Desarrollo y Defensa - Portal de Seguridad

Breaking

Facebook

test banner

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

lunes, 24 de abril de 2017

Desarrollo y Defensa

Desarrollo y Defensa

Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades



Los millonarios contratos de Gils Carbó PropiedadesPor Nicolás Wiñazki - Clarin.com
El Ministerio Público, a cargo de Alejandro Gils Carbó, pagó por adelantado un contrato de alquiler de más de 22 millones e hizo cuantiosos gastos en reformas. No se controló la gestión.

El viernes empezó a funcionar en forma plena un órgano institucional que jamás lo había hecho desde que fue creado por ley, hace diecinueve años. Se trata de la Comisión Bicameral del Congreso que debe controlar las acciones del Procurador General de la Nación, o sea, el ente al que debería rendirle cuentas el jefe de todos los fiscales federales de la República Argentina. Ese organismo "debutó" con la convocatoria exitosa a la funcionaria que le da su razón de ser, la actual Procuradora, Alejandra Magdalena Gils Carbó.

Acechada por la Justicia, las denuncias de la prensa y la oposición, la jefa de los fiscales debió admitir que es posible que una inversión multimillonaria que realizó su gestión hace cuatro años pueda haber sido el eje de una trama delictual.

La operación bajo sospecha es la compra de la propiedad de una mansión en Perón 667, hoy la sede del Ministerio Público Fiscal. Es el edificio en el que Gils Carbó trabaja desde hace cuatro años. Por esta historia la jefa de los fiscales está imputada y será llamada a indagatoria en una causa judicial.

Clarín confirmó en base a informes de legisladores de la Coalición Cívica que le pidieron el juicio político a la Procuradora; y al chequeo de documentación pública de la Procuración, que hay otros edificios que Gils Carbó compró en nombre del Estado, alquiló y hasta remodeló varias veces sin razones lógicas o arquitectónicas; y sobre todo, sin que otro organismo estatal controlara cuánta dinero público gastó en esas tareas. El "caso Gils Carbó" recién empezó.

El primero que denunció las irregularidades de Gils Carbó en el Poder Judicial fue el fiscal Guillermo Marijuán. La causa en la que la Procuradora está imputada -rumbo a ser llamada a declaración indagatoria- es instruida por el fiscal Eduardo Taiano. El juez es Julián Ercolini. El expediente investiga por qué el hermano del subprocurador Guillermo Bellingi cobró una comisión extraordinaria (por lo alta) para el mercado de los martilleros por hacer de supuesto "gestor" de los vendedores de la mansión de Perón 667, en la que vivió la familia Bemberg, fundadora de la cervecería Quilmes.

Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades
Perón 667: en 2012, la jefa de los fiscales adquirió este edificio por 43 millones de pesos. Lucía Merle

Hasta el viernes pasado en el que se hizo presente en el Congreso, Alejandra Magdalena Gils Carbó era irreductible y no se dejaba controlar por casi nadie.

Por ley, los gastos y el accionar legislativo de la Procuración General de la Nación deben ser estudiados por la Auditoría General de la Nación (AGN). Pero Gils Carbó puso trabas desde asumió en su cargo para evitarlo.

Es paradójico, teniendo el cuenta el nombre de la agrupación K para el Poder Judicial que ella fundó con nombre idealista: "Justicia Legítima". El control de la AGN sobre la PGN está legitimado por la Constitución Nacional.

Según datos del propio Ministerio Público Fiscal, Gils Carbó manejó, desde el 2013 hasta el 2015, presupuestos anuales que en total sobrepasan los 7.500 millones de pesos.

Además del edificio de Perón 667 -por el que ya está imputada en la Justicia- hay otros ejemplos de manejos discrecionales de presupuesto público en el mercado inmobiliario sospechosos para los denunciantes de la jefa de los fiscales.

