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lunes, 4 de diciembre de 2017

Desarrollo y Defensa

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Aprueban una inversión de $220 millones para recuperar el histórico edificio de Barranca Peña



LPO - La Legislatura aprobó en primera lectura la ley para trasladar la Acumar a La Boca. Construirán una nueva sede.
Foto Crédito: Juan Casas - LPO
La Legislatura porteña autorizó una inversión de 220 millones de pesos que incluye el traslado de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) al complejo edilicio del barrio de La Boca denominado Barraca Peña.

Se trata de la primera movida, anticipada por LPO, para extender la recuperación del frente del río que comenzó con la Fundación PROA y levantar el barrio de La Boca, uno de los más antiguos de la Ciudad.  Para empujar ese proceso, el gobierno invertirá en la restauración de los viejos galpones que están ubicados allí y esperan que los inversores privados terminen de desarrollar esa parte del barrio.

La edificación de la nueva sede de la Acumar, el ente tripartito integrado por representantes de la Nación y de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que vela por el saneamiento del Riachuelo, será totalmente costeada por el organismo, que, además, financiará los gastos de la segunda etapa (25 mil m2) del Paseo de la Ribera. La inversión total será de 220 millones de pesos.

La norma fue aprobada por 50 votos afirmativos, nueve abstenciones y ningún sufragio negativo. Deberá ser sancionada definitivamente en una segunda lectura, tras una audiencia pública.

"Desde el punto de vista ambiental, el hecho de que la Acumar se instale en las orillas del Riachuelo va a facilitar su gestión. Y, sin lugar a dudas, contribuirá también a la regeneración urbana de esta parte de La Boca, que hoy se encuentra desolada", afirmó el legislador Agustín Forchieri, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña.

El complejo Barraca Peña está conformado por edificios que datan de la década de 1860, que fueron construidos para impulsar el comercio de lana y de cuero, uno de los principales motores de la economía argentina de esa época, cuando el Riachuelo era la puerta de entrada y de salida a la Ciudad de importaciones y exportaciones. El lugar, hoy abandonado, cobija este complejo de alto valor patrimonial, como así también instalaciones de la primera conexión ferroviaria portuaria del país y los restos de una embarcación mercante del siglo XVIII encontrados durante una excavación realizada en 2009.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Según empresarios alemanes, hubo sobornos a miembros de la Armada (II)



Por Emilia Delfino - Perfil.com
Lo declararon en Munich. Contaron que coimearon a dos funcionarios en el año 2007 para obtener un contrato de más de 3 millones de euros. La Cámara Federal dictó falta de mérito.
El contrato era por los planos y la licencia de construcción de Patrullas Oceánicas Multipropósito. (Hoy, operan en la Armada de Chile)

Las contrataciones de la Armada Argentina a empresas alemanas volvieron a quedar en la mira por posibles desperfectos en la batería del submarino ARA San Juan, que podría haber provocado la
muerte de los 44 tripulantes de la nave. Pero estos contratos vienen siendo cuestionados desde 2013. Un expediente judicial al que accedió PERFIL demuestra que empresarios alemanes contratistas de la fuerza armada admitieron ante la Justicia que lograron proveer al Estado argentino gracias al pago de sobornos. La causa judicial terminó en el limbo de los tribunales federales, luego de que la Cámara Federal anulará los procesamientos del juez Ariel Lijo en 2014.

El expediente contiene correos electrónicos y testimonios de empresarios alemanes arrepentidos ante una fiscalía de Munich que habrían comprobado que en 2007, se pagaron sobornos a miembros de la Armada para que autorizaran la compra de planos y la licencia para construir cinco buques que iban a funcionar como Patrullas Oceánicas Multipropósito (POM). Para el juez, al menos dos miembros de la Armada direccionaron la contratación del astillero alemán Fassmer por más de 3 millones de euros y obtuvieron supuestos sobornos a cambio de la gentileza. Para ello, simularon contratos ficticios con dos empresas: la uruguaya Wiler Sa y Ferrostaal Argentina (subsidiaria local de la alemana del mismo nombre).

Edwin Erbslöh, director ejecutivo del área de construcción naval de Ferrostaal, declaró en Alemania: "Desde un principio me vi confrontado con el soborno". Hasta 1999, cuando comenzó a ser penado legalmente en el comercio internacional, el soborno era "parte oficial del negocio". El ejecutivo dijo que lo incluían en los libros como "gastos beneficiosos" y lo deducían de los impuestos. "Después de esa fecha, nada se modificó sobre esta realidad. En general, en Sudamérica (por ejemplo, en Brasil, Argentina) y en Asia no se pueden hacer negocios sin estos gastos beneficiosos. Si alguien manifiesta que hace negocios allí sin gastos beneficiosos, eso no lo puedo creer".

Fue el propio Erbslöh quien "pactó el negocio con el asesor legal de la Armada", según la resolución judicial. Entonces, ese asesor clave era Osvaldo Parrinella. "Fue puesto por el Ministerio de Defensa y preparó las decisiones del Ministerio en el área de compras". En un mail de 2007, el empresario alemán dejó en claro a Parrinella que su empresa necesita ciertos favores para obtener el negocio que planeaba la Armada: "Como debes saber, los astilleros chilenos procuran adquirir todo el paquete para sí mismos y sería muy fácil para ellos ofrecer este tipo de paquete a la Armada Argentina", es decir, sin la intermediación de las empresas alemanas.

Los alemanes designaron a dos empresarios como "representantes" en Argentina: Cosme Roberto Smiraglia y Gustavo Frers. Según el juez, también fueron los intermediarios en el pago de sobornos a los funcionarios de la Armada. Gustavo Efraín Lepron, vicealmirante retirado y ex número dos de Tandanor del Ministerio de Defensa, es otro de los funcionarios apuntados en la causa. Era el director general de Material Naval y tenía el proyecto de las POMs a su cargo. Participó de las reuniones con los intermediarios de los alemanes y fue mencionado en los mails como uno de los hombres que habría garantizado el negocio. Al igual que el resto de los procesados, hoy tiene falta de mérito desde 2014.

