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domingo, 10 de diciembre de 2017

Desarrollo y Defensa

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Obús autopropulsado HMMWV / HAWKEYE 105 mm



(Army Guide) - Traducción Desarrollo y Defensa (Modificado)
El AM General HMMWV / Hawkeye Howitzer System incorpora avances en protección, carga útil, suspensiones y mantenimiento del ciclo de vida a un precio asequible para cumplir con los requisitos expedicionarios únicos de los clientes globales.
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Es un ejemplo de la evolución constante del HMMWV en función de los comentarios de los clientes, las experiencias en el campo de batalla y la innovación en este innovador sistema de vehículos.
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Características principales:

-El sistema de armamento móvil de 105 mm (MWS) es el obús autopropulsado más liviano y más maniobrable del mundo en la actualidad.
-La tecnología Hybrid Soft Recoil permite emparejar el arma con AM General HMMWV
-Ligero a menos de 2,400 lbs. (1.100 kg)
-Dispara 360 grados
-Alcance directo del fuego es cámara digital conjuntamente con el control de fuego digital
-La mayor parte del mantenimiento se puede realizar a nivel de unidad
-Trabajo de azimut y elevación controlada electrónicamente con control de fuego digital
-Potencial de crecimiento para todas las funciones, incluido un cañón de calibre más largo
-Costos de mantenimiento reducidos debido a un diseño eficiente.
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Diferencia de pasos con el método anteriormente en uso, sin duda es veloz y práctico...

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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El Ejército de Tierra ruso acaba de modernizar sus gigantes morteros de 240 milímetros



 Por Robert Beckhusen - WIB -  Traducción Desarrollo y Defensa
Hubo una época en la que el mortero 2C4 Tulip lanzaba proyectiles nucleares de dos kilotones.

El Ejército de Tierra ruso acaba de modernizar sus gigantes morteros de 240 milímetros
Las Fuerzas Terrestres Rusas acaban de recibir el primer lote de morteros autopropulsados 2C4 Tulip de 240 milímetros modernizados. La modernización de estas armas de la década de 1960 incluye enlace de datos, equipos de comunicaciones y sistema de control de fuegos nuevos. Con el tiempo Rusia pretende modernizar todos los vehículos ─500─ que tiene almacenados. «Con esta profunda modernización se instalan equipos de control y comunicaciones modernos en los vehículos de combate», se puede leer en una declaración del Ministerio de Defensa ruso. «Antes de ser entregados a las unidades, se revisaron todos los ejemplares bajo la supervisión de oficiales militares».

Aunque en el pasado el 2C4 tuvo una misión nuclear, constituye principalmente un arma de apoyo de infantería. «Tuvo una misión nuclear, pero en realidad es un mortero pesado para destruir posiciones fijas», decía Mike Kofman, un científico investigador del Center for Naval Analyses [Centro de Análisis Navales] especializado en cuestiones militares rusas. «Su principal ventaja es que puede introducir en combate un proyectil de mortero de muy alto explosivo desde un ángulo de ataque claramente ventajoso».
Mortero autopropulsado 2C4 Tulip. Foto de Wikimedia En la cabecera, foto de Vitaly V. Kuzmin

Modernizar un arma ya existente resulta mucho más barato que fabricar un vehículo totalmente nuevo para realizar el mismo cometido. «Rusia está modernizando estos morteros pesados ​​y probablemente sacándolos de la reserva para ponerlos en servicio activo», decía Vasily Kashin, principal investigador del Center for Comprehensive European and International Studies [Centro de Estudios Integrales Europeos e Internacionales] de la Higher School of Economics [Escuela Superior de Economía] de Moscú, al medio The National Interest.

«Se trata de un arma muy potente y efectiva que puede disparar municiones guiadas ─ya las utilizó en el pasado─. Creo que ya no tenemos munición nuclear para mortero».

