragatas y destructores .

El Forth incluye unas 29 modificaciones y mejoras sobre la corbeta de clase Amazonas construida por BAE Systems para la Armada brasileña . Su construcción comenzó en Forth, el 10 de octubre de 2014 en el astillero BAE Systems Govan en Glasgow . Fue botada en septiembre de 2016. 

Forth fue bautizado en una ceremonia en Scotstoun el 9 de marzo de 2017. El 31 de agosto de 2017, Forth zarpó para pruebas en el mar por los contratistas.  Se informó en octubre de 2017 que Forth se había destinado a reemplazar a la hermanastra HMS Clyde como la Guardia de las Islas Malvinas . 
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Especificaciones:
Origen: Reino Unido
Nombre: HMS Forth
Operador: Marina Real
Ordenado: Agosto de 2014
Constructor: BAE Systems Naval Ships
Lanzado: 20 de agosto de 2016
Identificación: P222
Estado: Someterse a pruebas marinas
Clase y tipo: Patrullero Clase River
Desplazamiento: 2.000 toneladas
Longitud: 90.5 m
Manga: 13 m
Calado: 3.8 m 
Velocidad: 24  kn (44 km/h)
Alcance: 5.500 nmi (10.200 km)
Autonomía: 35 días
Lanchas de desembarco: Dos botes inflables rígidos
Capacidad: 70 personas
Tripulación: 34 personas
Armamento: Cañón de 1 × 30 mm, 2 × ametralladoras de uso general y 2 × Miniguns
Cubierta de vuelo: con capacidad para un helicóptero Merlin

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Empresas pesqueras de Malvinas temen por el impacto del Brexit



(Nuestro Mar) - El impacto potencial de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es motivo de preocupación para algunas empresas pesqueras, tanto locales como extranjeras, que operan en las Islas Malvinas. Inquietud de empresas españolas que operan en las islas.

Algunos temen que, como territorio británico de ultramar posterior al Brexit, los aranceles aduaneros para los productos de pescados y mariscos de las Islas Malvinas exportados a los mercados de la UE puedan aumentar.

Representantes del Reino Unido y la UE trabajarán en los detalles del nuevo acuerdo comercial durante las negociaciones en curso. Recientemente llegaron a un acuerdo para pasar a negociaciones comerciales y podrían entrar en un período de transición de dos años después de que el Reino Unido abandone oficialmente la UE en marzo de 2019, informó la BBC.

El Brexit no solo podría significar la introducción de nuevas tarifas de derechos aduaneros, sino que también podría traducirse en un aumento de la documentación, retrasos y gestión adicional con los 27 miembros restantes de la UE, ya que se establece un nuevo sistema de aduanas.

"El Brexit es una preocupación real. Claramente nos preocupa el efecto potencial que tendrá sobre nuestras exportaciones y los aranceles que tendremos que pagar para vender pescado en nuestros mercados establecidos, en Europa", dijó James Wallace, director Georgia Seafoods, establecida en las Islas Malvinas. "Como si vender marisco de las Malvinas no fuera ya lo suficientemente difícil", sentenció.

Otra fuente del sector pesquero en las islas también estuvo de acuerdo. "Va a hacer nuestras vidas un poco más difíciles", dijo, hablando bajo condición de anonimato.

Ésta fuente señaló que los productos pesqueros de las Malvinas recibirían una competencia más dura por parte de los productos que pescan las empresas españolas que operan en aguas cercanas. Esas compañías no necesitan pagar impuestos para ingresar al mercado europeo.

Otra fuente de una empresa española, que vende el calamar de las Islas Malvinas en España y otros mercados europeos, también manifestó estar preocupado. "No tengo noticias de cómo el Brexit puede afectar nuestro negocio con productos de las Malvinas. Hemos hecho preguntas, pero hay mucha incertidumbre. Por el momento, parece que a corto y mediano plazo, la perspectiva es de mantenimiento. del estado actual ", señaló la fuente española.

Las licencias de pesca son manejadas directamente por el gobierno de las Malvinas, señaló la fuente española. "Tienen su asesor científico para determinar las zonas de pesca y los períodos y gestionar la pesquería de forma autónoma", dijo, y agregó que las licencias de pesca eran propiedad principalmente de las empresas de las Malvinas.

"Esto no nos afectará", dijo, señalando que su empresa estaba comprando productos de las Islas Malvinas y vendiéndolos en Europa, describiendo a la empresa como "un proveedor de referencia de este origen". "Si no cambios y hay productos y condiciones de acceso a la Unión Europea, esto nos afectará", agregó.