"Los empresarios alemanes del consorcio Ferrostaal/Fassmer tenían previsto el pago de sobornos a funcionarios con el objeto de que dicha empresa resulte contratada para la provisión del diseño y de los materiales para la construcción de los buques", dijo el juez en 2013. En los libros contables, que se secuestraron durante allanamientos en Munich, los supuestos sobornos figuran como "gastos de asesoramiento" para "Leppi", "Graf" y "Goldlocke" (rizos de oro). Harald Fassmer, CEO del astillero alemán, identificó a "rizos de oro" (Goldlocke) como el apodo puesto a Parrinella. Lo confirmó Gustavo Frers.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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La reparación del ARA San Juan costó el doble de lo presupuestado



Por Gabriel Ziblat - Perfil.com
Además, se detectó la falta de documentación clave, como la que debería acreditar la última entrega de las baterías arregladas. Garantía en riesgo.
Media vida. Así se denomina el trabajo realizado en la firma Tandanor. Se proyectó en $ 51 millones, pero costó más de $ 100 millones.
Media vida. Así se denomina el trabajo realizado en la firma Tandanor. Se proyectó en $ 51 millones, pero costó más de $ 100 millones. Foto:Cedoc perfil 

"Esta porquería no puede ir para abajo", le contó uno de los tripulantes del ARA San Juan a su mujer varios meses atrás, preocupado por las fallas en el sistema de inmersión del submarino. "Se abrió una válvula y corrimos peligro de irnos al fondo", recuerda ahora otra mujer que le relató su esposo durante el invierno. Son apenas dos anécdotas que ponen la mira en el estado en que se encontraba el buque antes de hundirse en el Mar Argentino, a pesar de que poco tiempo antes, en 2015, había salido del taller luego de la reparación de media vida. Esos trabajos quedaron en la mira de un informe de la Sigen, que en 2016 encontró severas irregularidades.

Un sobrecosto del 100%, faltantes de documentación clave (como la que debe acreditar una entrega de las baterías arregladas), la demora injustificada de más de tres años respecto de los planes iniciales, y el vencimiento de los plazos de garantía antes de terminar con todas las pruebas. Esas son las conclusiones principales de un informe que recién salió a la luz esta semana, y que podría ser clave en la causa judicial que ya tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia. 

"Las modificaciones, ampliaciones y agregados originados en el proceso de la obra llevaron a un incremento cercano al 100% en el costo total planificado del proyecto original", sostiene el informe. Originalmente, en agosto de 2008 se proyectó que la reconstrucción costaría $ 51,4 millones. Terminó alcanzando los $ 102,3 millones, un 99% más de lo estimado (a lo que se suman $ 25,5 millones del contrato con la empresa alemana Hawker, encargada de arreglar las baterías). 

Justamente, las baterías también son motivo de sospecha luego de que se conociera que las de un sector se habían incendiado luego de entrar en contacto con agua de mar. "No se ha podido verificar la recepción total de los materiales comprometidos, atento a que no se contó con documentación que avalara la octava y última entrega", describe el informe, y enumera la documentación de las siete anteriores. 

También en otros dos contratos con firmas extranjeras hubo dificultades para acceder a la documentación. Siemens, por ejemplo, tuvo una demora de más de cuatro años "en las tareas referidas al curso de operación y mantenimiento de los sistemas de propulsión y de generación". Similar situación, pero con un año de demora, se dio con MTU Detroit Diesel Allison Argentina, encargada de los motores.

Otro punto que llamó la atención es que hacia fines de 2015 "no se había efectuado la totalidad de las pruebas necesarias" y la garantía "se encontraba a punto de vencer". Se trataba de una garantía de seis meses para probar el funcionamiento de los sistemas de inmersión y emersión del submarino a distintas profundidades. 

En la conclusión, la Sigen agrega un punto alentador hacia el futuro, pero que esconde un interrogante. La obra, sostiene, "ha resultado una importante transmisión de nuevos conocimientos y capacidades, tanto para el personal de la Armada como del de Tandanor". ¿Significa que no estaban del todo capacitados para el trabajo?

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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"Los vuelos de la droga": una ruta de 3.000 kilómetros para mover toneladas de cocaína



"Los vuelos de la droga": una ruta de 3.000 kilómetros para mover toneladas de cocaínaPor Virginia Messi - Clarin.com
Un empresario argentino está acusado de liderar una banda que importaba la droga desde Perú. La detención de su piloto preferido precipitó su final.
Una avioneta abandonada en General Belgrano fue vinculada a la banda liderada por Sancho.

La tarde del 9 de septiembre de 2016, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay irrumpieron en la estancia La Maricela, en el distrito de Yasy Cañy, del departamento de Canindeyú. Allí secuestraron una avioneta Cessna 210, tres camionetas y 11 bolsas de arpillera repletas de cocaína: unos 400 kilos.

En ese operativo hubo seis detenidos pero uno de ellos, el piloto brasileño Héctor Antonio Machado (40), sería clave un año después para cerrar el círculo sobre el empresario argentino Gustavo Sancho (56), acusado por narcotráfico y detenido el 14 de noviembre por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
Dueño de una ruta narco sofisticada - con postas desde Puno (Perú), pasando por Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Canindeyú (Paraguay)- los investigadores aseguran que Sancho tercerizaba la logística de los envíos en avionetas que llegaban, principalmente, a territorio bonaerense.
"Los vuelos de la droga": una ruta de 3.000 kilómetros para mover toneladas de cocaína
Lo único que no delegaba, ni rotaba, eran los pilotos. Y su preferido era el brasileño Machado, un hombre que, por 65.000 dólares el viaje, tomaba la cocaína en los laboratorios de Perú (donde hay que saber sortear las corrientes de aire) e iba cumpliendo con las postas, aún con el peor clima, hasta llegar a destino. La ruta había sido trazada para esquivar los radares.

La detención de Machado en Paraguay fue un golpe para Sancho. Tanto que lo forzó a dar un paso en falso. Preocupado, fue hasta un locutorio (nunca usaba su celular y ni siquiera lo llevaba encima para no activar antenas) y llamó a uno de sus abogados, Matías Jachesky.