Kofman duda de que actualmente haya municiones guiadas disponibles para el 2C4. «En la década de 1980 se invirtió en el desarrollo de municiones guiadas para estos morteros», decía Kofman. «Soy escéptico en cuanto a que queden reservas de PGM (Precision Guided Munitions [municiones guiadas de precisión]) para este sistema de mortero».

Aunque puede que tras el colapso de la URSS hayan disminuido las reservas de PGM para el mortero 2C4, de 240 milímetros  el nuevo sistema de control de fuego de estos vehículos les permitirá utilizar una munición más nueva y mejor.
Mortero autopropulsado 2C4 Tulip desplegado en posición de tiro. Foto de Wikimedia

«Lo cual le proporcionará una mayor precisión a más largo alcance, y esto lo convierte en uno de los sistemas de artillería de campaña más potentes ─aunque con un alcance relativamente corto─».

Aunque el mortero autopropulsado 2C4 se desarrolló inicialmente como arma con capacidad nuclear, resulta muy poco probable que el Kremlin vuelva a utilizar tal capacidad alguna vez. En la era moderna existen formas mucho mejores de lanzar un arma nuclear que no estaban disponibles en la década de 1960 cuando se desarrolló el Tulip.

«Dudo que quede alguna cabeza nuclear asignada operativamente a este sistema, o que la dotación aún tenga entrenamiento para lanzar armas nucleares», decía Kofman. «Recordemos que en realidad esta fue una creación de las décadas de 1960 y 70 cuando todo era nuclear». Como señalaba Kofman, la capacidad nuclear requería algo más que la capacidad física para lanzar un arma nuclear. «Para realizar una misión nuclear has de disponer del mando y control, el entrenamiento, etc. que te permita llevar a cabo un lanzamiento nuclear» , decía Kofman.

Como tal, el Tulip ya no es una plataforma de armas nucleares, pero supone una reincoporación muy capaz para las Fuerzas Terrestres Rusas.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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La verdadera razón de Rusia quiere nuevos misiles y armas hipersónicas



Por Dave Majumdar - The National Interest - Tradución Desarrollo y Defensa
Rusia está comenzando a alejarse de sus armas nucleares no estratégicas y comienza a operar nuevas armas guiadas de precisión de largo alcance como el misil de crucero Kalibr. Eventualmente, los rusos esperan usar armas hipersónicas de largo alcance para la disuasión convencional.
"Debido al ímpetu adquirido en las armas de alta precisión y la investigación actual en misiles hipersónicos, la parte principal de las tareas de disuasión estratégica puede ser la transferencia de la esfera nuclear a la no nuclear", dijo el jefe del estado mayor general de Rusia, Valery Gerasimov en la sesión de la junta del 7 de noviembre en el Ministerio de Defensa .

Según lo predicho por muchos analistas que se concentran en el ejército ruso, el Kremlin se está alejando de sus armas nucleares a medida que mejoran sus capacidades de ataque convencional de largo alcance. "Las fuerzas de disuasión no nucleares han ganado un gran impulso", dijo Gerasimov.
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"En los últimos cinco años, las Fuerzas Armadas han logrado avances en armas de gran precisión y largo alcance. Se están suministrando los sistemas de misiles Iskander-M, buques de guerra submarinos y de superficie con los sistemas de misiles Kalibr. El avión de largo alcance se está modernizando para operar el nuevo misil de crucero Kh-101 ".
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Durante la década de 1990 y principios de 2000, especialmente después de la intervención de la OTAN en Kosovo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia desarrolló una doctrina en la que usaría armas nucleares primero para "desescalar" un conflicto. La estrategia fue adoptada en 2000, aunque según la Agencia Central de Inteligencia, la doctrina se originó en 1997. La idea era que la amenaza de una represalia nuclear defensiva limitada contra incluso un agresor convencional forzaría a esa fuerza atacante a retroceder.

"La estrategia de desescalada de Rusia proporciona en su lugar infligir 'daños a medida', definido como 'daño [que es] subjetivamente inaceptable para el oponente [y] excede los beneficios que el agresor espera obtener como resultado del uso de la fuerza militar, ''escribió Nikolai Sokov en el Boletín del científico atómico en 2014. "La eficacia de los daños amenazantes a medida asume una asimetría en las apuestas de un conflicto".