Hizo hincapié en que la introducción de un impuesto a los productos de las Islas Malvinas los haría menos competitivos en los mercados europeos, señalando que el aumento del arancel de exportación de Argentina en los últimos años hizo que los productos de ese país fueran menos competitivos.

"Los productos pesqueros de Malvinas son ahora un producto de tarifa cero. Es muy complicado ser competitivo en la UE con un arancel del 12%", dijo, utilizando el nombre argentino en español para las islas en disputa.

En la actualidad, las exportaciones de pescados y mariscos argentinos a la UE tienen que pagar impuestos que van del 12% al 15% dependiendo del producto. Por el contrario, las exportaciones de las Islas Malvinas a la UE están actualmente libres de impuestos.

Mientras tanto, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, ahora dirigido por el pro-Brexit Michael Gove, utilizará su propia flota para mantener alejados a los europeos: un escuadrón de patrulleras armadas disuadirá a los arrastreros extranjeros después del Brexit, informa The Times.

Una de esas nuevas patrulleras será enviada a las Malvinas. El HMS Forth, que está siendo sometido a pruebas en el mar, tendrá un cañón de 30 mm, ametralladoras y un helicóptero cuando entre en servicio el próximo año. Se están construyendo otros cuatro barcos a un costo de 350 millones de libras esterlinas (468 millones de dólares) y uno irá a las Malvinas, asegura The Times.

El gobierno británico ha establecido un centro conjunto de coordinación operacional marítima, para coordinar toda la actividad de patrullaje marítimo de las agencias marítimas para obtener el máximo beneficio de vigilancia.

El calamar (Loligo e Illex) generalmente representa alrededor del 75% de las capturas anuales de unas 200.000 toneladas, según una presentación de 2014 del gobierno de las Islas, y están destinadas a mercados en Europa y Asia. El resto de las capturas consiste en varias especies de peces, incluidos bacalao, merluza hubbsi, merluza hoki y merluza negra, según la presentación. (ADAPTADO AL ESPAÑOL POR NUESTROMAR DE UNDER CURRENT NEWS)

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Argentina, en la vanguardia nuclear



Por Carlos Terrado - Infobae.com
La construcción de la cuarta y quinta central nuclear, a partir de los contratos firmados con China, permitirán consolidar el Plan Nuclear que nació en 1950. La política seguida en este sector estratégico ha permitido reforzar el perfil internacional de nuestro país y su acceso a ámbitos de decisión global. 
(Fernando Calzada)
(Fernando Calzada)
En línea de continuidad con el Plan Nuclear Argentino, las dos nuevas plantas nucleares van a agregar una potencia instalada mayor a la de la suma de las tres centrales actualmente en operación, Atucha I, Atucha II y Embalse; aportando al Sistema Interconectado Nacional 1821 MW más de potencia instalada durante 60 años. Esto totaliza aproximadamente una producción de 814 millones de MWh durante el período mencionado, que además evita lanzar a la atmósfera 606 millones de toneladas de CO2, la cantidad de gas que hubiera producido la misma generación de energía mediante combustibles convencionales.

El gobierno nacional acordó con el gobierno de China la construcción de estas centrales. Del lado argentino la negociación la lleva adelante Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa de capital estatal operadora de las centrales nucleares argentinas, que se encuentra en la órbita de la Subsecretaría de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minería. Del lado chino, la China National Nuclear Corporation (CNNC) y su subsidiaria internacional China Zhongyuan Engineering Corporation (CZEC).

La magnitud y complejidad de estos contratos ha insumido mucho tiempo de análisis y negociaciones entre las partes. El monto total de alrededor de 15.000 millones de dólares lo convierte en uno de los proyectos más importantes de la actualidad. La obra será financiada en un 85 % por créditos chinos con 8 años de gracia, que permiten el repago con la generación de nucleoelectricidad, y el 15 % restante a cargo del tesoro nacional.

La selección de los modelos de centrales más convenientes demandó meses de estudios, finalmente se optó por construir un CANDU de uranio natural y agua pesada en primer término y un HPR 1000 de diseño chino, agua liviana y uranio enriquecido como quinta central.

La construcción de ambas centrales se hará en paralelo, con un desfasaje de dos años entre ambas. La quinta, aunque con menor participación nacional, utilizará la misma tecnología que se está aplicando en el reactor de diseño argentino CAREM, y permitirá entrar de lleno en el manejo de las centrales PWR, que se caracterizan por usar agua liviana presurizada con uranio enriquecido como combustible y son las más difundidas actualmente en el mundo.
La Central CANDU de Embalse está atravesando un proceso de extensión de vida que la repotenciará. Foto: Emmanuel Bocchi.
La Central CANDU de Embalse está atravesando un proceso de extensión de vida que la repotenciará. Foto: Emmanuel Bocchi.