En un informe de la Coalición Cívica sobre el juicio político que se le podría abrir a Gils Carbó, se consigna que mediante la resolución 4201/15 del organismo de esa funcionario se determinó la renovación del alquiler de un edificio que la Procuración utiliza hace muchos años. Está ubicado la calle Tucumán 966. La renta de ese inmueble estaba pactada en 625 mil pesos mensuales. Pero el total del alquiler, dice el informe repitiendo la información de la Procuración, es de $ 22.500.000.

Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades

La Procuración pagó $22.500.000 por adelantado por el alquiler del edificio de Tucumán 966. Martin Bonetto

Matemáticas son matemáticas: $ 22.500.000 dividido doce meses da una renta mensual de $1.875.000.

Más allá de esa diferencia, que la Auditoría General de la Nación no podrá estudiar, ¿por qué se adelanta el alquiler de un inmueble del Ministerio Público Fiscal?

Clarín detectó además gastos en el edificio central de la Procuración General, el de Perón 667, por cifras millonarias o de cientos de miles de pesos, que tienen que ver con remodelaciones arquitectónicas o mantenimiento de equipos; o compras de insumos tecnológicos, o de trabajo.
Por ejemplo: la construcción de una Sala de Usos Múltiples (SUM) en el edificio de Perón 667; la renovación de sus cocheras; el recambio de alfombras y ascensores; o la instalación de aires acondicionados; o cientos de aparatos telefónicos.

Además de esos items, quizás transversales a los organismos públicos del Estado, se destaca en la gestión de Gils Carbó una licitación para comprar 100 "sillones gerenciales"; y "200 sillas operativas".

El empleado de Gils Carbó bajo sospecha tenía acceso a datos y causas por lavado de dinero
Para esa adquisición, se movió un expediente el 30 de marzo pasado. El costo de la compra de esos elementos de oficina, se estipuló en un millón setenta mil pesos.

Se trata de una compra mayorista, por lo que el fabricante o proveedor de esos sillones y sillas podría rebajarle el precio al Estado para vender sus productos. En la calle, o por la web, comprar 100 sillones gerenciales de buena calidad; y 200 sillas operativas, tiene un costo aproximado de 800 mil pesos.

La legisladora de Coalición Cívica Paula Oliveto le explicó a Clarín que "Gils Carbó maneja las cuentas de la Procuración de forma discrecional y sin rendir cuentas. Eso provoca que su gestión termina cargada de irregularidades que, en algunos casos, también pueden devenir en delitos".

Y agregó "El alquiler de inmuebles que hizo y hace la Procuración también son posiblemente irregulares, además de conformar un manejo pero absolutamente anti-económico de los fondos del Estado". Oliveto aseguró que personas que militan en el kirchnerismo son quienes resultaron beneficiados con las rentas de sus propiedades a la Procuración.

Hay un caso muy gráfico sobre los alquileres sin justificación -en los papeles al menos- que ordenó financiar Gils Carbó. La Procuración pagó millones de pesos durante meses por la renta de un edificio entero: sus oficinas nunca fueron ocupadas por nadie. Las de ningún piso.

Esa otra historia sobre este mismo caso. Ya se revelerá. Pronto.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

Leer Más
share on Twitter Like Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades on Facebook

Un cohete lanzado en Punta Indio tuvo problemas y se estrelló



Resultado de imagen para cohete lanzado en Punta Indio tuvo problemas(Clarin.com) - Ocurrió en una prueba del programa que desarrolla el primer vehículo nacional para poner satélites en órbita. Las imágenes de la explosión y la versión oficial del incidente. 

La explosión del cohete al caer a tierra en Punta Indio, el jueves último.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) probó un cohete VEX5A, un pariente de su prototipo Tronador, que pocos segundos después del despegue tuvo problemas y cayó a tierra, provocando una fuerte explosión. Ocurrió el jueves último a las 18, en la base del municipio bonaerense de Punta Indio.