Mientras que la estrategia de desescalamiento de Rusia no se hizo ampliamente conocida en Occidente hasta la publicación de la Doctrina Militar 2010 del Kremlin , ese documento en realidad aumentó el umbral de Moscú para el uso de armas nucleares. "Mientras que el documento de 2000 permitió su uso 'en situaciones críticas para la seguridad nacional' de Rusia, en la edición de 2010 los limitó a situaciones en las que 'la propia existencia del estado está bajo amenaza'", escribió Sokov.

Sin embargo, Rusia solo tenía la intención de utilizar la doctrina de la desescalada hasta que pudiera reconstruir sus fuerzas convencionales y desarrollar armas guiadas de precisión de largo alcance, como señaló la CIA en su informe, que data del año 2000. De hecho, como señaló Sokov,  en Rusia la doctrina militar del 2000 " se caracterizó por el uso limitado de armas nucleares como una medida provisional en la que se puede confiar hasta que Rusia pueda desarrollar una capacidad de ataque convencional más moderna".

Los rusos parecen haber comenzado a alejarse de su dependencia de las armas nucleares ya en 2013, donde los ejercicios de Zapad de ese año no contaron con esas armas. "Esto sugiere que Moscú ha ganado más confianza en sus capacidades convencionales", escribió Sokov. "A medida que estas capacidades continúen mejorando, es probable que Rusia dependa menos de sus armas nucleares ".

Se ha demostrado que Sokov es correcto, como lo demuestra el discurso de Gerasimov. El ejército ruso se está alejando de su dependencia de las armas nucleares, lo cual solo puede ser algo bueno.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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La planta de tratamiento de Punta Lara ya recibe a los primeros camiones de basura



La planta de tratamiento de Punta Lara ya recibe a los primeros camiones de basuraPor Fabián Debesa - Clarin.com
Cuando funcione a pleno, permitirá recuperar el 63% de los residuos urbanos de La Plata, Ensenada, Berisso, Magdalena y Brandsen.

La nueva planta del CEAMSE en Ensenada recibió las primeras 30 toneladas de basura. Cuando funcione a pleno recibirá hasta 900 toneladas por día. (Mauricio Nievas)

Parecía que la escena nunca llegaría: pero un día, los camiones repletos de restos urbanos recogidos en las calles de La Plata comenzaron a depositar las bolsas en una nueva planta de tratamiento que reemplazará y determinará el cierre definitivo del relleno sanitario de Punta Lara.

Fue necesaria una inversión de $ 300 millones, 11 años de litigio y peleas en la Justicia y varias propuestas fallidas o desechadas. Al final de ese extenso recorrido, en el inmenso galpón que contiene al sistema de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) los operarios de la CEAMSE comenzaron el proceso de disposición de las primeras 30 toneladas de basura.

La planta recibirá hasta un máximo de 900 toneladas por día de residuos domiciliarios. Son los que produce la capital bonaerense y las ciudades de la región. Y son las que ahora van a parar al relleno que está a pocos metros de la flamante TMB, en el camino que une el centro de La Plata con el balneario de Punta Lara, en el partido de Ensenada.
La planta de tratamiento de Punta Lara ya recibe a los primeros camiones de basura
En la planta se separarán los materiales reciclables de la fracción orgánica. (Mauricio Nievas)

Las autoridades de CEAMSE explicaron que en tres meses la planta estará a pleno. Por ahora se incorporarán entre 30 y 40 toneladas por semana, para ajustar detalles de funcionamiento de los equipos. El contenido de los volquetes atraviesa por un proceso mecánico de separación, que permite la extracción de los materiales reciclables factibles de ser reinsertados en el circuito productivo y por otro lado, queda la fracción orgánica. Este segmento orgánico será destinado a un tratamiento biológico de descomposición aeróbica que permitirá la obtención de material bioestabilizado y eventualmente compost.

