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lunes, 27 de noviembre de 2017

Desarrollo y Defensa

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Submarino ARA San Juan: la Justicia archivó una denuncia por irregularidades en la reparación



Por Daniel Santoro - Clarin.com
Un suboficial había denunciado en 2007 manejos espurios en el astillero Domecq García de la Armada. 
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El polémico juez federal Norberto Oyarbide archivó, prácticamente sin investigar, en febrero del 2010 una causa en la que se investigaban irregularidades en las tareas de reparación de media vida del submarino San Juan. La causa quedó archivada en el juzgado que ahora dirige Sebastián Casanello. Si aparecen nuevos elementos de prueba, el juez podría ante una denuncia reabrir la investigación o mandar el expediente 15.373 a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yánez, como antecedente para la causa en que se investiga el accidente del San Juan. Este antecedente clave, al que accedió Clarín de fuentes judiciales, también será de utilidad para la comisión investigadora que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, creó para saber qué pasó con el submarino más moderno que tenía la Armada.

La denuncia había sido realizada en 2007 por el suboficial José Oscar Gómez contra el entonces jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, además de Jorge Dacharry, Ricardo Efrain y Carlos Herrero, entre otros. Se refería a tareas de mantenimiento del San Juan en el Astillero Domecq García. El fiscal de la causa era Eduardo Taiano. El Domecq, junto con Tandanor, ahora integran el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR).

Gómez manifestó que "durante las tareas de mantenimiento del San Juan realizadas entre 2005 y 2006 se produjeron varias irregularidades y manejos espurios como la contratación de empresas privadas para trabajos realizados para dicho mantenimiento y reactivación de la nave". "Lo que en la práctica fueron llevados a cabo por personal de la Armada sin perjuicio de lo cual a dichos contratistas se les abonaban grandes cantidades de dinero", agregó el denunciante. "La cara visible de dichas empresas sería una persona que respondería al nombre de Daniel Adrián Fornés", agregó. Puntualizó que "los trabajos de menor entidad le fueron adjudicados a una firma denominada Marena SRL, propiedad de Claudio Di Bartolo".

El suboficial denunciante, antes de la denuncia penal, había hecho una administrativa ante el Ministerio de Defensa, cuando lo manejaba Nilda Garré. Gómez había acompañado una serie de fotografías, el libro de registro de entradas de camiones de la empresa Terminal Panamericana, un registro que prueba el robo de metales del submarino Santa Fe -que también estaba en el astillero y sin terminar- y una copia de la sanción que le habían aplicado por sus quejas.

También denunció el "alquiler precario de las naves (sectores) del astillero a empresas particulares como Terminal Panamericana, la evasión de controles de Aduana y el desvío de muebles y otros materiales a lugares desconocidos que habían sido comprados con dinero del astillero y que habrían sido llevados a domicilios de los jefes militares". Gómez manifestó también "se habrían fraguado o simulado fracturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero". "Las reparaciones en gran medida habrían sido realizadas por personal propio de la Armada", agregó.

Luego denunció el "vaciamiento de un edificio de la fuerza conocido como número 7, llevándose del lugar metales para ser vendidos en el mercado negro, además del robo de materiales pertenecientes a los submarinos Santa Fe y San Luis". En la causa se agregó una auditoría interna del Domecq García remitida por la Unidad Coordinadora del Area de Transparencia del Ministerio de Defensa.

El informe señala una serie de defectos en el astillero que "sumados a la debilidad del sistema de control y seguimiento de las prestaciones y contraprestaciones propician el riesgo de ocurrencia de eventuales irregularidades".

Seguidamente, Oyarbide le tomó declaración testimonial al encargado de la auditoría, contador Jorge Argüello, quien dijo que se llegó a la conclusión que "era muy difícil corroborar esas irregularidades denunciadas". Entonces, concluyó que "entonces corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones, al menos hasta que se arrimen nuevos elementos de juicio que permitan avanzar".

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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El Parlasur y sus "patéticas miserabilidades"



Resultado de imagen para El ParlasurEditorial del diario La Nación
Todo hace presagiar que ese cuerpo será otro agujero negro en los presupuestos nacionales para acomodar a políticos sin empleo.