La CONAE sólo informó del incidente minutos después de que Clarín consultara al organismo por lo sucedido. Entonces, reconoció que "el día 20 de abril de 2017, siendo aproximadamente las 18, se realizó la prueba del Vehículo experimental VEX5A, en la línea de desarrollo del lanzador satelital nacional TII-TIII", según indicó en un comunicado publicado en su sitio web.

"El comportamiento de todos los subsistemas de los segmentos de Vuelo y de Tierra fueron el 100% acordes al diseño, desde el encendido hasta los ocho segundos. Por ende el despegue y subsiguiente período de vuelo fueron nominales. Por razones aún bajo análisis a los seis segundos de vuelo se interrumpió el suministro de propelentes al motor", agregó.

En la web oficial de la CONAE también se muestra un video del despegue, pero no aparece el momento en el cual el cohete cae a tierra, video al cual tuvo acceso Clarín. Tanto ayer como hoy, antes y después de la difusión del video completo del lanzamiento, Clarín consultó al cuartel de bomberos de Punta Indio si habían tenido que acudir al lugar para apagar el incendio.

En ambas ocasiones, los bomberos aseguraron que no recibieron ningún alerta ni debieron acudir a la base.

"La CONAE tiene un equipo propio de contención de incendios para trabajar si llegara a haber algún problema. No obstante, si la situación se hubiera salido de control o hubiese ocurrido algún imprevisto, nos habrían contactado ya que somos la única fuerza de bomberos de la zona. No recibimos ninguna notificación del incendio", aseguró uno de los bomberos a cargo de la central.

También afirmó que en la ciudad estaban al tanto del lanzamiento y que "tampoco se comentó entre los habitantes que algo fuera de lo normal haya ocurrido".

El VEX5A transporta toneladas de hidracina, un combustible que se presume altamente cancerígeno, y cuya precipitación al suelo podría tener consecuencias en la salud. El desarrollo de estos cohetes lleva muchos años, con una inversión de 600 millones de dólares. En el municipio de Punta Indio, con costa en el noreste bonaerense, cerca de la Bahía de Samborombón, la CONAE ensambla y prueba los prototipos previos al lanzador Tronador II.

La base está ubicada sobre la costa, lejos de áreas urbanas. Desde allí, lanzan los vehículos experimentales que utilizan para probar los innumerables sistemas que los componen, y que están siendo desarrollados íntegramente en el país.

A futuro, cada uno de esos tramos formarán parte del Tronador II, que si todo se resuelve con éxito, será el primer cohete de fabricación nacional para poner satélites en órbita, una capacidad que hoy sólo tienen diez países en el mundo, a los que debe recurrir la Argentina cada vez que debe enviar al espacio sus satélites.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

Leer Más
share on Twitter Like Un cohete lanzado en Punta Indio tuvo problemas y se estrelló on Facebook

Las pensiones de los ex presidentes: un beneficio con algunas disparidades



Resultado de imagen para pensiones de los ex presidentesPor Romina Colman - LA NACION
En total hay cinco ex mandatarios y tres vices que perciben una asignación especial; Menem es el más beneficiado; Rodríguez Saá, pese a haber gobernado una semana, también cobra.

Cinco ex presidentes de la Nación y tres vicepresidentes cobran una pensión vitalicia especial por los cargos que ocuparon, según datos entregados a LA NACION por la Comisión Nacional de Pensiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Muchos, incluso, superan el salario que percibe actualmente Mauricio Macri.

Carlos Menem encabeza el listado con una pensión de casi $ 178.000 por mes. Fernando de la Rúa ocupa el segundo lugar con $ 176.443 y Adolfo Rodríguez Saá se ubica en el tercer puesto. El ex gobernador de San Luis es quizá uno de los casos más paradigmáticos: como la ley de jubilaciones y pensiones no establece un tiempo mínimo de permanencia en el cargo para tramitar la asignación, luego de haber ocupado la presidencia por siete días, el hoy senador nacional cobra una pensión de $ 158.334.