Luego de esta etapa, con los residuos materiales con elevado poder calorífico se prevé la elaboración de combustible derivado de residuos (CDR), que puede ser utilizado por la industria a fin de sustituir el uso de combustibles fósiles.

En el estadio final, los residuos que no hayan podido ser utilizados (básicamente materiales inertes), serán enfardados envueltos con film para la recuperación de canteras. "Con esta tecnología se recupera el 63% de los restos urbanos. La generación de basura es un problema en el que el Estado debe aportar una solución. Esta planta es un salto de calidad en el tratamiento de la basura", explicó el presidente del CEAMSE, Gustavo Coria.
La planta de tratamiento de Punta Lara ya recibe a los primeros camiones de basura
La planta recibirá residuos generados en La Plata, Ensenada, Berisso, Magdalena y Brandsen. (Mauricio Nievas)
La Región Capital se convertirá en la primera a nivel nacional que realiza el tratamiento del 100 % de los restos hogareños y urbanos. Esto permitirá clausurar el relleno a cielo abierto que funcionó por casi medio siglo. A mediados de la década pasada, un planteo judicial de una ONG derivó en el pedido de cierre del complejo. El caso llegó a la Corte Suprema y los jueces avanzaron en un plan que se demoró, porque no encontraban sitios para instalar la planta de reciclado. Al final en intendente de Ensenada aceptó y ahora se inauguró.

En la capital bonaerense habrá un nuevo régimen de recolección. El Concejo Deliberante aprobó un proyecto del pliego para el servicio que el intendente Julio Garro se propone aplicar en julio del año que viene. El sistema divide a la ciudad en dos zonas para la recolección y el barrido e incorpora contenedores. También extiende a todo el partido el sistema de la "bolsa verde".

La planta de tratamiento de Punta Lara ya recibe a los primeros camiones de basura
La apertura de esta planta permitirá cerrar el relleno sanitario de Ensenada. (Mauricio Nievas)

Según el diagrama propuesto, el servicio -hoy a cargo de Esur- podrá ser prestado por una o más empresas. Y el contrato será por ocho años con posibilidad de prórroga.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Ocho toneladas de marihuana fueron incautadas en una semana



(La Nación) - Las fuerzas federales concretaron varios procedimientos en Misiones durante los últimos días y se alcanzaría un récord anual de decomisos en esa provincia.

A partir de varios operativos especiales y controles de ruta, las fuerzas federales incautaron durante la última semana más de ocho toneladas de marihuana en Misiones. Se trata de una cifra importante de decomisos, más si se toma en cuenta que entre enero y noviembre pasado se había registrado el secuestro de 90 toneladas de marihuana en todo el país. En ese período, las capturas de marihuana en Misiones combinadas con los decomisos en Corrientes sumaron 63 de esas 90 toneladas incautadas en la Argentina. Con esos datos cobran mayor relevancia los procedimientos realizados en los últimos días en Misiones.

Uno de esos operativos fue concretado por el Escuadrón 50 Posadas, de la Gendarmería, cuyos efectivos interceptaron un vehículo de transporte Ford 700. Al verificarse la carga, los gendarmes descubrieron un embarque de 3091 kilogramos de marihuana.
Una patrulla de Gendarmería incautó 3091 kilos de marihuana en Posadas
Una patrulla de Gendarmería incautó 3091 kilos de marihuana en Posadas. Foto: Gentileza.

Una similar cantidad de cannabis había sido decomisada pocos días antes en las cercanías de la localidad misionera de Candelaria, donde una investigación de la Gendarmería permitió la captura de un cargamento de droga y el arresto de 15 sospechosos. Esa organización criminal escondía la droga en despachos de madera con destino a Buenos Aires. La pesquisa fue iniciada tras el decomiso en Buenos Aires durante 2016 de un camión con 2500 kilogramos de marihuana. Los investigadores estiman que todo el clan narco fue detenido en los allanamientos realizados en los últimos días en Misiones.