"Unos fueron por los fueros y otros, por el dinero". Así podría resumirse esta lamentable creación del kirchnerismo y sus ex socios propulsores del socialismo del siglo XXI, para contar con un foro ideológico, a costa del erario de sus naciones y en beneficio de sus dirigentes. "Patéticas miserabilidades", diría don Hipólito Yrigoyen, incluyendo quizás a su propio partido por no haber apoyado la solitaria batalla librada por tres miembros del Parlamento del Mercosur para evitar que el plan de ideología, fueros y dinero, diseñado por la ex presidenta Cristina Kirchner, tuviese éxito.

Aunque la población votó, en los últimos comicios generales, la elección de 43 representantes para dicho órgano deliberativo, nadie entiende muy bien qué es, ni para qué sirve. Siguiendo una tendencia regional, nuestro Parlasur completa una serie de locuaces organismos latinoamericanos de idéntico prefijo, como el Parlacen, el Parlandino, el Parlatino y el Parlamento de Unasur, cuya abreviatura podría confundirse con aquél.

Creado en 2005, ese foro está integrado por la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, quienes envían 186 representantes que deben ser elegidos por voto directo, como ya lo hacen la Argentina y Paraguay. Existe un plazo hasta el año 2020 para que todos los países dispongan la elección directa; entretanto, el Parlasur se encuentra en transición y sus decisiones son no vinculantes.

Escondido en el cuerpo de la ley "exprés" de llamado a elecciones, aprobada en la última sesión de 2014, se incluyó un artículo que explica por qué muchos políticos quisieron ser candidatos para integrar el Parlasur en los comicios de 2015: los fueros y el dinero. En efecto, allí se establece que los elegidos serán asimilados a los diputados nacionales, con idénticas inmunidades parlamentarias, regímenes remuneratorios, laborales, previsionales y protocolares. A los efectos prácticos, los 257 diputados nacionales aumentarían al número de 300 sin reforma constitucional alguna.

El kirchnerismo pretendía así dotar de inmunidad a sus candidatos bajo la lupa de la Justicia. Y, de paso, lograr el apoyo del resto de la "clase política" tentándolos con sueldos, pasajes, viáticos, asesores, oficinas, choferes y jubilaciones como si fuera lo mismo ejercer funciones en el ex casino de Montevideo, que en el augusto recinto del Congreso de la Nación. Tentaciones irresistibles para quienes están habituados al turismo parlamentario, nombrar parientes y canjear pasajes por dinero.

La ex presidenta, con fino olfato, intuyó que serían más resistentes los fueros senatoriales que los fueros parlasurianos y optó por la zona del Congreso. Aun con su ausencia, la nómina del Frente para la Victoria demuestra por sí sola cuál era el propósito del texto subrepticio. Allí están o estaban José López y Milagro Sala, ambos presos: uno por los bolsos conventuales y la otra, por tentativa de homicidio. Agustín Rossi, imputado por sobreprecios; Teresa Parodi, manchada por la banda de Rolando, amada por Boudou; Gabriel Mariotto, procesado por enriquecimiento ilícito; Oscar Parrilli, imputado por encubrimiento de un prófugo; Víctor Santa María, denunciado por la UIF por enriquecimiento ilícito y Gerardo Zamora, imputado por las viviendas de Madres de Plaza de Mayo. Para equilibrar un poco el oscuro currículum de esos personajes, el FPV incluyó a otros políticos, como Jorge Taiana y Daniel Filmus, y varios dirigentes provinciales a manera de retribución de gentilezas.

Sin embargo, el atajo de crear fueros por vía de un artículo escondido en una ley exprés no funcionó y gracias a la campaña "Chau Fueros", lanzada por la dirigente de Coalición Cívica por Santa Cruz, Mariana Zuvic, la Cámara Nacional Electoral (ratificada luego por la Corte Suprema de Justicia en el caso Milman) declaró que las inmunidades parlamentarias no pueden ser creadas por ley, sino solamente por la Constitución, ya que en la Argentina no hay fueros personales, ni títulos de nobleza y todos los habitantes son iguales ante la ley. La gran decepción para los "parlasures" llegó después, cuando tres de ellos, la citada Zuvic, el abogado Fabián Rodríguez Simón y la riojana Marcela Crabbe, miembros del Parlasur por Cambiemos, lanzaron otra campaña ("Chau Privilegios") para que ninguno cobrase sueldo hasta que el Parlamento esté totalmente institucionalizado, en 2020.