Para Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, "si bien es lógico que los ex presidentes reciban este tipo de beneficio, en el caso de Rodríguez Saá se plantea por un lado un tema moral, en cuanto a que estuvo poco tiempo a cargo de la Presidencia, además de haberlo estado en un momento muy particular de la historia argentina".

Luego de que el Gobierno confirmó en julio pasado que Cristina Kirchner percibía el beneficio como cónyuge y heredera de Néstor Kirchner, además de la pensión propia, el Ministerio de Desarrollo Social, a partir de un dictamen de la Procuración del Tesoro, suspendió desde noviembre de 2016 el pago de la pensión vitalicia asignada en su condición de ex presidenta.

En ese mismo procedimiento se la intimó a elegir entre la percepción del beneficio vitalicio derivado de Néstor Kirchner y la de ella. Como a la fecha no hizo uso de esta opción, se le dio de baja la pensión que le correspondía por haber sido presidenta.

El dictamen de la Procuración del Tesoro también intimó a "requerir la devolución de los montos percibidos de más y, eventualmente, iniciar las acciones judiciales que resultaren necesarias". En el caso de que Cristina Kirchner elija mantener la pensión de Néstor Kirchner, el monto a devolver, de acuerdo a lo depositado hasta octubre de 2016 y según datos de la Comisión Nacional de Pensiones, asciende a $ 1.479.556. Actualmente Cristina cobra 153.174 pesos mensuales de la asignación derivada de Néstor Kirchner.

En total, cuatro de los cinco ex presidentes superan el salario neto de Macri, que de acuerdo a los últimos datos difundidos por el Gobierno es de $ 114.000 mensuales.

El caso del ex vicepresidente Amado Boudou también presenta algunas particularidades. Inició el trámite de su pensión a principios de 2016, pero a la fecha no comenzó a percibir su asignación. Por este motivo presentó un amparo ante la Justicia. Desde Desarrollo Social informaron que si bien ya envió toda la documentación requerida, luego "fue necesario adaptar el trámite a las normas sobre expediente electrónico y firma digital". Además, agregaron que debido a los cambios en el ministerio y en la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, "se debió adecuar el proyecto de resolución correspondiente".

Entre los beneficiarios de pensiones vitalicias presidenciales que menos cobran, se encuentran Bety Nelly Andrés, esposa de Roberto Levingston, quien recibe $ 114.316 por mes, María Estela Martínez de Perón (que reside en España), con una asignación de 101.216 pesos mensuales, y Amalia del Carmen Guido, hija del presidente José María Guido, con $ 99.390.

Para el caso de los ex vicepresidentes, Víctor Martínez, quien acompañó a Raúl Alfonsín en el gobierno, se ubica en el podio con $ 125.542 mensuales, seguido de cerca por Julio Cobos, quien recibe $ 124.343 y Daniel Scioli, quien inició el trámite de su pensión al dejar su cargo como gobernador y cobra $ 94.508.

Pagos retroactivos

Según datos de la Comisión Nacional de Pensiones, como resultado de un recurso presentado ante la Justicia, De la Rúa cobró un monto retroactivo de 479.681 pesos.

A Rodríguez Saá también se le liquidó un saldo a agosto de 2007 porque, según informan desde la cartera de Carolina Stanley, "se le aplicó la prescripción de cinco años desde la petición de la pensión".

Julio Cobos confirmó a LA NACION el cobro retroactivo de $ 1.123.119 netos, y explicó que "por decisión propia y de su familia" donó en su totalidad a Cáritas Mendoza, Fundación Conin, Vínculos en Red Asociación Civil y al comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, entre otras instituciones. Además, el ex vicepresidente de Cristina también dona su dieta como senador para un programa educativo que él mismo creó y da becas a estudiantes de Ingeniería de universidades nacionales.

Como los montos de las pensiones se definen en relación a las remuneraciones de los jueces de la Corte Suprema, las diferencias en las percepciones se deberían a los distintos componentes de los salarios de los primeros.