En tanto, el Escuadrón Eldorado consiguió la captura de 972 kilogramos de marihuana en la localidad de Colonia Victoria. Una patrulla de gendarmes detectó la sospechosa presencia de una camioneta Chevrolet S10 en un sendero poco transitado. El conductor abandonó el vehículo al visualizar al personal de Gendarmería y dejó en ese lugar la carga de marihuana que estaba dispuesta en la caja de la camioneta y amontonada, incluso, dentro de la cabina.

En una camioneta también fue encontrado un embarque de 740 kilogramos de marihuana, decomisado por una patrulla de la Prefectura a la vera del río Paraná, cerca de la localidad de Puerto Libertad.

"Este histórico decomiso de droga fue posible por la vocación y el profesionalismo de las fuerzas federales, que patrullan todos días la zona de frontera para prevenir los delitos complejos y luchar contra el narcotráfico", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse a los casos de recientes incautaciones de marihuana en Misiones.

Golpes importantes

Durante este año se concretaron al menor tres procedimientos en localidades misioneras que representaron capturas superiores a las cuatro toneladas de drogas. Ese fue el peso, por ejemplo, de uno de los cargamentos detectados en Posadas, mientras que en la zona de Campo Grande se concretó el decomiso de un embarque de 4512 kilogramos de cannabis.

El cargamento más importante de marihuana secuestrado en Misiones durante este año por las fuerzas federales fue registrado con un peso de 6060 kilogramos, en un operativo realizado en la ciudad de Oberá.

Sin embargo, el mayor decomiso de marihuana en Misiones fue conseguido el mes pasado por la policía de esa provincia. Más de ocho toneladas de marihuana fueron incautadas en un procedimiento llevado adelante por cien agentes antidrogas que lograron el arresto de un clan familiar que manejaba la circulación de la marihuana en la localidad de Montecarlo.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Estudian opciones para reducir los litigios



Imagen relacionadaPor Maia Jastreblansky - LA NACION
Habrá un nuevo estatuto para los abogados del Estado; fuerte depuración.

El Gobierno busca reaccionar a la "bola de nieve" que crece año a año por las demandas judiciales contra el Estado y que constituye una contingencia multimillonaria para las arcas estatales. De acuerdo con el Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), en la última década se acumularon unos 100.000 procesos por año, un número que despertó la alerta y activó una depuración.

El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, realizó auditorías para conocer la real dimensión del conflicto y determinó que el sistema tiene problemas endémicos.

La primera medida que dispuso para reducir la litigiosidad fue depurar aquellos juicios que estaban en condiciones de cerrarse, ya sea porque estuvieron paralizados por varios años y debían prescribir, o porque estaban archivados o caducos. Según fuentes oficiales, en el segundo semestre de este año, se "limpiaron" unos 13.000 expedientes por mes debido a este concepto.

Otra de las medidas que impulsa la Procuración del Tesoro (PTN) es modificar los procedimientos en las carteras litigiosas. El Gobierno tiene 132 servicios jurídicos repartidos en las dependencias públicas, mientras que el Cuerpo de Abogados del Estado, que depende de la PTN, cuenta con más de 3500 abogados, repartidos en todo el país. A pesar de ese plantel, muchas veces en las provincias tercerizaron los servicios con estudios y letrados privados que movieron los expedientes respondiendo a intereses particulares .

"Los abogados podían quedar enredados en favores políticos e impulsar los expedientes al infinito, para garantizar sus honorarios. Eso atenta contra las cuentas públicas", dijo a LA NACION un funcionario que sigue de cerca el conflicto. Una de las medidas que prevé el Gobierno para desincentivar los juicios es, justamente, evitar la tercerización de las defensas. Toda contratación de estudios externos deberá estar debidamente justificada.

Un gasto significativo para la administración pública son los honorarios de los abogados que representan a la Argentina en los estrados internacionales. De acuerdo con información pública a la que accedió este medio, hay 16 estudios jurídicos contratados en el exterior, encabezados por Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, de Nueva York, que recibió US$ 168,85 millones por la disputa contra los acreedores de la deuda en default.