La elección del CANDU atendió a múltiples razones: permite aprovechar la experiencia argentina obtenida en la operación de la Central CANDU de Embalse, aumentada por el trabajo en el actual proyecto de extensión de vida de esa central; continuar con un diseño canadiense conocido e incorporar la participación indispensable de China. Implica transitar por el camino más complejo, con contratos que integran acciones, fijan alcances y determinan responsabilidades de tres actores principales: Nucleoeléctrica Argentina S.A., el dueño y responsable del proyecto; China National Nuclear Corporation, contratista; y Candu Energy Inc., subcontratista nominado.

Se eligió este camino para hacer un uso intensivo de todos los recursos humanos y materiales disponibles dando máxima participación a la industria local y, muy importante, continuar con el abastecimiento de combustible fabricado en el país, el verdadero núcleo de la generación atómica. Esta visión nacional estratégica que excede el sólo rendimiento económico va en línea con los antecedentes del Plan Nuclear Argentino, cuyo desarrollo posicionó a la Argentina entre las 10 potencias más avanzadas en la materia.

Una política de Estado no declarada

Vale la pena hacer un paréntesis: ¿Cómo se explica que Argentina sea uno de los pocos países en desarrollo que ha alcanzado un notable progreso en el campo nuclear? ¿Se pueden extraer enseñanzas? ¿Podría haber evolucionado de la misma manera algún otro sector, como por ejemplo la industria aeronáutica?

El Plan Nuclear nació en 1950 con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y continúa hasta el presente. Para analizarlo en el contexto en que se desarrolló podemos repasar cuál fue la evolución de Argentina en ese mismo período. Si tomamos las principales áreas que son competencia exclusiva del Estado, como Justicia y Defensa, nadie podría afirmar que mejoraron, todo lo contrario. Si vemos los sectores donde el Estado es protagonista pero convive con la actividad privada, como educación, salud o seguridad, es evidente el avance de la demanda de prestaciones privadas sobre las públicas, y no es porque la gente quiera pagar sus propios servicios, es por las falencias de los servicios públicos. Las tres áreas mencionadas empeoraron notablemente, la seguridad y la salud se notan a diario, pero la educación es más grave, hipoteca el futuro. Mi generación es mayoritariamente producto de una educación pública de excelencia, pero nuestros hijos son en igual medida producto de la escuela privada.

¿Cómo es que en ese contexto general se destaca el Plan Nuclear? Un escéptico diría que es la excepción que confirma la regla. Prefiero tratar de sintetizar las que entiendo como causas.

La primera explicación que surge es la estabilidad. En la época en que toda la actividad se centraba en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), o sea desde 1950 hasta 1994, hubo sólo 6 Presidentes de la CNEA. En ese mismo período hubo 19 Presidentes de la República. El desarrollo del área nuclear se comportó como una política de Estado no declarada, que atravesó con mínimos cambios y manteniendo sus objetivos épocas con gobiernos de distintos partidos políticos y diferentes ideologías, incluyendo gobiernos constitucionales y de facto.

Esa estabilidad dio pie a políticas de mediano y largo plazo, a la adopción de decisiones estratégicas e inversiones que permitieron el desarrollo en el tiempo de las industrias asociadas al exigente requerimiento nuclear.

Pero esto solo no garantiza el éxito, si no estaríamos de acuerdo con la simple perpetuación de autoridades en sus cargos, como ocurrió en otras organizaciones como las sindicales o deportivas, o en Provincias o Municipios, sin que esto evitara la decadencia.

La segunda explicación es la incorporación y generación de recursos humanos de excelencia. Desde el principio la virtud ordenadora de jerarquías y respeto en el área nuclear fue el conocimiento, la integridad y honestidad intelectual. Las opiniones siempre se valoraron por sus fundamentos y no por su atractivo. La integridad, palabra desgraciadamente más utilizada en inglés que en español, es la que por ejemplo entiende que falsear un dato para sostener una hipótesis es tan grave como robar dinero. Los recursos humanos siempre fueron el corazón del desarrollo nuclear, obtenerlos y mantenerlos. El Instituto Balseiro fue pionero en ese aspecto, buscando los mejores estudiantes de cada universidad para formar profesionales de excelencia, reconocidos en el mundo, que son el ejemplo palpable de los resultados posibles con una educación pública bien gestionada.

Si estas simples reglas se aplicaran en todos los órdenes de la vida nacional, sería lógico esperar buenos resultados en otros campos, y no sólo en el nuclear. Afortunadamente la sociedad argentina parece haber tomado conciencia que, igual que en el método experimental, no se puede esperar obtener distintos resultados repitiendo siempre los mismos procedimientos, y hoy parece dispuesta a seguir estos caminos.