Jachesky había defendido a Sancho en una causa del 2010 en la que se lo involucró con una avioneta que había aparecido abandonada en la zona rural de Corzuela, Chaco. La conversación entre ellos pudo ser escuchada porque Arroyo Salgado tenía intervenido el teléfono del abogado chaqueño. En la charla, el empresario da detalles sobre la detención del piloto y se muestra preocupado por su posible vinculación.

Jachesky es otro personaje central de la historia y por eso fue detenido el mismo día que Sancho . Entonces se allanó la defensoría oficial de Chaco, donde el abogado había sido nombrado pese a sus estrechos vínculos narcos.

Además de su relación con Sancho, Jachesky representó a Carlos Salvatore (condenado por la Justicia de Chaco en el caso Carbón Blanco). Los nexos son tan estrechos que en la causa de Arroyo Salgado a Jachesky lo defiende Luis Sasso, otro abogado del equipo de Salvatore.

Para la investigación de Arroyo Salgado -que ya acumuló 50 cuerpos y 12 detenidos- fue central la información que aportó la Unidad de Operaciones Antidroga de Gendarmería y también la que consiguió la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) quien hizo de nexo para que la Senad paraguaya aportara todos los datos de dos operativos que apuntaban a Sancho.
"Los vuelos de la droga": una ruta de 3.000 kilómetros para mover toneladas de cocaína
Algunos de los autos secuestrados a la banda durante los operativos.

El primero, bautizado como "Operación Pepino", fue el 25 de agosto de 2015 y terminó con 372 kilos de cocaína secuestrada. El dato más importante fue que en una de las camionetas de los narcos había un GPS que tenía marcado como destino el mismo campo de la localidad bonaerense de General Belgrano donde, tiempo después, en diciembre de 2016, se encontraría una avioneta abandonada.

Todo se relaciona y apunta a la misma organización. Otro ejemplo: el 12 de julio de 2016 una avioneta Cessna 2010 cayó en una zona rural del departamento de San Salvador, en Entre Ríos. El piloto logró escapar y no se encontró droga. Pero unos meses después, cuando Machado cayó en Paraguay, en su celular se encontró una foto de la avioneta abandonada en Entre Ríos. Los investigadores creen que se la mandó a Sancho para avisarle lo que había pasado.

Las fechas de este incidente coinciden también con un episodio, ocurrido en 2016, que protagonizó uno de los hombres de confianza de Gustavo Sancho, actualmente prófugo en la causa de Arroyo Salgado.

Por pedido de la jueza federal de San Isidro se había instalado una cámara tipo domo a unos 150 metros de la casa de Sancho, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Y también se había montado una guardia permanente de Gendarmería. Fue así que, cuando uno de los miembros de la banda salió con un bolso, los gendarmes comenzaron a seguirlo.

El hombre tomó por la autopista Buenos Aires/ La Plata pero en el peaje de Hudson se impacientó y pasó de largo. Fue así que la Policía logró pararlo. Los gendarmes se sumaron al operativo y así fueron testigos de cómo el hombre llevaba en el bolso 65.000 dólares, justo la suma que, según las escuchas, cobraban los pilotos que transportaban la droga.

Iniciada en 2014, la causa está a punto de entrar en una etapa clave, ya que en las próximas horas la jueza Sandra Arroyo Salgado deberá decidir si procesa por narcotráfico y lavado de activos a los 12 detenidos el pasado 14 de noviembre. Entre ellos no sólo esta Sancho, sino también su esposa y sus tres hijos varones, Alan, Franco y Ayrton.

Alan, piloto de carreras, fue secuestrado en 2009 por una banda que lo tuvo retenido casi dos días, reclamó el pago de 200.000 euros y finalmente lo liberó sin cobrar un peso.

Ese es uno de los tantos episodios extraños que rodean a Sancho, como la denuncia que lo vinculó al crimen de Candela Rodríguez, el cuartito con acceso cifrado de su casa donde el perro rastreador de dinero de la AFIP hizo una marca o las interminables triangulaciones que hacía para llegar a una reunión en Santa Cruz de la Sierra, base de operaciones de la organización.

Según los investigadores, a través de esa ruta llegó a meter en la Argentina unos 1.000 kilos semanales de la mejor cocaína peruana.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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El plan secreto que iba a dotar al ARA San Juan de propulsión nuclear



Resultado de imagen para castro madero + submarino nuclearPor Daniel Santoro - Clarin.com
En los ochenta, luego de la guerra de Malvinas, el almirante Castro Madero había tomado la decisión pero luego se frustró por falta de presupuesto.

Por esas casualidades del destino, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) después de la guerra de Malvinas había proyectado colocar un reactor nuclear en el hoy hundido submarino ARA "San Juan". El almirante y físico nuclear Carlos Castro Madero, entonces titular de la CNEA, había tomado esa decisión luego de analizar las ventajas estratégicas que había tenido Gran Bretaña en la guerra de Malvinas, revelaron a Clarín dos científicos argentinos que trabajaron o conocieron el proyecto y pidieron no ser identificados.

El submarino nuclear británico Conqueror había hundido con torpedos convencionales al crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión y obligado al resto de la flota argentina a refugiarse en los puertos por lo vulnerable que era.

En secreto, Castro Madero ordenó empezar los estudios del diseño de un reactor pequeño que pudiera entrar en un submarino como el San Juan, del tipo TR-1700 de fabricación alemana y de propulsión con un motor diésel en superficie y con baterías cuando esta sumergido. La gran ventaja de los submarinos nucleares es que pueden permanecer más de 60 días bajo el agua sin subir a tomar aire o cargar baterías y recorrer grandes distancias lo que los convierte en una arma estratégica muda. El proyecto secreto era darle propulsión nuclear, no ponerle misiles nucleares al San Juan.

La cúpula de la ARA sabía que el submarino ARA San Luis había estado 39 días en operaciones durante la guerra de Malvinas pero debía subir el snorkel para tomar aire y no pudo hundir ningún buque británico porque le fallaron los torpedos y la computadora de tiro. Pese a la valentía de su tripulación estuvo en desventaja estratégica.