Hubo un intento de incluir $ 100.000.000 en el presupuesto nacional para abonar esas abultadas dietas. Pero el gobierno nacional sostiene, correctamente, que estas deben ser abonadas por el organismo, con los aportes de sus miembros y no cada país en forma individual. De ese modo, zanjó la cuestión con una decisión administrativa, limitando los pagos a pasajes y viáticos de 200 dólares por día de asistencia a las sesiones.

La ausencia de dietas, viáticos y pasajes ha desalentado a quienes, con gran entusiasmo y mayores expectativas, habían aceptado el honor de esos cargos. Pero como el honor no es dinero, ahora viajan a Montevideo por el día, para no gastar en hoteles el estipendio que reciben. Nada quedó de aquellos congresos y simposios internacionales a los que pensaban asistir, con estadías europeas y jugosos per diems como sus colegas nacionales. Carentes de oficinas, asesores, secretarias, cadetes y choferes como imaginaban tener en ambas márgenes del Plata, ahora vuelven presurosos a sus hogares, mientras sus usinas jurídicas urden alguna otra alternativa legal para hacer efectiva la equiparación soñada.

Lamentablemente, todo hace presagiar que el Parlamento del Mercosur será otro agujero negro en los presupuestos nacionales para ubicar a correligionarios sin empleo. Y, si alguna función tuviese, debería ser un foro para debatir fórmulas de inserción del Mercosur en el mundo, en forma competitiva, para mejorar el nivel de vida de los 300 millones de habitantes que lo integran. Abandonando el modelo aislado y populista que rigió desde 2012, cuando Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y José Mujica impulsaron la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela al bloque regional, con el reingreso del primero y la suspensión del segundo, por ruptura del orden democrático, se abre una ventana de oportunidad para lograr ese cambio, priorizando el bienestar colectivo sobre los absurdos privilegios de sus representantes.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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El submarino, los errores y las consecuencias



Resultado de imagen para El submarino San JuanPor Joaquín Morales Solá - LA NACION
El San Juan estaba cerca del talud porque ahí está uno de los grandes reservorios de peces, que muchas veces son depredados por pesqueros clandestinos.

Martes, 14 de noviembre, medianoche. El comandante del submarino ARA San Juan informa a la base de Mar del Plata que se produjo un incendio en la nave que afectó turbinas y las comunicaciones. El informe dio cuenta de que entró agua en el submarino.

Miércoles, 15 de noviembre, 7.30. El comandante del submarino informa que el problema se solucionó y que la tripulación se encuentra bien. El comando de Mar del Plata le ordena que continúe normalmente el viaje hacia la base marplatense. Es la última comunicación del submarino.

Jueves, 16 de noviembre, mediodía. El jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, es informado de lo que había sucedido en el San Juan. También lo notifican de que no hubo nuevas comunicaciones con el submarino.

Jueves, 16 de noviembre, 21 horas. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, que se encontraba en Vancouver a punto de tomar un vuelo de regreso, es informado por Srur de la situación del submarino. Aguad pone en conocimiento del caso al Presidente y al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Viernes, 17 de noviembre, 8.00. Aguad arriba a Ezeiza y en la misma estación aérea lo espera el almirante Srur. Juntos se suben a un avión de la Armada y viajan a Mar del Plata. En el trayecto, Srur le asegura a Aguad que se trataba sólo de un problema de comunicaciones del submarino, que se resolvería rápidamente. Aguad le transmite esas seguridades al Presidente.

No era un problema de comunicaciones. El submarino explotó o implosionó. En ese breve relato de los momentos anteriores y posteriores a la tragedia hay dos hechos que llaman la atención. En primer lugar, la increíble desidia de la base de Mar del Plata. Ante un incendio con ingreso de agua, debió ordenarle al submarino que regrese cuanto antes a la costa, a cualquier costa, desde donde debió ser acompañado por un buque hasta el puerto de Mar del Plata. Tal vez la escolta de un buque no habría significado nada para evitar la explosión, pero el submarino hubiera estado en aguas menos profundas y cerca del sistema de comunicaciones de otro barco militar. El submarino se encontraba en el momento del siniestro en el límite mismo del talud, donde se abre una cordillera invertida. Las profundidades pasan abruptamente de 200 o 400 metros a 1000 o 3000 metros. El propio efecto de la explosión pudo sacudirlo de tal manera que lo arrojó hacia esa barranca infinita en el fondo del mar.