Por último es importante mencionar que el desarrollo nuclear permite al país reforzar su protagonismo internacional y trae beneficios que exceden lo estrictamente específico. Aparte de exportar tecnología y bienes con alto valor agregado, desde reactores de investigación hasta fuentes de cobalto para uso médico, abre las puertas a oportunidades y asociaciones de interés nacional. En ese sentido actualmente, como parte de la política de inserción de Argentina en el mundo, el país se postula para ingresar a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a un selecto grupo de 35 países. Con ese objetivo se decidió aprovechar el desarrollo logrado en el campo nuclear para iniciar el camino de ingreso, concretando en 2017 la admisión argentina en la NEA (Nuclear Energy Agency) que es precisamente la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE.

El autor es ingeniero nuclear. Vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA)

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Aguad dio el primer paso para incorporar civiles en puestos militares



Aguad dio el primer paso para avanzar en la reforma de las Fuerzas ArmadasPor Mariano De Vedia - LA NACION
Creó un grupo de trabajo para avanzar en una reforma castrense; profesionales de otras disciplinas podrían cubrir funciones no operativas en las Fuerzas Armadas.

Aguad dio el primer paso para avanzar en la reforma de las Fuerzas Armadas. Foto: Archivo 
El último día hábil del año, el ministro de Defensa, Oscar Aguad , dio el primer paso para avanzar en la reforma de las Fuerzas Armadas, al constituir una comisión que definirá cambios sustantivos en la ley del personal militar.

Entre otros cambios, apunta a profundizar la incorporación de personal civil en puestos estratégicos que no constituyen funciones de comando.

Ello implicará, por ejemplo, la posible designación de profesionales en áreas no operativas, como las direcciones generales de Sanidad, Educación, Personal, y Planes, Programas y Presupuesto, entre otras dependencias hoy al mando de comandantes militares, lo que ya comenzó a generar una fuerte inquietud en las unidades castrenses.

"Se trata de un nuevo enfoque para modernizar las Fuerzas Armadas, un cambio que los países de la región ya emprendieron y al que nosotros llegamos con algún retraso", confió a LA NACION una fuente cercana al ministro Aguad.

El grupo de trabajo, constituido por la resolución 1283/2017, funcionará a partir de marzo, coordinado por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Horacio Aldo Chighizolla, y tendrá nueve meses para consensuar un proyecto de ley que regulará la incorporación del personal militar en las Fuerzas Armadas. Actualizará la ley 19.101, que rige desde 1975.

Se sumarán al equipo de trabajo los jefes del Ejército, teniente general Diego Suñer; de la Armada, vicealmirante José Luis Villán; de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Víctor Amrein, y del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari del Valle Sosa, junto a la secretaria de Servicios Logísticos, Graciela Villata, y el presidente del Instituto de Ayuda Financiera, Fabián Rogel.

"Las actividades no operativas serán cubiertas prioritariamente con personal civil", dice expresamente la resolución.

Cerca de Aguad explicaron en que se trata de "una modernización conceptual de las Fuerzas Armadas, en tiempos en que ya no existen hipótesis de conflicto".

Un vocero del Ministerio de Defensa indicó que "las fuerzas militares no perderán poder, sino que ganarán modernización y una puesta en valor de su rol".

Citó el ejemplo de la ciberdefensa, un área que exige adecuaciones y replanteos de objetivos.

"La reforma tiende a una optimización de recursos. No necesitamos tres Fuerzas Aéreas ni dos Armadas, sino mejorar las capacidades operativas", agregó la fuente, al anticipar que luego se avanzará en cambios en la estructura. Actualmente, tanto el Ejército y la Armada, por ejemplo, cuentan con áreas dedicadas a la aviación militar, lo que se podría concentrar en las bases de la Fuerza Aérea.

No se indicó , sin embargo, si la decisión de unificar áreas o funciones se extenderá a la relación de las Fuerzas Armadas con las fuerzas de seguridad.

Fuentes gubernamentales intentaron atajar posibles críticas, al explicar que la posible incorporación de civiles no va en desmedro de la carrera militar. "Hay civiles en el Ministerio de Defensa. Queremos profesionales con capacidad para desarrollar nuevos conceptos, como en las áreas de la adminuistración de recursos. Hoy, por ejemplo, existen tres áreas de Legales entre las tres fuerzas. Hay que optimizar los recursos y mejorar las funciones", declaró la fuente oficial.