Pero el proyecto de Castro Madero fue abandonado por falta de presupuesto. El San Juan había pasado a operar para la Argentina en 1986 y en la CNEA pensaban que era el ideal. Habían comenzado el diseño de un pequeño reactor -la Argentina había construido ya un reactor de investigación para Perú, entre otros- y analizado como cortarlo al medio y adaptarlo para colocarle el reactor nuclear. Para los científicos era un desafío fascinante. Tenían que armarlo en tierra, probarlo y luego meterlo el interior de San Juan. "Teníamos y tenemos la capacidad tecnológica y científica para hacerlo", contó uno de ellos. Pero costaba unos mil millones de dólares y el gobierno de Raúl Alfonsín se caía consumido por la hiperinflación y los estallidos sociales de 1989. Entonces, se congeló la decisión.
El plan secreto que iba a dotar al ARA San Juan de propulsión nuclear
Sin embargo, los estudios y cálculos para el proyecto par el San Juan sirvieron para que la Argentina desarrollar el prototipo de reactor CAREM que se está ahora construyendo en la localidad bonaerense de Atucha junta a las centrales núcleo eléctricas Atucha I y Atucha II. Aunque el CAREM tiene 25 mega watts de potencia y un submarino necesita uno más pequeño. La puesta en marcha del CAREM está ahora demorada por reducciones presupuestarias.

En junio del 2010, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, retomó la idea y anunció que se habían puesto en marcha los estudios técnicos para dotar, por primera vez en la historia argentina, de propulsión nuclear a buques de superficie de la Armada. Poner un reactor en un buque es mucho más fácil que hacerlo en un submarino.

"Queremos recuperar las capacidades que el país tuvo en el sector científico, tecnológico e industrial, Argentina no puede quedar al margen de esta tecnología", expresó la ministra al hacer el anuncio con bombos y platillos.

En ese momento, incluso se barajó como hipótesis dotar de un motor nuclear al rompehielos "Almirante Irízar", que estaba siendo reparado y renovado en el astillero Tandanor del complejo Centro Industrial Naval Argentino (CINAR), luego del incendio que lo dejó inoperable en abril 2007. El CINAR quedó integrado por el Tandanor, ubicado al sur de la ex ciudad deportiva de Boca y el astillero Domecq García, que fue comprado por Massera como una fábrica de submarinos cuando se quería que la Argentina tuviera "una flota azul", es decir que pudiera navegar por los siete mares del mundo como la de EE.UU o Rusia.

"La ministra nos dio la orden de retomar los equipos técnicos y analizar en qué navío podría instalarse", señaló entonces el almirante Jorge Godoy, quien luego terminaría procesado por el espionaje interno de la base naval de Trelew. El asunto fue tratado, entre otros temas, por el Consejo de Almirantes que se reunió en Punta Indio esta semana. Godoy agregó que " la Argentina tuvo una política nuclear y se debe retomar ese camino. Más allá de dónde se instale, el tema es desarrollar esa capacidad de propulsión".

Garré también creía que la propulsión nuclear para los buques podría derivarse de una adaptación del CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares). Para el trabajo se convocó a la CNEA y al INVAP -entonces dirigido por Héctor Oteguy- que ya había construído reactores de investigación para Perú, Argelia y Australia, satélites y radares. Garré ordenó que el proyecto debía estar inmerso en una planificación de largo plazo dentro del "Plan de Capacidades Militares" y proyectara a las Fuerzas Armadas hasta 2040. Pero el proyecto también terminó siendo abandonado y el kirchnerismo terminó siendo el gobierno democrático que menos nuevos aviones, buques o tanques les compró a las fuerzas armadas desde 1983, llevando su presupuesto al nivel más bajo de la historia.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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El San Juan iba a ir al taller en 2018 por un incidente similar



Imagen relacionadaPor Nicolás Wiñazki - Clarin.com
En septiembre había ingresado agua por el snorkel. Un documento interno, que Aguad desconocía,  recomendaba hacer la reparación.

Casi a medianoche del martes 14 de noviembre, una voz llegó a la Base Naval de Mar del Plata desde el Atlántico Sur. Era el capitán de fragata Martín Fernández. Fue el primero de los últimos llamados a tierra firme desde el submarino San Juan en su viaje último. Un alerta que no generó alarma. Existieron al menos cuatro comunicaciones más entre el comandante y sus superiores inmediatos intercambiando información sobre una "avería" en la nave. Después, el submarino y sus cuarenta y cuatro tripulantes perdieron conexión con el continente. Nada más se supo de ellos. Se sabe, sí, qué pasó antes.

Son datos decisivos para reconstruir qué ocurrió con el único submarino en funcionamiento de la República Argentina. Esos datos, reconstruidos por el Ministerio de Defensa a cargo de Oscar Aguad, serán analizados en Santa Cruz por la Justicia de Caleta Olivia, que investiga dónde, cuándo, cómo y por qué se perdió el San Juan.

Un informe de la Marina, que el Gobierno conoció recién en los últimos días, había advertido que el snorkel había fallado en un viaje anterior hecho por el mismo submarino, porque por el uso de ese instrumento agua marina se filtró hacia el interior del buque aunque sin alcanzar las delicadas baterías. Un desperfecto no extraordinario para una nave de estas características.

Así quedó asentado por escrito en un documento oficial del 5 de septiembre: el agua se coló por el snorkel y fue detenida por un "piletón" interno que resguarda a la máquina de entradas súbitas de líquido que pondrían en peligro todo su funcionamiento. Un problema que un submarinista experimentado sabe que puede pasar, porque suele pasar. Pero ese documento interno de la base de la Armada en Puerto Belgrano también sugería que debido a ese percance, que no llegó a mayores, el San Juan debía entrar a talleres de reparación en el 2018. Falta un mes para que comience el 2018.

Fuentes oficiales y navales que trabajan en el caso San Juan afirmaron a Clarín que ese informe de septiembre nunca fue elevado a las superioridad naval y política. Quedó guardado en Puerto Belgrano.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, supo pocos días atrás de la existencia de este análisis de la Marina sobre el submarino ahora desaparecido. El ministro supo también en las últimas horas que este estudio de la Marina realizado sobre el tema incluía el consejo de que el submarino debía ser reparado en el 2018. Aparentemente, el snorkel presentaba algunas deficiencias.