El segundo hecho es la demora de la base de Mar del Plata en comunicar la novedad a sus jefes y la de estos en poner en conocimiento del tema a las autoridades políticas. Aguad (y, por lo tanto, el Presidente) se enteró de lo que entonces era un percance un día y medio después de la última comunicación o casi dos días más tarde desde que sucedieron el incendio y el ingreso de agua. Es cierto que existe un protocolo naval que señala que los submarinos deben ponerse en contacto cada 36 horas, que es, más o menos, el tiempo que transcurrió entre la última comunicación del submarino y la alerta de la Armada a las autoridades civiles. Pero no era un submarino cualquiera; acababa de sufrir desperfectos que son potencialmente letales. O los jefes navales se encerraron burocráticamente en un protocolo demasiado viejo o confiaron en que la buena suerte se haría cargo de un final feliz que no sucedió.

El submarino fue reparado totalmente con la asistencia de técnicos alemanes y con repuestos alemanes. La reparación de "media vida", como le llaman, no incluyó la digitalización de la nave. Es necesario, ahora, una opinión de la empresa alemana que lo fabricó para establecer si esa reparación, que Cristina Kirchner dio por terminada con un acto político y camporista en 2014, fue correcta. Hay versiones que indican que se tercerizaron algunos trabajos en empresas sin experiencia. La auditoría deberá establecer también por qué el submarino quedó librado a su suerte y por qué la comunicación del siniestro fue tan lerda. Un submarino es una nave tan compleja -o más- que un avión. Navega en aguas profundas, las comunicaciones son frágiles (en los submarinos argentinos, al menos) y está hecho para no ser detectado. Por eso, sólo la avanzada tecnología norteamericana podría dar con el San Juan, si es que no cayó a ese abismo del océano.

Los tres jefes de las Fuerzas Armadas (el del Ejército, el de la Armada y el de la Fuerza Aérea) estaban por ser relevados. Esa decisión política ya se había tomado. La tragedia del San Juan no apresurará la salida del almirante Srur; al contrario, la postergará hasta que hayan concluido todos los trabajos para conocer fehacientemente el destino de 44 héroes argentinos y se hayan celebrado los homenajes correspondientes. El único alto jefe militar que quedará será el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa, no sólo porque es el que mejor relación tiene con el poder político, sino también porque formará parte de un cambio sustancial en las Fuerzas Armadas.

Macri quiere terminar con el aislamiento de los militares. Acordó con Aguad, después de someterlo a un preciso examen, que más del 1 por ciento del PBI será destinado a la construcción de las nuevas fuerzas militares. El personaje central de la nueva estructura será precisamente el jefe del Estado Mayor Conjunto, tal como sucede en el organigrama de los Estados Unidos. Aislados e ignorados durante doce años (y, de alguna manera, también durante todos los años de la democracia), los militares se encerraron en sus viejas percepciones. Los jefes de la Armada, por ejemplo, no querían saber nada de la cooperación norteamericana en la búsqueda del San Juan. Pero estuvieron al borde de un síncope cuando se enteraron de la colaboración británica. Aguad debió ejercer con plenitud su mando (eso le sale siempre bien) para que aceptaran toda la cooperación internacional, que es de una magnitud inédita. Vale la pena un paréntesis entre tanta rumorología: el Presidente confirmó en las últimas horas su confianza "absoluta" en Aguad.