Insistió en que Aguad se propuso "volver a colocar a las Fuerzas Armadas en el lugar que corresponde, luego de 12 años en que fueron absolutamente relegadas". Mencionó, por ejemplo, la reciente compra de aviones Super Étendard, la incorporación de helicópteros Bell y Leonard, que ya habían sido pagados pero no se traían al país por el costo del flete: unos US$ 200.000.

Se espera que en la elaboración final del proyecto de reforma militar, que se discutirá en el Congreso, participen legisladores.

En ese sentido, el diputado nacional Carlos Gastón Roma (Cambiemos-Tierra del Fuego), que integra la Comisión de Defensa, dijo que la reforma "es indispensable y le dará un nuevo rol a las Fuerzas Armadas". Añadió que "si no se optimizan los recursos no habrá capacidad operativa, ya que más del 80% del presupuesto militar se destina hoy a pagar sueldos y gastos operacionales".

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Mauricio Macri impulsa un plan de depuración y quiere designar a 100 jueces en 2018



Mauricio Macri impulsa un plan de depuración y quiere designar a 100 jueces en 2018Por Ignacio Ortelli - Clarin.com
El Presidente busca avanzar en la destitución de los magistrados más cuestionados, con Rafecas a la cabeza. Tiene que nombrar los reemplazantes de Oyarbide y Freiler.

El presidente Mauricio Macri quiere una limpieza en la Justicia. Foto: REUTERS

Ignacio Rodríguez Varela entró al Poder Judicial hace 30 años. Allí conoció al fiscal José María Campagnoli, con quien desarrolló gran parte de su carrera y llegó al cargo de secretario. Desde 2005, concursó 36 veces para ser juez, pero el kirchnerismo lo proscribió y Néstor Kirchner, primero, y Cristina esquivaron designarlo pese a que en 27 ocasiones logró ganar su terna, constituyendo uno de los casos más emblemáticos de injusticia en el proceso de selección de los jueces que se vivió en la última década.

Sin padrinos políticos, sufrió las consecuencias de que su padre, Alberto, fuera ministro de Justicia durante la última dictadura y abogado del fallecido represor Jorge Rafael Videla. Con la llegada del macrismo al poder, siguió presentándose a concursos -y ganándolos- aunque sin demasiada expectativa ya que era consciente de que no cuadra dentro del arquetipo de jueces que le suele interesar al poder: de personalidad rebelde como Campagnoli, no da garantías de obediencia al poder político.

Igual, por recomendación de su mesa judicial y sus asesores más cercanos, tras recibir las ternas del Consejo de la Magistratura, este jueves Mauricio Macri envió su pliego al Senado, proponiéndolo para integrar la Cámara del Crimen. La explicación fue clara: "Queremos a los mejores, no importa el apellido ni la militancia partidaria".

El caso de Rodríguez Varela, dicen en la Casa Rosada, es el paradigma de Justicia independiente que impulsa Macri en su plan de depuración, que continuará en 2018 con una meta más ambiciosa: luego de que en 2017 se definieran 93 ternas de jueces, la idea de Macri es entrar al próximo año con otros 100 nombres propuestos para que el Senado convalide.

Al mismo tiempo, busca avanzar con la destitución de los jueces más cuestionados. En ese sentido, al tope de la lista de prioridades del Gobierno figuran el juez Federal Daniel Rafecas, la jueza de Casación Ana María Figueroa y tampoco descartan a Ariel Lijo, pese a que, tal como reveló La Nación el mes pasado, intercedió por él Daniel Angelici, el operador judicial más escuchado por el Presidente.

Más allá del impulso que dio la mesa judicial del Gobierno, conformada por el jefe de asesores de Macri, José Torello; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el ministro de Justicia, Germán Garavano; y el consejero de la Magistratura Juan Bautista Mahiques, en el Gobierno destacan la reactivación del Consejo.

En ese sentido, dentro de un contexto en el que el oficialismo supo articular consensos con los representantes de los abogados y de los jueces, reivindican el aporte que hizo el académico Jorge Candis, uno de los consejeros que, curiosamente, quedó en el centro de la escena en mayo, por haber dilatado con su voto, el inicio del juicio político contra el camarista Eduardo Freiler. "Se mandó esa macana pero ayudó mucho para que el consejo volviera a funcionar", conceden. En efecto, se triplicó la cantidad de ternas remitidas al Ejecutivo en 2016, cuando Macri recibió sólo 38 vacantes para cubrir.

Como tarea pendiente de 2017, Macri aún debe decidir sobre cuatro vacantes clave para la Cámara Federal de Casación Penal, cuyas ternas recibió a principios de mes; y cinco cargos en seis salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Dentro de los 100 cargos vacantes que planea cubrir en 2018, hay algunos que son emblemáticos, como el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 de la Capital: es el que dejó el renunciante juez Norberto Oyarbide.