Por ese motivo, el total del haber mensual también puede contemplar bonificaciones por antigüedad y permanencia. Los ex presidentes y vicepresidentes que no figuran en esta enumeración no perciben pensión alguna porque no realizaron los trámites correspondientes.

La normativa no sólo contempla la posibilidad de trámite de asignaciones para ex presidentes y vices, sino también para jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con al menos cuatro años en el cargo. LA NACION data presentó en marzo pasado una solicitud de acceso a la información pública en el Consejo de la Magistratura para conocer los montos y los nombres de los que perciben el beneficio, pero al cierre de esta nota el pedido no fue respondido.

La Argentina no es el único país de la región en el que los presidentes pueden cobrar pensiones vitalicias al dejar el gobierno. Chile, Colombia y Perú cuentan con regímenes similares.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

Leer Más
share on Twitter Like Las pensiones de los ex presidentes: un beneficio con algunas disparidades on Facebook

Apartaron al jefe de la Policía de la Ciudad



Potocar asumió en enero como jefe de la Policía de la CiudadPor Gabriel Di Nicola - LA NACION
El comisario José Potocar es investigado en una causa por corrupción. Potocar asumió en enero como jefe de la Policía de la Ciudad. Foto: Archivo 

El primer jefe de la flamante Policía de la Ciudad fue suspendido anoche de forma preventiva. La decisión fue tomada por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, luego de conocer que el comisario José Potocar fue alcanzado por una investigación iniciada por presuntos hechos de corrupción en la comisaría 35a.

La decisión fue confirmada en un comunicado oficial. No fue nombrado un reemplazante porque Potocar está por ahora suspendido hasta que se aclare su situación procesal en una causa seguida por el fiscal José María Campagnoli.

De todas maneras, las autoridades de la Ciudad sintieron el impacto de tener que apartar en estas circunstancias al jefe designado en enero pasado.

"El Ministerio de Justicia y Seguridad informa que el gobierno dispuso la suspensión preventiva del jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, para preservar una investigación judicial en la que está mencionado", se informó anoche en un comunicado. Tras ser apartado Potocar de la Jefatura de la Policía de la Ciudad, la conducción de la fuerza porteña continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D'Alessandro, según se informó en el comunicado de prensa.

En esa información oficial se detalló que la decisión, adoptada por medio del decreto 139/17 del jefe de gobierno porteño por recomendación del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, preserva el principio de inocencia de Potocar y se adopta hasta tanto se resuelva su situación procesal.

"La suspensión de Potocar se producirá hasta tanto se clarifique y resuelva su situación procesal, con el objetivo de preservar el principio de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública en la órbita de la Ciudad y garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones judiciales", se explicó en el comunicado.

Para las principales autoridades porteñas significó un golpe duro la salida, por ahora transitoria, del hombre que había sido elegido para conducir la unificación de una parte de la Policía Federal con la Policía Metropolitana. La visión en los despachos oficiales apunta a que cualquier cuestionamiento judicial sobre los actuales conductores policiales hace referencia al pasado cercano, pero no implica la existencia de actos de corrupción en el actual sistema de seguridad porteño.

Más allá de las explicaciones oficiales, la suerte de Potocar pareció estar resuelta tras una allanamiento concretado este mes en la sede de la Policía de la Ciudad. Entre las exigencias judiciales apareció el pedido de entrega del legajo de Potocar. Todo olfato político sintió que algo podía explotar pronto y muy cerca.

La investigación

La causa tomó velocidad en septiembre del año pasado, cuando el fiscal Campagnoli pidió la detención del comisario Norberto Villarreal, jefe de la comisaría 35a. En noviembre pasado el juez de instrucción porteño Luis Farías hizo lugar al pedido del Ministerio Público fiscal, pero desde ese momento Villarreal está prófugo.

Se sospecha que en la comisaría había una asociación ilícita que desde la comisaría 35a extorsionaba a comerciantes de Núñez y Saavedra a cambio de una seguridad "privilegiada". También se investiga si dejaban trabajar a los "trapitos" a cambio de dinero.