El Gobierno detectó esta información cuando inició una investigación interna en la Marina sobre el estado del San Juan. Pero no llegó a una conclusión determinante. Por ejemplo: el San Juan realizó otros viajes después, sin reportar problemas.

Y más: el submarino fue chequeado durante 48 horas en Ushuaia por su tripulación antes de zarpar por última vez. Hay constancias oficiales de que el sistema de la nave funcionaba sin problemas, según su propia tripulación.

Pero algo falló en el snorkel en medio del océano, quizás por resultado de mareas y olas muy altas, que terminaron por provocar que el agua salada entrara por ese sistema, y desbordara el piletón que antes había servido para evitar una tragedia.

Aquella información de la "falla" del snorkel en septiembre cobra ahora otro significado mayor. De acuerdo a fuentes oficiales, está confirmado que la base de Puerto Belgrano no elevó esa cuestión a sus superiores de la Marina, sobre todo al jefe, el almirante Miguel Hipólito Srur.

El Ministerio de Defensa se enteró también que esa misma base naval estuvo al tanto de forma casi inmediata de los llamados del San Juan que reportaban una "avería".

La Base de Mar del Plata los recibió y los retransmitió hacia ese otro centro de operaciones de la Marina.

Pero desde Puerto Belgrano no se elevaron a la jefatura de la Fuerza. La demora duró, como mínimo, treinta horas. ¿Por qué? Se investigará si existió desidia, descuidos administrativos, o si los encargados de elevar esos informes observaron las 48 horas que según los protocolos deben esperarse desde que un submarino deja de contactarse con tierra hasta considerarlo "extraviado". ¿El informe de septiembre sobre la entrada de agua en el periscopio debería haber acelerado esos tiempos? Lo investigará la Justicia.

A eso se suma otro antecedente anterior al arreglo de "media vida" del submarino, que estuvo en talleres desde el 2008 al 2014.

En 1996, el San Juan estaba en el puerto de Mar del Plata cuando sus baterías se incendiaron. Las fuentes navales confirmaron a Clarín que los marinos tardaron dos días en lograr apagarlas. Tanto fue así que en toda la ciudad de Mar del Plata faltaron extinguidores de fuego debido a las compras que la Marina realizó para calmar esos fuegos que no dejaban de arder del todo en el submarino.

El primer llamado de atención sobre la falla en el snorkel que hizo el capitán de fragata Fernández, a cargo del San Juan en su último viaje, fue a las 23:42 del martes 14 de noviembre. Así quedó registrado en el libro de actas de la Base Mar del Plata.

El submarino A.R.A San Juan había emergido de los fondos del océano. Navegaba a oscuras entre olas altas. Algo preocupante había pasado. Había entrado agua salada a las baterías de la nave. Fernández agregó, en lenguaje naval, que esa "novedad" se había producido "en plan snorkel". A las 00:30 del miércoles 15, el submarino volvió a comunicarse con la Base de Mar del Plata. Informó sobre su "localización" de acuerdo "a GPS". Nada más. Veinte minutos después, a las 00:50, otra comunicación amplió la información sobre el estado del buque. Palabras más, palabras menos, el mensaje fue éste: "Confirma avería en proa. Plano snorkel", se avisó desde alta mar, y se agregó un dato más, nada que pudiera sonar del todo muy grave para hombres de mar con experiencia: "Circuito dividido", especificó el capitán del San Juan. Eso significa que había decidido cerrar la compuerta que comunicaba al sector en donde se habría producido la entrada de agua a las baterías para aislar el incidente que podría haber generado, más tarde, una explosión.

Ésta última es la principal hipótesis sobre la desapareción de la nave.

Según la Armada, a las 6:00 am del miércoles, el San Juan hace un reporte de situación y dice que la avería está subsanada. "Tripulación sin novedad", fue el mensaje .

Las fuentes del caso afirman que la Base de Mar del Plata le indicó al submarino que olvide su misión original y vuelva de inmediato a su puerto de destino. A las 7:30 del mismo miércoles 15 de noviembre, el San Juan llamó por última vez a tierra. Al menos eso se conoce hasta ahora.

El capitán reafirmó que había habido una "avería" en las "baterías", y agregó que navegaba a una velocidad de "cinco nudos".

Después de esa transmisión, el San Juan perdió todo contacto con la parte no acuática del mundo.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Revelan graves irregularidades con un plan para tratar residuos



Están siendo investigados por irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos UrbanosPor Javier Fuego Simondet - LA NACION
Una auditoría comprobó que varios municipios cobraron fondos para hacer obras que al final no se realizaron. Están siendo investigados por irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

Analizaron in situ las obras que estaban comprometidas a partir de fondos de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) entre 2013 y 2015 y comprobaron serios incumplimientos. Más de un año después de haber sido relevados, ya son parte de una causa judicial que hizo desfilar por Comodoro Py a Aníbal Fernández , Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, y en la que se espera que casi un centenar de intendentes sean llamados a indagatoria.

Auditores de la Sigen y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable visitaron distritos, y en algunos de ellos, como Quilmes y Río Gallegos, comprobaron que las obras que debían realizarse con fondos nacionales brillaban por su ausencia.

El 11 de febrero de 2016, un equipo compuesto por personal de la Sigen y del programa Girsu visitó Río Gallegos. Los acompañó el actual intendente, Roberto Giubetich. En 2012, cuando gobernaba la capital santacruceña Raúl Cantín, que renunció en julio de 2015, la municipalidad solicitó fondos para instalar "una planta de transferencia, clasificación, compactación y acopio" de residuos, según consta en el informe de auditoría que obtuvo LA NACION a través de un pedido de acceso a la información pública. La resolución 198 de la Jefatura de Gabinete, del 30 de diciembre de 2013, "aprobó un desembolso de $ 25.176.903,60". El municipio hizo una primera rendición, pero después pidió más fondos y cambió el proyecto. En octubre de 2015, Jefatura de Gabinete "aprueba un segundo desembolso de $ 34.278.245,25".