Hasta que el "Huracán" Elisa Carrió apuntó contra el juez federal Ariel Lijo, quien tenía todas las fichas puestas para ese puesto era Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fuera su secretario durante muchos años y en la actualidad maneja la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial. Pero la avanzada de Carrió sobre Lijo lo dejó complicado. Y ni siquiera lo ayudaría una gestión de su padre, José Rodríguez Ponte, intendente de Cambiemos de la localidad bonaerense de General Lavalle. Ahora, el cargo se lo disputan entre Eugenia Capuchetti (Ministerio Público Fiscal de la Ciudad) y Hernán Blanco, secretario de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además de una decena de juzgados federales del Interior del país, Macri también deberá definir qué sucede con el cargo que quedó libre luego de la destitución de Eduardo Freiler en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Y, en la previa a la presidencial de 2019, resolverá el Concurso 376, para la estratégica Cámara Nacional Electoral.

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Macri busca reducir cargos y ahorrar más de $ 1000 millones (II)



Por Mariano Obarrio - LA NACION
El plan será anunciado en los próximos días por el Gobierno, como una muestra de austeridad.

El plan de reducción cargos políticos y jerárquicos del gobierno de Mauricio Macri generará un ahorro fiscal de más de $ 1000 millones anuales. La Casa Rosada lo exhibirá como un gesto de austeridad simbólico en medio del programa de reducción del déficit fiscal, un rojo que en 2017 superará los $ 400.000 millones.

"El proceso viene bien y ese ahorro se va a alcanzar. Pero los números finales los tendremos a fines de la semana próxima", dijo ayer un alto funcionario de la Casa Rosada.

Según confirmó Macri a LA NACION en el encuentro del 19 de diciembre pasado con la prensa, el Gobierno avanza en un plan de reducción del 20% de los 3500 cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional (APN). El objetivo incluye tanto a los secretarios de Estado como a los subsecretarios, directores y coordinadores de los 20 ministerios del Poder Ejecutivo.

"El ahorro será todavía superior al 20% en la cantidad de cargos y en recursos de la masa salarial de esos cargos", aseguró otro funcionario consultado, que tiene llegada al Presidente y al jefe del Gabinete, Marcos Peña.

El proyecto, justamente, lo impulsa Macri y lo dirige Peña. Durante la semana última, todos los ministros terminaron de entregarle al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, sus planes de adecuación de cada una de las carteras. Estos proyectos deberán ser evaluados y aprobados por la Jefatura de Gabinete y por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien asiste técnicamente en todo el programa y que también presentó el plan de recorte de su propio ministerio.

La APN, con un total de 3500 cargos jerárquicos y 210.000 empleados públicos, incluye el Poder Ejecutivo, los 20 ministerios y los organismos descentralizados, como el PAMI y la Anses, entre otras dependencias públicas.

En cambio, el Sector Público Nacional es más amplio: comprende también las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las empresas del Estado y las universidades. En total suman más de 740.000 empleados.

La masa salarial de esos 3500 cargos jerárquicos es de más de $ 5000 millones por año. El recorte de más del 20% de funcionarios implicará un ajuste de 700 ejecutivos y una reducción de más de $ 1000 millones.

Todavía no se definió cuándo se anunciará esta medida, pero podría ser dentro de las primeras semanas del nuevo año. El Gobierno la presentará como una señal de austeridad propia de la política, por cuanto esos cargos son funcionarios políticos jerarquizados, nombrados por el propio Macri y no agentes públicos designados por administraciones anteriores que pasaron por el Estado.

"Hemos pedido esfuerzos a la gente y tenemos que mostrar que nosotros también nos ajustamos", dicen en la Casa Rosada.

"Este esfuerzo está concentrado en cargos políticos y jerárquicos", explicó una alta fuente oficial, para subrayar que los perjudicados serán los propios macristas.

Más reformas

Por otro lado, el Gobierno avanzará sistemáticamente en el proceso de dotaciones óptimas para cada ministerio y organismo. Esto implicará la reducción gradual en los próximos años de unos 70.000 contratos temporarios que se renuevan todos los años, donde sí existen empleados públicos de viejas gestiones.

En este plan no existe un objetivo medido en porcentajes, como en el de cargos jerárquicos. "El objetivo es por organismo. No consolidado en toda la APN", explicó un alto funcionario.