En ese momento, Potocar era jefe de la Dirección General de Comisarías. Estaba directamente por encima de todos los comisarios con mando en las seccionales. Hace 24 días fue detenida Susana Aveni que llegó a ser comisario inspector de la Policía Federal Argentina.

Un uniformado que trabajaba en esa seccional declaró como testigo. Contó que ciertos comercios aportaban en forma periódica y sistemática grandes sumas de dinero exigidas por el comisario [Villarreal]. Y que parte de la recaudación de la «caja negra» era distribuida a órganos superiores, como la Circunscripción VII (que encabezaba Aveni), la Dirección General de Comisarías -que para los investigadores figura en un manuscrito secuestrado como DGC- y la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal.

"Se han podido comprobar el espurio pago que era recibido a contramano de los mandatos legales y, además, las evidentes contraprestaciones que brindaba la cúpula de la comisaría 35a. para garantizar la perpetuidad de sus ingresos", explicó Campagnoli en su dictamen donde pidió la detención de Villarreal.

El año pasado, en un allanamiento en la comisaría 35a. se secuestró en la oficina de Villarreal un cuaderno en el que había anotaciones hechas a mano; según los investigadores, era el registro de la distribución de la recaudación ilegal. Uno de los apodos consignados hacía referencia a Aveni. Cuando comenzó la investigación, Susana Aveni era la jefa de la Circunscripción VII. Tras el traspaso del área de Seguridad Metropolitana de la Federal a la órbita porteña, se convirtió en comisionada mayor y quedó a cargo del Departamento de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad.

En la causa ya están procesados el sargento 1° Adrián Otero, el cabo Alejandro Malfetano, el sargento Sergio Ríos y el suboficial escribiente Marciano Quiroga. El subcomisario José Alberto Codaro, al igual que Villarreal, está prófugo.

A principios de mes fueron detenidos el comisario Marcelo Stefanetti y el subcomisario Hernán Kovacevic. Hasta su detención, Kovacevic prestaba servicios en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y Stefanetti se desempeñaba en el área de Comando y Control de la Policía de la Ciudad. Stefanetti fue procesado por el juez Farías. El magistrado decretó la falta de mérito de Kovacevic. Ahora el escándalo de la recaudación ilegal en comisarías rozó, al menos, a Potocar.

Un escándalo que afectó a varios oficiales

  • La investigación sobre un posible sistema de corrupción policial llevada adelante por el fiscal José María Campagnoli provocó varios dolores de cabeza para las autoridades porteñas, que observan como oficiales importantes de la nueva fuerza de seguridad caen frente los testimonios y pruebas tomados en ese expediente que se sustentó alrededor de los negocios descubiertos en la comisaría 35a.
  • La suspensión preventiva del comisionado José Potocar tiene su impacto por tratarse del jefe de la recientemente creada Policía de la Ciudad, pero otros oficiales quedaron antes en la mira de la Justicia. La comisionada Susana Averi fue arrestada el mes pasado. Era la jefe de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad. Pero la causa que la tiene como procesada es parte de la herencia recibida por la nueva fuerza. El año pasado Averi era la jefa de la Circunscripción VII de la Policía Federal. También fue arrestado el comisario Marcelo Stefanetti, integrante del Comando y Control de la fuerza porteña. También por actos previos a la fusión de los 19.300 agentes de la Policía Federal con los 6000 efectivos de la Policía Metropolitana.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

Leer Más
share on Twitter Like Apartaron al jefe de la Policía de la Ciudad on Facebook

Penas de cárcel para piqueteros violentos



Joaquín Morales SoláPor Joaquín Morales Solá - LA NACION
Hace unos meses, las imágenes de televisión mostraron a un grupo de manteros que corrían agresivamente a un patrullero policial. Parecía una sátira. Fue risible si no hubiera sido también lamentable y dramático. Hace poco, en los días de la epifanía piquetera, se vieron grupos de personas, por lo general con la cara cubierta, arremeter violentamente contra las fuerzas de seguridad. Un gendarme resultó con un ojo seriamente herido en las recientes refriegas para desalojar la Panamericana.