La visita del equipo de auditores a la capital santacruceña dejó como resultado, tal como plantea el informe de auditoría al que accedió este diario, que "no se construyó la planta de transferencia proyectada", que "el proyecto original no resolvía problema alguno", que "se efectuó el segundo desembolso sin que se haya aprobado la rendición de la primera transferencia" y que "se han gastado más de $ 38 millones sin que se haya mejorado en nada el tratamiento de los residuos sólidos urbanos".

En un último punto del informe se remarcó que "las nuevas autoridades del municipio consideran, tal cual está previsto, inviable el proyecto, por lo que el gasto improductivo aprobado por las autoridades municipales cuya gestión finalizó el 10 de diciembre pasado [de 2015] llegaría a superar los $ 88 millones y para el Tesoro Nacional, los $ 38 millones".

El 4 febrero del año pasado llegó la visita a Quilmes, distrito que por un expediente de 2012, cuando el intendente era Francisco "Barba" Gutiérrez, tenía proyectado instalar "una planta de separación y clasificación de [residuos] inorgánicos y la compra de cuatro camiones con caja volcadora". El proyecto insumía $ 10.588.780 del plan. El 27 de enero de 2015, la municipalidad pidió "una prórroga de seis meses para la ejecución y rendición del programa" e informó que "por circunstancias ajenas a la voluntad del municipio" el proyecto no había arrancado, por no disponer de un predio para la planta. La comuna aclaró que los más de 10 millones de pesos no se utilizaron.

La auditoría marcó que en Quilmes "el equipamiento y la obra civil para el emplazamiento de la planta de separación y reciclaje a la fecha de la visita no fueron realizados, y tampoco se compraron los cuatro camiones para recolección". Los enviados al distrito confirmaron que "la nueva gestión de la municipalidad [de Martiniano Molina]" afirmó que "desconocía la existencia del proyecto" y que no pueden confirmar "si esos fondos se encuentran aún disponibles".

Para la Justicia, según se desprende de la investigación que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, el destino de los fondos en la mayoría de los municipios no está claro. El expediente está encuadrado en el delito de malversación de caudales públicos.

Lo sucedido en Río Gallegos y Quilmes no es una excepción. La auditoría a la que accedió LA NACION resumió otras visitas a distritos bajo sospecha. En Florencio Varela no existían "el equipamiento y la obra civil para el emplazamiento de la planta de separación y reciclaje". En General Belgrano, provincia de Buenos Aires, "la planta de clasificación al momento de la auditoría se encontraba inactiva" y la disposición final de los residuos "se lleva a cabo en una cava sin las mínimas condiciones de higiene". Brandsen salió de esa tónica y los auditores remarcaron que cumplió con lo pautado.

En términos generales, la auditoría concluyó que el programa establecía "plazos extensos de ejecución y rendición [más de un año], tiempo en el que no se sabía el destino de los fondos" y puntualizó que "más de $ 246 millones están pendientes de rendición".

Además, ciertos expedientes figuraban "en el listado de expedientes abiertos en trámite sin transferencias y, a la vez, incorporados entre aquellos con transferencias". Entre ellos aparece, otra vez, Río Gallegos.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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La OA investiga las denuncias por la reparación de la nave



Por Mariano Obarrio - LA NACION
Entre ellas se encuentra la de un ex marino que dijo que partió sin bengalas ni radiobaliza
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La OA investiga las denuncias por la reparación de la nave. Foto: Reuters / Marcos Brindicci

El gobierno de Mauricio Macri , a través de la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso , evalúa reabrir causas judiciales archivadas y formular más presentaciones judiciales por el submarino ARA San Juan , al tiempo que un ex marino denunció que la nave perdida con 44 tripulantes habría salido a navegar sin señales humosas o bengalas y sin el funcionamiento de su radiobaliza.

El ex suboficial primero José Oscar Gómez dijo ayer a LA NACION que "la cúpula de la Armada no obró con la verdad", aunque rescató la tarea del vocero Enrique Balbi, y dijo que "el submarino habría salido de la Base Naval Mar del Plata sin señales humosas o bengalas y con la radiobaliza no funcionando". "Estaríamos ante la presencia de la comisión del delito de estrago doloso", agregó. Según normas navales, los buques no pueden salir a navegar sin esos instrumentos.

De todos modos, Gómez subrayó que hablaba en potencial, pero con información de fuentes militares que vislumbran desidia en la cadena de mandos de la Armada. "Lo estoy aportando y hablo en potencial, porque se debe investigar", dijo Gómez. "Muchos quieren ver presos y no retirados", agregó el ex marino.

No descartó que el pedido de pase a retiro del ex jefe de la Base Naval de Mar del Plata, Gabriel González, se haya vinculado con esa irregularidad. "El contralmirante Gabriel González es comandante de la base de submarinos y rápidamente pidió el retiro. ¿Por qué lo hizo? Eso llama mucho la atención. Está diciendo que algo no se hizo bien", dijo.

Gómez fue destituido en 2010 tras denunciar a la cúpula de la Armada de entonces por defraudación y asociación ilícita en la reparación de media vida de los submarinos, entre ellos el ARA San Juan.

"Es muy fuerte. Pero se debe investigar a fondo. La Armada nunca va a reconocer que el submarino salió a navegar con alguna insuficiencia técnica", dijo Gómez.

Precisamente, Gómez se reunió el viernes último con Laura Alonso, titular de la OA. Alonso ya había pedido al juez federal Sebastián Casanello copia de la causa de Gómez que había sido archivada en 2010 por el ex juez federal Norberto Oyarbide. Tal como informó LA NACION el lunes último, Gómez denunció en 2007 al entones jefe de la Armada, Jorge Godoy, y otros altos mandos como Jorge Dacharry, Ricardo Dasso, Efrain Lepron y Carlos Ferraro.

El ex suboficial, que luego del cierre de la causa fue destituido sin goce de haberes, había denunciado irregularidades en la reparación de baterías, sobreprecios, cobro irregular de dinero de ciertos jefes, contratación de empresas simuladas que no habrían trabajado sino por medio de los marinos de la Armada y la intervención del empresario Daniel Adrián Fornes y de Claudio Di Bartolo, de la empresa Marena SRL.