La reducción del 20% de cargos jerárquicos debe ser pareja para todas las categorías. Habrá menos secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores, por partes iguales. Pero también habrá rebajas de nivel: secretarios de Estado bajarán al cargo de subsecretarios y subsecretarios que pasarán a ser directores nacionales.

Por este ajuste se generó un clima de pelea interna en varios ministerios. Cada funcionario con cargo peleó por permanecer en su categoría, pero muchos no lo lograrían.

En cambio, la reducción de contratados temporarios dependerá de la evaluación técnica y de presentismo de cada ministerio. El objetivo de la Casa Rosada es llegar a que sólo el 10% de los 210.000 empleados de la APN esté bajo la modalidad de contrato temporario que se rigen por el artículo 9 de la ley de empleo público, número 25.164.

Esto implicaría reducir, a lo largo de los años, de 70.000 contratos a no más de 21.000, es decir una reducción superior a la mitad. Sin embargo, la idea no es sólo dar de baja 50.000 contratos, sino aplicar mecanismos de reubicación de empleados, concursos y pases a planta permanente, y sólo descartar a los empleados que no aprueben las evaluaciones.

Cada ministro puede discontinuar esos contratos porque el artículo 9 de la ley 25.164 ordena que deben prestar "servicios transitorios o estacionales" y, al tener vencimiento todos los 31 de diciembre, no tienen la estabilidad laboral del personal de planta permanente, que sólo puede ser despedido con una causa, previo sumario administrativo.

Sin embargo, la gran mayoría de los 70.000 contratados se renueva todos los años y cumple funciones del personal de planta y no temporarias, una forma de precarización del empleo público.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Más de $ 45.000 millones debió ceder el Gobierno para aprobar las reformas



Las sesiones en la Cámara de Diputados obligaron a negociaciones permanentesPor Laura Serra - LA NACION
Tuvo que emprender negociaciones de urgencia con el peronismo para poder dar luz verde al presupuesto 2018 y a las cambios previsionales, tributarios y fiscales


Las sesiones en la Cámara de Diputados obligaron a negociaciones permanentes. Foto: LA NACION / Daniel Jayo

La sanción del paquete de leyes y reformas fiscales en el Congreso le salió cara al Gobierno. Se estima que el voto positivo de los legisladores que responden a los gobernadores peronistas le costó al oficialismo unos $ 45.000 millones.


Esto fue así en virtud de las numerosas concesiones que, a último momento, debió incorporar en la letra del presupuesto 2018 y de las reformas previsional y tributaria.

El oficialismo, si bien engrosó su representación en ambas cámaras tras las elecciones de renovación parlamentaria del 22 de octubre, aún debe pagar el precio de ser minoría en el Congreso.

Los gobernadores peronistas, que articularon dos bloques propios en el Senado y en la Cámara de Diputados, hicieron valer su apoyo: después de acordar con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales de los proyectos que luego se enviaron al Congreso, durante el debate parlamentario sus diputados y senadores redoblaron las demandas para sus provincias.

El gobierno de Mauricio Macri, necesitado de votos, pero, además, escaldado por el trauma que le implicó la sanción de la reforma previsional -se aprobó por apenas 10 votos de diferencia en un clima de inusitada violencia social-, accedió a la mayoría de sus peticiones. Todo ello, en medio de un tenso clima social, con protestas e incidentes fuera del Congreso.

La primera concesión que se les hizo a los gobernadores peronistas fue, justamente, para lograr la aprobación de la reforma previsional.

En virtud del cambio en la fórmula de movilidad, que se aplicará en marzo próximo, el Gobierno se comprometió a pagar una compensación a los jubilados, pensionados y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobren menos de $ 10.000 mensuales. Esta compensación le costará al Estado al menos $ 4000 millones.

Aun así, varios diputados peronistas no votaron la reforma previsional y el oficialismo penó hasta último momento para conseguir la mayoría en el recinto.

Más permeables se mostraron, en cambio, durante la discusión del paquete de las leyes económicas y fiscales, que incluyó el presupuesto 2018, el consenso fiscal, la reforma tributaria, la prórroga del impuesto al cheque y la ley de responsabilidad fiscal.

Mientras en el recinto de la Cámara de Diputados se desarrollaba el debate, por el despacho de la presidencia, donde estaba apostado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, desfilaban gobernadores y legisladores peronistas con los reclamos más diversos. El Gobierno abrió la billetera y las iniciativas se aprobaron, tanto en Diputados como en el Senado, con una mayoría aplastante de votos.

Las mayores concesiones se observan en la ley de presupuesto. Entre ellas figuran las siguientes:

-Obras públicas. Se incorporó una segunda planilla anexa al artículo 11, con más obras plurianuales para las provincias, por un total de $ 10.626 millones, sólo para 2018. La mayoría está destinada a provincias gobernadas por peronistas dialoguistas, como Salta, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán, entre otras.