Durante 12 años, las fuerzas policiales fueron agredidas por manifestantes, y también lo están siendo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Una negociación avanzada ahora entre la administración de Macri y sectores del peronismo (en el Senado, fundamentalmente) promueve una dura modificación del Código Penal para elevar las penas de los que agredan o desobedezcan a integrantes de las fuerzas de seguridad. Un agravante que aumentará las penas será la agresión o la rebeldía con la cara cubierta. En las últimas manifestaciones apareció un grupo, que se autodenomina Resistencia Piquetera, cuya singularidad consiste en que todos sus integrantes llevan el rostro oculto. Esa modalidad es una advertencia inconfundible de que se está por cometer un delito. ¿Para qué, si no, esconderían la cara?

De esa negociación participan cuatro interlocutores, por ahora.

Los ministros de Justicia y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, y los senadores Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. La presencia de este último permite agregar a un quinto protagonista: el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, jefe político del peronismo salteño. No se estableció todavía quién presentará formalmente el proyecto en el Senado. Podría ser el peronismo, a través de Urtubey, o el propio gobierno. El dato significativo es que tanto el oficialismo como la oposición seria concluyeron que la calle no puede ser propiedad de piqueteros sin límites ni medidas.

El objetivo final del proyecto es que la ley, más que la represión, sea la que termine disuadiendo a los violentos. El temor a la cárcel existe entre piqueteros y sindicalistas. ¿Ejemplo? En los días de fiesta piquetera de hace un mes, nunca apareció Fernando Esteche, el líder de la violenta agrupación Quebracho. Esteche está en libertad condicional y regresaría a la cárcel si fuera detenido por cometer un nuevo delito. Un caso aparte es el de la Justicia. La modificación del Código Penal busca también dejar sin alternativas a jueces demasiado benevolentes. Muchas veces las fuerzas de seguridad recibieron la orden judicial de no actuar ni detener a los autores de delitos cometidos en el marco de protestas sociales. Jueces y fiscales proclamaron que se corría el riesgo de un uso indebido de la fuerza del Estado.

Los autores del proyecto aclararon que éste "no busca criminalizar la protesta ni limitar o impedir el derecho a manifestarse". Pero tales manifestaciones sociales deberán hacerse pacíficamente y dentro de la legalidad. La idea (y la negociación) surgió después de que la administración y la oposición responsable constataran que se mezclaban en el espacio público el reclamo genuino con las operaciones desestabilizadoras. La CGT, por un lado, que pidió autorización para exponer sus críticas y hacer su acto, aunque éste se desmadró luego. Por el otro, los piqueteros con la cara cubierta o grupos violentos de izquierda, como los que terminaron arruinando la concentración cegetista. El problema se agrava porque los recursos actuales del Código Penal son muy limitados para llevar ante la Justicia a los grupos violentos.

En concreto, el proyecto que circula entre los negociadores aumenta a entre tres y seis años de prisión la pena para el que intimide o agreda a un funcionario público y a las fuerzas de seguridad que le presten asistencia. La pena será de cuatro a ocho años de prisión si la agresión se diera en el contexto de un piquete o se usaran armas, palos, proyectiles o material explosivo. Esta última y más elevada pena de prisión se aplicará para los que usen contra las fuerzas de seguridad algún vehículo.