Alonso analiza ahora ese expediente y otros materiales para actuar en varios frentes. "No vamos a abandonar a las víctimas ni a sus familiares", dijo una fuente de la OA. Entre los documentos, la OA estudia los contratos de compra de materiales a las empresas Ferrostaal y Hawker y todas las características de reparación y recambio de las baterías Varta que llevaba el submarino.

Las irregularidades en la reparación del ARA San Juan

Esos contratos se vinculan con un pedido de informes de 2010 del ex diputado radical Miguel Giubergia. Se consignaban esos contratos, entre la Armada y Hawker GMBH por reparación de baterías del submarino ARA San Juan por 5,1 millones de euros ($ 17.650.000) y entre el astillero Tandanor y la empresa Marlog & Co KG para asistencia técnica en la reparación del submarino ARA San Juan, por 270.000 euros ($ 1.200.000). Serían contrataciones directas, sin licitación, pese a que los montos superaban el máximo permitido para esa modalidad.

Ese pedido de informes consignaba que en Alemania se investigaba a Ferrostaal porque, según un testigo encubierto, ex directivo de esa misma empresa, la compañía constructora de barcos y submarinos habría pagado coimas por 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Las mafias de remedios copian los métodos de las bandas del narcotráfico



Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Fue desarticulada una red que traficaba medicamentos desde Chile y pagaba esos cargamentos con la entrega de automóviles de alta gama
La PSA decomisó medicamentos de origen irregular y los vehículos utilizados como forma de pago
La PSA decomisó medicamentos de origen irregular y los vehículos utilizados como forma de pago. Foto: Ministerio de seguridad.

El narcotráfico impuso métodos para el movimiento de sus productos, la vigilancia de sus embarques y el lavado de las ganancias. Y, ahora, otras mafias siguen esos pasos, tal como quedó expuesto al ser desbaratada una banda que traficaba medicamentos y pagaba los cargamentos con autos de lujo.

La investigación empezó el 8 de julio pasado, en el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, cuando inspectores de la Dirección General de Aduanas descubrieron el intento de dos supuestos turistas chilenos de ingresar en forma ilegal un cargamento de tiras reactivas para medir el nivel de glucosa por un valor de $ 900.000. Pero no sólo se trataba de un hecho de contrabando. Detrás de los dos sospechosos había una organización criminal dedicada a la falsificación de la fecha de vencimiento de medicamentos y la adulteración de recetas con la intención de estafar al PAMI y otras obras sociales.

En el sector farmacéutico se estima que el 11% de los remedios comercializados en la Argentina son ilegales.

Por escuchas telefónicas incorporadas en el expediente, se comprobó que el hecho en el que fueron detenidos los dos falsos turistas chilenos "tenía relación directa con las personas involucradas en la presente causa", informaron fuentes del caso. Hace diez días, después de cuatro meses de investigación, fueron detenidos siete sospechosos en allanamientos realizados en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Todos están acusados de integrar una asociación ilícita.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza que estuvo a cargo de la investigación desde el 4 de agosto pasado por solicitud del fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari. El representante del Ministerio Público tiene delegado el expediente.

Según informaron las fuentes consultadas, la organización se dedicaba al contrabando de medicamentos (tanto en la importación desde Chile como en la exportación a Bolivia); defraudaciones mediante el uso de recetas falsas (de PAMI y otras obras sociales); venta, suministro, distribución y almacenamiento de remedios peligrosos para la salud.

El comercio ilegal de medicamentos representa en la Argentina un mercado anual de $ 200.000.000, según explicaron referentes del sector farmacéutico.

"Esta organización introducía de manera ilegal medicamentos, principalmente desde Chile, modificando las fechas de vencimiento de los medicamentos y los troqueles, con la intención de obtener grandes ganancias a través de la afectación de la salud pública y la evasión fiscal", explicaron fuentes de la PSA.

Como hacen muchas organizaciones narcocriminales, esta banda pagaba los medicamentos que eran comprados a proveedores de Chile con vehículos del alta gama. "Cambiaban remedios por autos. No les importaban de dónde venían la insulina y las tiras reactivas. Tampoco les preocupaba si se cortaba la cadena de frío. «Los muertos no reclaman», decían los sospechosos", remarcó a LA NACION una fuente con acceso a la causa.

Los investigadores determinaron que los sospechosos habían armado una importante estructura para la logística del traslado de la materia prima y para la ubicación de los medicamentos.

"Pero no sólo se dedicaban al contrabando de medicamentos y a cambiar las fechas de vencimiento, sino que también encontramos recetas, troqueles y sellos, lo que indicaría una estafa millonaria contra el PAMI y otras obras sociales", sostuvo un investigador del caso.

En la causa también colabora la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocida como UFI PAMI, que está a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo.

En los próximos días, el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro deberá definir la situación procesal de los siete imputados detenidos.

"Luego de meses de investigación desarticulamos una banda que ingresaba ilegalmente medicamentos en el país, adulteraba la fecha de vencimiento y falsificaba los troqueles, evadía al fisco y lo peor: jugaba con la salud de la gente", sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse a este caso en su perfil de la red social Facebook.

Los allanamientos, ordenados por el juez Bustos Fierros, se hicieron en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. En los procedimientos se incautaron cajas para armar medicamentos, planchas de troqueles presuntamente apócrifos, troqueles sueltos, ampollas sin rótulo con etiquetas sueltas con la leyenda "heroína 0,001", lapiceras de insulina con etiquetas presuntamente falsas, insulina sin troquel, una heladera con medicación, sellos de médicos, tickets de envío de encomiendas y recetas de PAMI.

Los detectives de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo 2 del Centro de la PSA también decomisaron $ 2.521.472 y US$ 4077; 22 armas, y 27 vehículos, cuatriciclos, motos, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Entre los siete detenidos, según fuentes vinculadas con la investigación, están el organizador de la banda, su socio, los proveedores y el encargado de la logística.