La indiferencia política provocó el anquilosamiento de viejas estructuras. Cada una de las tres Fuerzas Armadas tiene su propio sistema de comunicación. Imposible que se comuniquen entre ellas en caso de necesidad. Cada una tiene su propio servicio de inteligencia. Hay dos marinas (la Armada y la Prefectura) y hay dos Fuerzas Aéreas (la formal Fuerza Aérea y la de la Armada). El proyecto del Gobierno consiste en que el Estado Mayor Conjunto establezca un solo sistema de comunicación y un solo servicio de inteligencia sobre cuestiones precisas de los militares. La Armada dejará de manejar aviones porque no habrá un portaviones nuevo, pero podría recuperar la Prefectura (si Aguad logra salir airoso de la segura disputa con Patricia Bullrich). La Armada prestará servicio en el mar y la Prefectura en los ríos. La Fuerza Aérea se llevará todos los aviones, incluidos los cincos nuevos Super Etendard que acaban de comprarle a Francia. El Gobierno se propone una inversión importante en el equipamiento de las fuerzas militares. "Como no tenemos casi nada, podemos comprar los equipos militares más modernos, como submarinos y aviones sin tripulantes", dijo un funcionario macrista.

¿Para qué? Esa pregunta (y su respuesta) será motivo de un largo debate en la política argentina, que, incluso, deberá pasar por el Congreso. El Gobierno estableció tres ejes para la acción de las Fuerzas Armadas: el combate al narcotráfico fuera de las fronteras (y asistencia técnica dentro de ellas); el terrorismo internacional, y la custodia del Atlántico Sur, donde está, dicen, la mayor riqueza mineral e ictícola del planeta.

Los 44 tripulantes del San Juan estaban cerca del talud porque ahí está uno de los grandes reservorios de peces, que muchas veces son depredados por pesqueros clandestinos que entran a la plataforma marítima argentina. Chocaron con el final de todo, abrupto, brutal y cruel, cuando defendían una frontera de la Argentina, valiosa e invisible.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Cada vez hay más riesgos y deterioro en las FF.AA.



Un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea ArgentinaPor Mariano De Vedia - LA NACION
El país tiene hoy la inversión más baja desde el retorno de la democracia; en los últimos años hubo varios casos de averías, en un equipamiento de casi 40 años.

Un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina. 

Cuando el Ministerio de Defensa estaba en manos de Nilda Garré , a fines de 2008, un suboficial de la unidad de buzos tácticos de la Armada murió durante una práctica de saltos de adiestramiento. El ejercicio había comenzado mal: eran 45 buzos y sólo había 15 paracaídas. Se arrojaron por turnos, plegando los paracaídas para volver a utilizarlos, y uno falló. Quedó flotando la sospecha de si no estaba vencido.

Son riesgos cada vez más cotidianos en las Fuerzas Armadas, que sólo destinan el 4,5% de sus recursos al mantenimiento y reparación de unidades y armas diseñadas, en su mayoría, hace más de 40 años.

La estrechez de fondos para mantenimiento de sus equipos y entrenamiento del personal es un problema que viene de arrastre. Los submarinistas que se forman en Mar del Plata necesitan 190 días de prácticas por año de inmersión y en 2012 -uno de los años más críticos para la Fuerza Naval- apenas estuvieron 19 horas bajo la superficie.

Según datos a los que accedió LA NACION, el armamento y el material bélico de las unidades del Ejército tienen una edad promedio de 38 años. "La mayoría de los vehículos no cumplen las condiciones legales requeridas para circular por una ruta y muchos no pasarían una verificación técnica vehicular", se sinceró una de las fuentes consultadas.

Para 2018, el presupuesto de la Armada crecerá un 40% y llegará a $ 14.989 millones, pero el 87% se consume en sueldos y las partidas para mantenimiento, reparación y bienes de uso, como informó LA NACION el miércoles pasado, decrece.

La Argentina prevé destinar en 2018 al área de Defensa $ 81.522 millones, el 0,9% del PBI. Con esa inversión, según un informe del Banco Mundial, se ubica en el puesto 150, cerca de Eslovenia y Macedonia, en una clasificación de 179 países. Es uno de los porcentajes más bajos de la región y lo superan Paraguay (1,2%), Brasil (1,3%), Bolivia (1,6%) y Venezuela (1,4%), entre otros.

Es el indicador más bajo desde 1983. Con Raúl Alfonsín, cuando el país salía de la dictadura militar, la inversión en Defensa varió entre 2% y 2,5% del PBI; en la presidencia de Carlos Menem bajó a 1,5%, con Néstor Kirchner llegó al 1% y Cristina Kirchner bajó ese umbral.