-Viviendas, agua potable y cloacas. Se incrementó en $ 5014 millones el presupuesto del Ministerio del Interior y Obras Públicas. De ese monto, la mitad será destinada a programas de vivienda en 14 provincias, entre ellas: Córdoba, Salta, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero y La Pampa (salvo esta última, todas gobernadas por peronistas dialoguistas). También se benefició a Mendoza, Jujuy y Corrientes, gobernadas por Cambiemos.

-Beneficio a La Rioja. Pese a que sus diputados rechazaron la reforma previsional, el gobierno de Mauricio Macri le asignó a esta provincia $ 2800 millones para el año próximo. Además destinó otros $ 180 millones a la capital riojana, cuyo intendente, Pedro Paredes Urquiza, es aliado del Gobierno y enfrentado al gobernador peronista Sergio Casas.

-Cajas previsionales. Una asignación de $ 17.000 millones a las cajas previsionales provinciales. De ese monto se transferirán $ 12.000 millones en 12 cuotas de manera automática a aquellas provincias que no hayan transferido sus cajas previsionales a la Nación.

-Universidades. Se incorporó un refuerzo presupuestario de $ 1302 millones.

También se modificaron aspectos claves de la reforma tributaria; por presión del peronismo se dio marcha atrás en la aplicación de ciertos gravámenes, por lo que la recaudación será menor a la originalmente prevista.

En efecto, después de mucha acción de lobby del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y de las provincias del norte, no se subirá al 17% el impuesto interno a las bebidas azucaradas. Son $ 3300 millones que finalmente no recaudará el fisco.

Otro cambio importante se refiere a la aplicación del impuesto a las ganancias a las indemnizaciones por despido y los retiros voluntarios; el proyecto original proponía gravar aquellos montos que excedan los parámetros mínimos de la ley laboral. Fue tal el rechazo de la oposición que el oficialismo suprimió el artículo.

Tampoco pagarán el impuesto a las ganancias las cooperativas y mutuales, otra propuesta del Poder Ejecutivo duramente resistida por las provincias de Santa Fe y Córdoba. También quedarán exentos de este tributo a los reintegros que cobren las pymes exportadoras.

"Este Congreso mejoró los proyectos del Poder Ejecutivo; el Gobierno no logró todo lo que quería, pero avanzó en algunas reformas y los gobernadores se llevaron el reaseguro de su sostenimiento económico", enfatizó Miguel Pichetto, jefe de bloque de senadores del PJ, durante el debate.

En similar sentido se expresó el diputado Pablo Kosiner, jefe del interbloque Argentina Federal, quien celebró el resultado de las negociaciones. "Fue fruto de un diálogo claro entre la Nación y las provincias", exaltó.

Voceros del Gobierno, consultados por LA NACION, admiten el costo de las negociaciones, pero rescatan que el logro obtenido fue mayor. "Con la ley de responsabilidad fiscal y el consenso fiscal las provincias están comprometidas a bajar el gasto público y su plantel de personal, como así también a reducir los impuestos a los sellos y a los ingresos brutos. Visto en perspectiva, salimos a mano", sostuvieron.

Principales concesiones

$ 4000 MILLONES - Es el monto que demandará el pago de la compensación a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con la instrumentación de la reforma previsional, en marzo próximo

$ 10.626 MILLONES - Es el presupuesto extra para las obras plurianuales incorporadas al presupuesto 2018, por presión del PJ

$ 5014 MILLONES - Es la suma que se adicionó al presupuesto del Ministerio del Interior y Obras Públicas. De ese monto, la mitad será destinada a programas de vivienda en 14 provincias. La mayoría de ellas son gobernadas por el PJ

$ 2800 MILLONES - Es la asignación que el gobierno de Mauricio Macri destinó, a través del presupuesto, a la provincia de La Rioja. Otros $ 180 millones irán a la capital riojana, cuyo intendente es aliado del gobierno nacional

$ 17.000 MILLONES - Es el monto que el Estado nacional desembolsará a las cajas previsionales provinciales. De ese importe, se transferirán $ 12.000 millones en 12 cuotas de manera automática a aquellas provincias que no hayan transferido sus cajas previsionales a la Nación

$ 1302 MILLONES - Se trata del refuerzo presupuestario asignado a último momento para las universidades nacionales, ante los reclamos de varios gobernadores

$ 3500 MILLONES - Es la recaudación que dejará de percibir el fisco, luego de que el Gobierno diera marcha atrás con la suba en los impuestos internos a las bebidas azucaradas

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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