La PSA encabezó una investigación de cuatro meses

La investigación contra la red que traficaba medicamentos comenzó el 8 de julio pasado, cuando dos supuestos turistas chilenos intentaron cruzar el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, en Neuquén, con un cargamento de productos médicos valuado en $ 900.000. La pesquisa fue desarrollada por la PSA

Las escuchas telefónicas permitieron determinar que esa organización utilizaba métodos similares a los usados por los grupos vinculados con el narcotráfico, ya que entregaba automóviles de alta gama como pago por los embarques de medicamentos

Además de comercializar medicamentos en forma ilegal, esa red defraudaba al PAMI y a otras obras sociales mediante el uso de recetas falsas. También exportaba a Bolivia embarques clandestinos de remedios

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Buscan determinar qué indicaciones recibió el submarino



Buscan determinar qué indicaciones recibió el submarinoPor Hugo Alconada Mon - LA NACION
La reticencia de la Armada a brindar datos complica la tarea de la jueza que investiga.

Ante los micrófonos, la Casa Rosada y la Armada se muestran unidas. Pero altos funcionarios políticos sospechan que la fuerza retiene información sobre las comunicaciones que el ARA San Juan mantuvo con sus superiores en tierra, antes, durante y después de que el submarino reportara problemas serios de navegación, indicaron fuentes oficiales a LA NACION.

"La Armada no entrega todo lo que sabe", estimó un alto funcionario involucrado en el operativo de búsqueda del submarino, al punto de que interpretó que la filtración del último mensaje que emitió el San Juan, el 15 de noviembre, buscó romper con un supuesto "cerco de silencio" de la fuerza, que niega un encubrimiento. A fin de cuentas, es el dato clave para determinar si las indicaciones que recibió el submarino fueron las correctas.

La jueza federal a cargo del caso, Marta Yáñez, ahondó en esa desconfianza entre el Gobierno y la Armada en sus últimas declaraciones. "Lo que se filtró parece que hizo reaccionar a alguna gente dentro de la Armada y del Ministerio de Defensa, porque que ellos digan que es clasificado o que se contradigan entre ellos no facilita el accionar judicial", lanzó.

Oficialmente, la Casa Rosada niega contrapuntos. "Vemos total predisposición de la Armada a colaborar, pero hoy por hoy no hay nada, y no hay un enojo con la Armada", indicó un vocero presidencial ante la consulta de LA NACION.

El contrapunto, sin embargo, es evidente al dialogar con unos y otros, fuera de micrófono. "El que lo haya filtrado debe ser considerado un patriota, no un traidor", argumentó uno de los funcionarios políticos consultados por LA NACION, mientras que la Armada anunció que inició las "actuaciones administrativas correspondientes" para determinar quién y cómo filtró el mensaje.

¿Qué decía ese mensaje de las 7.30 del 15 de noviembre al que apuntó la jueza? El capitán del ARA San Juan reportó el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación del submarino, lo que provocó un "cortocircuito y principio de incendio" en las baterías de proa, que quedaron fuera de servicio.

Recién el domingo 19, la Armada reconoció que el submarino había sufrido una "avería" pero que había sido solucionada. "La informó [el comandante del ARA San Juan] el miércoles y por eso se les hizo cambiar el rumbo", afirmó el capitán de navío Gabriel Galeazzi.

Aunque se conocía de manera genérica, el contenido exacto de esa comunicación del ARA San Juan, sin embargo, recién trascendió durante el duodécimo día de búsqueda, mientras que hasta ahora no trascendió cuál fue la respuesta desde tierra.

Esa es, a su vez, apenas una de las causas que alimentan la desconfianza del presidente Mauricio Macri, quien pasó a complementar la información local con la que recibe de organismos internacionales y países que colaboran en la búsqueda, como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, Noruega, Chile y Brasil.

"Hay material que está «cobijado» por la Armada", reafirmó una segunda fuente oficial que también sospecha que la difusión de un supuesto cable que indicaba que el buque Sophie Siem había hallado al ARA San Juan fue una "movida de contrainteligencia". "Eso no fue más que «carne podrida» que lanzó alguien, quizá de la propia Armada, que no busca más que restarle peso al verdadero material que todavía está oculto", aventuró.

Desde la Armada sostienen que toda la información está regida por normas de confidencialidad, pero que "todo" se informó a la Casa Rosada y al Ministerio de Defensa. "La Armada no puede mostrar un documento como el que se filtró ayer (por el 27 de noviembre) en los medios. Ahí está faltando el encabezamiento", indicó entonces el vocero de la fuerza, Enrique Balbi, sobre el último mensaje que se conoce hasta ahora del submarino. "Si mostrábamos un despacho de estas características estaríamos vulnerando una ley de confidencialidad", explicó.

Para la jueza Yáñez, no obstante, ese contrapunto sobre la confidencialidad o no de esos documentos es sintomática, mientras busca acceder a todos los documentos. Es decir, "material desde el 8 al 15 de noviembre, los partes diarios de comunicación", como así también "el estado y mantenimiento que se le hizo de acuerdo al manual y al plan de mantenimiento". Por eso, indicó, también apuntará "al mantenimiento inmediato anterior y a la autorización del zarpado, en qué condiciones partió".

Desde que trascendió la desaparición del submarino, la Armada también debió negar que el ARA San Juan participara en una supuesta misión secreta, que siete fallidas comunicaciones satelitales provinieran del sumergible o haber vulnerado los protocolos de búsqueda.

Dos oficiales retirados de la fuerza consultados por LA NACION por separado coincidieron, no obstante, en que la filtración de un cable o la difusión de un reporte falso evidencian "problemas de adentro".

"No hay ningún tipo de ocultamiento de nada y desde el principio se encaró al submarino como un caso SAR", indicó uno de ellos, en alusión a search and rescue, es decir, "búsqueda y rescate". El segundo, fue más categórico. "El Gobierno está buscando un «chivo expiatorio» para todo esto". Mientras esos recelos mutuos florecían, recién al séptimo día de búsqueda se conoció el primer indicio oficial sobre qué pudo haber ocurrido con el San Juan: una "anomalía hidroacústica" a casi 60 kilómetros del lugar donde se produjo el último contacto. Al día siguiente, la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares aportó más datos. Reportó un "evento violento consistente con una explosión". Lo único concreto que se sabe hasta ahora.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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