El proyecto también prevé penas de seis meses a un año de prisión para el que desobedezca una orden de cumplimiento inmediato emanada de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Esto es: para desalojar un piquete o cualquier obstrucción de la vía pública. La pena se elevará de uno a tres años de prisión si, además, empleara la fuerza o la intimidación para resistir la orden. La pena aumentará de dos a cuatro años de prisión si los culpables ocultaran su rostro o si tocaran con sus manos a las autoridades. Por autoridades se entiende a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

La reforma está inspirada en legislaciones vigentes en Colombia, Chile, Uruguay, Perú y España. Y tiene antecedentes en anteproyectos de modificación del Código Penal de 2006 (gobierno de Néstor Kirchner) y 2012 (gobierno de Cristina Kirchner). También un proyecto parecido de reforma fue presentado en 2015 por diputados nacionales del massista Frente Renovador.

La participación de Pichetto y Urtubey consolida una mayoría en el Senado, donde el Gobierno está en franca minoría. El oficialismo espera sumar en la Cámara de Diputados a Sergio Massa y, quizás, a Diego Bossio. Primero el proyecto deberá ser aprobado por el Senado. Desde ya, esta modificación del Código Penal será duramente criticada por los partidos de izquierda y por los movimientos sociales. Si el Congreso finalmente aprobara la modificación, se acabaría con un enorme margen de impunidad para trastornar el espacio público. Cierto orden en las calles y rutas fue una promesa electoral de Macri, pero es también una ambición del peronismo que aspira a recuperar el Gobierno. En rigor, sólo el peronismo kirchnerista fue extremadamente condescendiente con el desorden público; el peronismo menemista no lo fue. Tampoco Perón, cuando estuvo en el gobierno, fue comprensivo ni tolerante con los disturbios en el espacio público.

La falta de respuesta del Estado en estos años a la violencia piquetera se respaldó en dos argumentos. Uno refiere al derecho a la protesta y a la defensa a ultranza de la política de no reprimirla, sobre todo cuando reclama por cuestiones sociales. El otro es más político y difícil de probar: desde Néstor Kirchner hasta Rodríguez Larreta se escuchó el razonamiento de que las fuerzas de seguridad podían tirarle un muerto al Gobierno. Es cierto que hay policías provinciales, como las de Buenos Aires y Neuquén, que no hacen nada o, cuando hacen, terminan con uno o dos muertos. Son emblemáticos los casos de Kosteki y Santillán, en Buenos Aires, y del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén.

La Gendarmería, a su vez, siempre desmintió que fuera culpable de la muerte de dos activistas, en diciembre de 1999, durante el desalojo del puente que une Chaco con Corrientes. Es, en efecto, un problema más de la impericia (o de las conspiraciones) de las policías provinciales que una cuestión generalizada de las fuerzas de seguridad. Entre muertos reales y eventuales, entre el temor de la política y la parálisis de las fuerzas de seguridad, se fue consolidando una cultura según la cual todo es posible. Desde obstruir autopistas (donde los automovilistas quedan definitivamente atrapados) hasta escupirles y pegarles a policías, gendarmes y prefectos.

Otro proyecto de reforma del Código Penal, esta vez del Gobierno, limita seriamente el delito de sedición y amplía los márgenes de la libertad de expresión. En verdad, el director de la División América de la prestigiosa organización de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió en su momento a Macri que derogara el delito de sedición. Fue cuando protestó por la prisión de Milagro Sala. El Gobierno está negociando ahora con esa organización y con Amnesty International las modificaciones al Código Penal que prevé proponerle al Congreso. En síntesis, el proyecto estipula que en ningún caso podrán interpretarse como un delito de sedición las expresiones o los hechos que se efectúen en el ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

En este caso, el Gobierno toma distancia velozmente de la experiencia venezolana, donde Nicolás Maduro mete presos a sus opositores por la mera sospecha de que quieren tumbarlo. O de lo que podría haber sido el cristinismo si hubiera continuado en el poder. También Cristina Kirchner apelaba a la supuesta sedición cuando alguien le decía que no. Vagamente redactado, el delito de sedición es una herramienta eficaz para los gobiernos autoritarios que tienen la eternidad como meta.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

Leer Más
share on Twitter Like Penas de cárcel para piqueteros violentos on Facebook

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Post Top Ad

Responsive Ads Here