El Gobierno también busca la manera de evitar que los propios abogados del Estado puedan recibir honorarios por fuera de su sueldo como empleados públicos. La PTN anunció que reimplantará una Coordinación del Cuerpo de Abogados del Estado y elaborará un nuevo estatuto, más estricto, que alcance a todos los letrados oficiales.

Otra de las medidas en marcha es la creación de un Observatorio de la Litigiosidad, que detecte a tiempo potenciales procesos económicamente ruinosos para el Estado. En ese camino, el reciente pacto fiscal con las provincias fue un paliativo ante el rojo que representa la deuda potencial por procesos judiciales pendientes.

Uno de los puntos del acuerdo implicó que todas las provincias (menos San Luis) accedan a desistir de los juicios contra el gobierno nacional. Eso redujo la contingencia en $ 340.000 millones en el caso de las provincias, más los $ 400.000 millones que reclamaba María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano.

El Estado también estudia alternativas para anticiparse a futuros juicios, detectando tendencias problemáticas, como el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa. Esos conceptos no se contabilizan para el cálculo de la futura jubilación ni de una eventual indemnización en caso de despido y conducen a una derrota casi segura en un estrado.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Las demandas internacionales, el tramo más costoso



Resultado de imagen para demandas internacionalesPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Son 19 juicios en el Ciadi, la ICC y la justicia de Nueva York por US$ 6200 millones; las estatizaciones de Aerolíneas e YPF, las más graves.

Pocas veces el presidente Mauricio Macri mostró su enojo en público de manera tan clara como en la noche del 22 de julio pasado. "Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior [la gestión de Cristina Kirchner ] tuvo con Aerolíneas [Argentinas], el país fue condenado a pagar US$ 320 millones más intereses", escribió en la red social Twitter. El mensaje fue repetido más de 15.000 veces.

Poco tiempo antes, el Ciadi -un organismo del Banco Mundial encargado de dirimir pleitos entre Estados y empresas privadas- había obligado a la Argentina a pagar esa cifra por la estatización de la línea aérea de bandera al Grupo Marsans, cuyos principales directivos fueron condenados por la justicia española, en medio de un escándalo para el mundo privado. El mes pasado, el país pidió la anulación del laudo.

El encono de Macri fue la reacción visible de una preocupación que persigue al Gobierno desde el primer día de su llegada a la Casa Rosada: la herencia que dejó el kirchnerismo tiene en sus capítulos internacionales 19 demandas contra el país por US$ 6200 millones en tribunales externos como el propio Ciadi, la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y la justicia de Nueva York, que le trae a la Argentina malos recuerdos recientes tras la derrota millonaria frente a los fondos buitre, y que integran una deuda total por juicios para el Estado por US$ 37.000 millones. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

Desde la mirada del Gobierno, es un entuerto de difícil resolución. La administración de Macri sabe que debe pagar las sentencias dictadas por esos organismos. De lo contrario perdería credibilidad frente a los inversores internacionales, algo con lo que convivieron Néstor y Cristina Kirchner, pero resulta imposible para el modelo económico actual, que busca generar confianza en el mundo de manera que facilite la llegada de inversiones.

Hasta el momento, la estrategia del Gobierno fue pagar las sentencias, pero discutir al máximo los montos, que suelen fijarse en la etapa final de los litigios. Un ejemplo: pese al reclamo de US$ 157 millones de la alemana Hochtief por la concesión denominada Puentes del Litoral, a fines del año pasado el Ciadi obligó al país a pagar US$ 13,41 millones. El procurador del Tesoro de aquel momento, Carlos Balbín, lo vivió como un gran triunfo.