La falta de inversión genera inquietud por el compromiso asumido por la Argentina para garantizar la custodia del espacio aéreo frente a la cumbre del G-20 prevista para fines del año próximo.

Fuentes castrenses estiman que a fines de 2015 la cobertura de la frontera con un sistema de radarización primaria 3D llegaba al 20% del territorio, cuando Paraguay tenía protegido el 50%, Chile y Uruguay el 90% y Brasil el 95 por ciento.

Navegación y vuelos

Hoy el presupuesto le asigna a la Armada recursos para navegar el tiempo equivalente a 399 días para todas sus embarcaciones. Los especialistas indican que el adiestramiento adecuado del personal naval exige unos 90 días en cada barco. Si la Armada tiene cuatro destructores, nueve corbetas, cuatro avisos, tres transportes, tres buques multipropósitos, dos oceanográficos, dos hidrográficos, una fragata y un rompehielos, tendría que reunir el equivalente a casi 2700 días de navegación. Pero no todas las unidades están en condiciones.

En los últimos cinco años los cuatro destructores -Almirante Brown, Heroína, La Argentina y Sarandí- presentaron problemas de máquinas, la corbeta Espora quedó varada tres meses en Sudáfrica por un desperfecto en tres generadores; la corbeta Spiro sufrió una rotura al tropezar con un banco de arena en Mar del Plata, la Gómez Roca tuvo una avería en la línea de eje cuando se dirigía a participar de una operación en Brasil. Y el destructor Santísima Trinidad se hundió en enero de 2013, por daños en una tubería, mientras estaba amarrado en la Base Naval Puerto Belgrano.

Aunque no hubo casos para lamentar, la Fuerza Aérea tuvo bajas de material y éxodo de personas.

Al finalizar la guerra de Malvinas, contaba con 14 escuadrones de combate: Mirage III E, Mirage 5, Mirage M III C, A4 , Pucará, Morane Saulnier, Pampa I, F-86 F Sabre (cada uno formado por 12 aeronaves) y un escuadrón reducido de F-86. En los últimos años se desprogramaron los Mirage y la mayoría de los otros escuadrones y hoy la aviación de combate de la Fuerza Aérea está reducida a escuadrones disminuidos de Pampa II, Pucará y Tucano y una escuadrilla de A4-AR.

"De las 34 aeronaves A4 modernizados en 1996 sólo quedan tres operativos", admitió una fuente .
La escasez de medios en condiciones genera desaliento en el ámbito castrense, como lo muestra el éxodo de casi 400 pilotos en los últimos diez años por los bajos salarios y escasos incentivos en el entrenamiento profesional, ante las dificultades para volar. Incluso, generó sorpresa la decisión del Gobierno de ceder a la Policía Federal y no a la Fuerza Aérea el avión Lear Jet incautado a Lázaro Báez, teniendo en cuenta el escuadrón especializado que tiene la comunidad aeronáutica.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Una auditoría detectó irregularidades en la compra de las baterías del submarino



Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
Un informe interno del Ministerio de Defensa había advertido que la Armada no cumplió los estándares normativos habituales para beneficiar a ciertas empresas; un trabajo de la Sigen también había señalado graves deficiencias
Una auditoría detectó irregularidades en la compra de las baterías del submarino
Una auditoría detectó irregularidades en la compra de las baterías del submarino. Foto: Archivo 
Una investigación del Ministerio de Defensa alertó sobre "irregularidades" en la compra directa de las baterías del ARA San Juan , según la copia de esas actuaciones que llegaron con carácter secreto a tres despachos oficiales, y a las que accedió LA NACION. La información coincide con una auditoría de la Sindicatura General (Sigen), que también cuestionó el procedimiento.

La investigación, desarrollada por expertos de Defensa entre 2015 y 2016, determinó que la Armada habría incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías; que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores, y que, en ese proceso, se habrían adquirido insumos con garantías vencidas y cometido delitos.