Un listado oficial de la Jefatura de Gabinete muestra que cinco de esos conflictos están en el Ciadi. Además de la querella por Aerolíneas, hay un reclamo de Abertis (una de las dueñas de Ausol) y la aseguradora Metlife. El Gobierno considera que se trata de casos cruciales, cuya representación no conviene delegar en estudios jurídicos. Por eso quedaron a cargo del Cuerpo de Abogados del Estado, que maneja la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías.

Otros dos juicios en la justicia de Nueva York tienen inquieto al Gobierno. Se trata de demandas por la estatización de la petrolera YPF, en abril de 2012. Uno de los demandantes es el fondo Burford Capital, una especie de megabufete de abogados que compró la quiebra de algunas de las empresas con las que la familia Eskenazi organizó su ingreso en la compañía, a partir de 2008. Burford es quien patrocinó la demanda por Aerolíneas. El último pedido del Estado fue trasladar el pleito a tribunales locales.

Un reclamo similar planteó el fondo Eton Park, que tenía acciones en la petrolera bajo control estatal. Esa entidad mastica enojo contra el país desde que quedó afuera de la compra de la transportadora eléctrica Transener. La participación que pretendía quedó para la firma cordobesa Electroingenería, cercana al kirchnerismo, luego de que el entonces ministro de Planificación Julio De Vido vetara el ingreso de los extranjeros. En ambos casos, el estudio Skadden, Arps, Meagher & Flom Son tiene la defensa.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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El Estado enfrenta juicios por un total de US$ 37.000 millones



El procurador Saravia Frías, el día de su juraPor Maia Jastreblansky, Pablo Fernández Blanco, María Belén Álvarez Echazú - LA NACION
El cálculo fue realizado por la Procuración del Tesoro nacional, en base a 2,2 millones de demandas activas; el monto representa un 61% más que el déficit fiscal previsto por el Gobierno para este año.

El procurador Saravia Frías, el día de su jura. Foto: Archivo.

Es, quizás, el capítulo más silencioso de la herencia recibida y una amenaza millonaria contra las cuentas públicas que acapara toda la atención del Gobierno. El Estado enfrenta 2.240.000 juicios en tribunales federales en instancias internacionales, que suman una contingencia potencial superior a los US$ 37.000 millones, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

El número es gigantesco incluso para el presupuesto nacional: representa un 61% más que el déficit fiscal estimado para este año, un rojo por el cual Mauricio Macri movilizó a todos los ministerios para reducir gastos. Y es casi cuatro veces más que los US$ 9300 millones que la Argentina pagó a los fondos buitre.

Los procesos en contra del Estado incluyen desde causas previsionales y amparos por las tarifas hasta demandas millonarias en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre países y empresas.

El daño para el país se denomina "contingente", debido a que es imposible anticipar el resultado de un litigio. Se trata, sí, de estimaciones que manejan en la Casa Rosada y en la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías.
Una parte de las demandas deriva de prácticas cuestionables del propio Estado. Entre ellas, el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa, que no se contabilizan para la jubilación. Este es un riesgo latente de multiplicación de demandas.

En el lenguaje de los abogados, el hecho de que sea un daño contingente hace referencia a una previsión sin cifras del todo definidas. De todas maneras se trata de un pronóstico hecho por expertos de la manera más exacta posible, que ya fue presentado al Presidente.

La acumulación de demandas contra el Estado es en parte producto del accionar público a lo largo de décadas y de desprolijidades heredadas que permitieron que los expedientes se prolonguen sin orden lógico. Para ponerle un freno a esa rueda, la Procuración del Tesoro nacional dispuso este año realizar un relevamiento de expedientes, porque estaban desactualizados los sistemas donde los distintos servicios jurídicos ministeriales los asientan.

Después de varios meses de trabajo llegó a un diagnóstico de situación que considera realista. A partir de allí comenzó a depurar causas y a elaborar medidas correctivas. Fue una carrera contra el tiempo: mientras se sumaban unas 4000 nuevas demandas contra el Estado, la Procuración limpiaba a razón de 13.000 casos cada 30 días.