"La información colectada resulta contundente al menos para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG", precisaron los investigadores de Defensa.
Esos mismos investigadores alertaron del tema en 2015 a funcionarios del kirchnerismo. Y también que lo mismo ocurrió al cambiar las baterías de los submarinos Salta y Santa Cruz. Consultados por LA NACION, desde el Gobierno indicaron que están revisando "todos los procesos dentro de la Armada" y que se abrirá una investigación interna "profunda", pero que ahora la prioridad es hallar el submarino, recuperar a todos sus tripulantes y, luego, peritar el San Juan para determinar "qué pasó y las consecuentes responsabilidades".

La investigación interna a la que accedió LA NACION no fue la única que reportó sobre "irregularidades" de la Armada en la reparación del submarino ARA San Juan. La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa también redactó varios informes. Y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentó su auditoría MD 13776/16, en mayo de 2016, que tampoco es de acceso público, pero cuyas copias obtuvo LA NACION de informantes de la Sindicatura.

En el caso de la Sigen, sus técnicos expusieron desvíos en los planes trazados para la ejecución material y presupuestaria de la obra, con demoras de hasta 4 años: "Dichas demoras permitieron, en el caso de las baterías, la pérdida del período de garantía".

Eso mismo, detectó la Sigen, ocurrió con los motores: "La pérdida de la garantía de los motores derivó en la necesidad de efectuar la contratación directa N° 62/13 con la misma empresa, para renovar el plazo de garantía (ejecución de los trabajos de inspección y verificación para puesta en marcha segura de los motores y para otorgar las correspondientes garantías técnicas que se derivaron de dichos trabajos). Dicha obra tuvo más de 314 días de demora".
Todos esos informes reservados podrían ayudar ahora a la Justicia a determinar qué pasó con el ARA San Juan. Para eso, la jueza federal con asiento en Caleta Olivia, Marta Yáñez, ordenó al complejo Cinar-Tandanor, donde se desarrolló la reparación de media vida, que preserve toda su documentación.

Los informes secretos cuyas copias obtuvo LA NACION, sin embargo, no se encuentran en ese complejo, sino en el Ministerio de Defensa. Y alertan sobre "irregularidades detectadas" dentro de la órbita de la Armada y "un sinnúmero de maniobras irregulares y tendenciosas que tenían como único fin" la compra de las baterías "a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único proveedor solvente".

En el caso de la investigación interna, cuyo informe comenzó a circular dentro del Ministerio de Defensa en 2015 y continuó en circulación con la actual gestión, también detectó que "los remitos que se adjuntan por cada entrega de materiales no coinciden ni con el número ni con el monto de las facturas acompañadas a las órdenes de pago, que ascienden a la suma parcial de 1.312.214 euros".
Según verificó LA NACION, además, varios de los funcionarios de la Armada que participaron en las contrataciones cuestionadas también habían participado en la contratación de Ferrostaal para adquirir una planta propulsora para la Fragata Libertad, que derivó en una investigación penal que quedó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide.

Por su parte, los investigadores también detectaron que los procesos de la Armada tanto para el submarino San Juan como para los ARA Santa Cruz y ARA Salta y la Fragata Libertad registraron varios puntos en común:

  • En las cuatro obras se contrataron las mismas empresas: Hawker y Ferrostaal;
  • En las cuatro contrataciones, además, se descartaron propuestas efectuadas por otras empresas;
  • En esos procesos se retrasaron las notificaciones a otras empresas que podían competir con los datos sobre las condiciones para presentar sus ofertas;
  • En esos procesos también se aceleraron los pasos administrativos, -sin cumplir con los requisitos y plazos- para adjudicar las contrataciones y firmar los contratos;
  • Se habrían adulterado ciertos tramos del expediente administrativo para darle visos de legalidad a la decisión que ya había sido tomada;
  • Se omitió analizar la razonabilidad de los montos que cotizaron las dos empresas proveedoras;
  • Después de la adjudicación, notificaron tarde o no notificaron a la principal empresa rival, lo que complicó que interpusiera impugnaciones.

El informe interno también recomendó a las máximas autoridades de Defensa avanzar sobre las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales de los responsables. Para eso aconsejó alertar a la Oficina Anticorrupción y que se radicara una denuncia penal contra oficiales y funcionarios de la Armada, "incluso contemplando la conexidad que en principio presentarían esos sucesos en relación con otros casos similares cuyas investigaciones se encuentran en trámite ante la justicia federal". Eso no ocurrió.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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