Según la respuesta a un pedido de información pública hecho por LA NACION a la Procuración, dentro de los miles de juicios que involucran al Estado hay 743 que revisten una especial preocupación para el Gobierno. Se trata de 119 casos "de relevancia económica" y otras 571 causas de "relevancia institucional". A esos se suman otros 53 casos que combinan ambas etiquetas.

Las cifras surgen de la base del Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), donde se cargan los procesos de todas las dependencias públicas, menos los de la Anses y los de la AFIP, dos grandes "bolsas" de expedientes que llevan un monitoreo propio.

Las fuentes oficiales confirmaron que los procesos "complejos", en rigor, podrían ascender a más de 1400. En paralelo, hay al menos 19 demandas en tribunales internacionales por unos US$ 6200 millones.

El ministerio que acumula más juicios "calientes" es el de Energía, hoy a cargo de Juan José Aranguren, con 308 procesos. Entre ellos, 194 amparos pedidos en 2016 por defensorías del pueblo, municipalidades y entidades sin fines de lucro producto del aumento de las tarifas eléctricas.

Otros tres expedientes, por ejemplo, son demandas por daños y perjuicios radicadas durante el kirchnerismo por Alcalis de la Patagonia, la productora de carbonato de sodio del Grupo Indalo, de Cristóbal López, por más de $ 155 millones.

El segundo puesto del ranking lo tiene Justicia. Allí recayeron, entre otras, las acciones impulsadas por Alejandro Fargosi contra los miembros del Consejo de la Magistratura sin título de abogado y el amparo del ex diputado Manuel Garrido para declarar la nulidad de los nombramientos de 57 conjueces durante el kirchnerismo.

En la tabla de organismos con más juicios complejos siguen el Banco Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Policía Federal, cuyos conflictos incluyen disputas con barrabravas e incluso los procesos contra los custodios del fallecido fiscal Alberto Nisman.

De estas demandas relevantes, 230 expedientes tienen un reclamo económico estimado, en pesos o en dólares. El más alto, y quizás el más extraño, lo constituye una demanda de una ONG paraguaya por US$ 150.000 millones en concepto de indemnización por los efectos del Tratado de la Triple Alianza, de 1865.

En el podio también se ubican dos iniciados por AFJP tras la creación de Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (tras la estatización de los fondos de pensiones), por más de US$ 90 millones cada uno, y un reclamo de La Pampa para obtener el pago del saldo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

Muchos juicios tienen décadas. Uno de los litigios de mayor relevancia económica es el que inició Juan Claudio Chavanne, accionista del Banco de Hurlingham, quien reclama una reparación de US$ 25 millones al Banco Central por actas dictadas por la Junta Militar durante la última dictadura.

Dentro de las demandas en pesos, el podio de los juicios está encabezado por el reclamo de Córdoba por los descuentos sobre fondos de la coparticipación por $ 3.300 millones. Es posible que ese pleito se desestime por el acuerdo que alcanzó el Gobierno con las provincias.

Le siguen una causa por indemnización por daños y perjuicios de TBA (la concesionaria del ex ferrocarril Sarmiento, que estuvo involucrada en la tragedia de Once y a la que se le dictó la quiebra) y en tercer lugar la contrademanda del Correo Argentino al Estado, una empresa de la familia Macri.

Este medio también consultó al Ministerio de Hacienda por los pagos realizados por juicios. En los últimos 10 años, desde la primera presidencia de Cristina Kirchner hasta el presente, se desembolsaron unos $ 10.800 millones para saldar deudas derivadas de litigios.

De ese monto, $ 6.026 millones obedecieron a erogaciones del Servicio de Deuda Pública, mientras que $ 1.300 millones, aproximadamente, fueron pagos de la Policía Federal Argentina, que acumula muchas deudas con efectivos retirados que reclaman que se incluyan distintos conceptos de sus salarios a su jubilación. Una situación similar ocurre con las Fuerzas Armadas, que en la última década debieron pagar más de $ 500 millones por ese concepto.

Con la colaboración de Romina Colman y LN Data
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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