martes, 29 de noviembre de 2016

Desarrollo y Defensa

Desarrollo y Defensa

China se endurece con Macri y le pone exigencias para financiar nuevas obras



Los ministro Prat Gay y Malcorra.Por Antonio Rossi - LPO
Las gestiones por más préstamos chocaron con un ultimátum chino por la indefinición de la central Belgrano II.


Foto: Los ministro Prat Gay y Malcorra.
La creciente inquietud que sobrevuela en la administración macrista por la demora que registran las tan promocionadas y anunciadas inversiones en infraestructura sumó un nuevo motivo de preocupación proveniente de China.

Las gestiones oficiales desplegadas en los últimos quince días por el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Félix Martín Soto, con el fin conseguir nuevos financiamientos para cuatro proyectos energéticos chocaron con una inesperada negativa de las autoridades del Eximbank y de los representantes del gobierno de China.

Con el visto bueno del presidente, Mauricio Macri y del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, Soto fue a golpear las puertas del Eximbank y del gobierno chino en busca de "créditos preferenciales" para poder poner en marcha los proyectos energéticos de la Central Hidroeléctrica El Tambolar—adjudicada al consorcio de Techint y Panedile, con la participación de Power China—, la ampliación del parque eólico Arauco en La Rioja, la instalación de un parque solar en Jujuy y la represa neuquina Chihuido, a la cual se le cayó el financiamiento que tenía de Rusia, como anticipó LPO.
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Las gestiones del subsecretario Félix Soto para conseguir nuevos créditos se toparon con una pared: El gobierno de China quiere que se reactive la obra de la central Belgrano II que costará u$s 1.122 millones y ganó el grupo CNTIC.

Ante el planteo del funcionario local, tanto el Jefe del Eximbank en América Latina, Yang Jing, como el embajador chino en Buenos Aires, Yang Wanming respondieron con una especie de ultimátum: antes de negociar nuevos financiamientos, el gobierno argentino debe resolver que hará con el crédito comercial que tiene preacordado desde 2015 para la construcción de la central térmica Manuel Belgrano II (CTMBII). Se trata de un préstamo del Eximbank enmarcado en la asociación estratégica entre ambos países por 1.122 millones de dólares para financiar el 85% del monto total de la usina bonaerense.

La ejecución de la obra y la provisión de los equipos había sido adjudicada el año pasado por la administración kirchnerista a un consorcio liderado por el grupo chino CNTIC que lleva como socia a la desprestigiada firma kirchnerista Electroingeniería. La CTMBII es una central de ciclo combinado proyectada en la zona de Campana que prevé aportar al sistema eléctrico una potencia de 810 MW.

Como casi todas las licitaciones de grandes obras que vienen de la era K, la correspondiente a la CTMBII arrastra una historia polémica. El proceso licitatorio había arrancado a fines de 2011 y recién un año después, en noviembre de 2012, se procedió a la apertura de las dos ofertas que estaban en juego: una de Electroingeniería por 4.589 millones de pesos y la otra, de la dupla IECSA-Isolux por 5.221 millones de pesos.

En agosto de 2014, la empresa estatal Enarsa le adjudica la usina que había sido licitada bajo el esquema tradicional de "obra pública llave en mano" a Electroingeniería. Pero casi de inmediato y con el aval del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, la firma cordobesa que manejan los empresarios K. Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta arrimaron una propuesta de financiamiento de China por el 85% del proyecto que estaba condicionada a la cesión mayoritaria del contrato al grupo CNTIC.

El cambio y el ingreso de los chinos fue aprobado por el directorio de Enarsa en junio de 2015 y tras el pago de un anticipo financiero de 103 millones de pesos se iniciaron las negociaciones entre el ministerio de Economía y el Eximbank de China para acordar la letra chica de la asistencia crediticia.

Luego del desembarco macrista en la Casa Rosada, la nueva conducción de Enarsa encabezada por Hugo Balboa decidió congelar el proyecto, pese a que la empresa estatal ya había adquirido en Campana y a cambio de 5 millones de dólares el predio para construir la usina.

Si bien el Eximbank chino y la cartera de Economía habían reanudado las negociaciones a mediados de este año, los funcionarios locales no mostraron mayor interés en acelerar los trámites pendientes del crédito para la CTMBII. Pero ahora, el emplazamiento de los funcionarios chinos obligará al Gobierno a afrontar el costo político de aceptar o rechazar ese préstamo. Si lo toma, estará convalidando la cuestionada actuación de la administración K. Y si lo deja caer, demorará más de la cuenta las nuevas negociaciones que tiene en carpeta para que China siga financiando obras energéticas y de infraestructura.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Cada treinta horas detienen a un policía de la Bonaerense



Comisarios y oficiales (de izq. a der.): Camerini, Skramowskyj, Carballo, Frare, Cuenca. Por Leonardo Nieva - Perfil.com
Esta semana fueron apresados nueve efectivos de La Plata acusados por "asociación ilícita". Desde diciembre suman 255, entre ellos 27 miembros de alto rango. Crecieron las denuncias y los sumarios.


Comisarios y oficiales (de izq. a der.): Camerini, Skramowskyj, Carballo, Frare, Cuenca. Foto: Cedoc

Julio Sáenz era el único jefe policial que no se había entregado el miércoles pasado, cuando un fallo de la Cámara de Apelaciones convalidó las detenciones de nueve policías platenses acusados de recaudar dinero ilegal. No había abandonado la capital provincial, pero sí su domicilio particular. Estaba oculto en el departamento de su novia, en pleno centro de la ciudad. Sáenz no ofreció resistencia y enseguida pasó a convertirse en el policía Nº 255 que es detenido desde el 10 de diciembre pasado, cuando asumió el ministro Cristian Ritondo.

Los registros que lleva la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Guillermo Berra, revelan que un integrante de la fuerza más numerosa del país es detenido cada treinta horas. Alarmante.

Según estos datos, al menos 27 son de alto rango y ocupaban puestos importantes cuando fueron esposados. En la lista figuran tres comisarios mayores y dos inspectores. También once comisarios y once subcomisarios, muchos de ellos a cargo de comisarías.

Darío Camerini, por ejemplo, estaba a cargo de la Jefatura Departamental de La Plata en abril pasado, cuando en un sorpresivo operativo de Asuntos Internos en el despacho de su secretario, el oficial principal Walter Skramowskyj, secuestraron 36 sobres numerados con 153.700 pesos.

Este comisario inspector, detenido el miércoles último, ocupaba un lugar de peso en la fuerza. La sede de La Plata, por su cercanía con la gobernación, es un verdadero trampolín para llegar al máximo cargo de la fuerza, como ocurrió con Juan Carlos Paggi, jefe de la Bonaerense entre los años 2009 y 2011.

La acusación contra Camerini no sólo puso al descubierto el aparato de recaudación ilegal de la Policía de la Provincia, sino que desmembró la estructura de poder de la Policía platense. La primera denuncia anónima que había recibido la Auditoría de Asuntos Internos, en febrero pasado, indicaba que este jefe policial recibía 200 mil pesos todos los meses de parte de los titulares de los cuatro distritos platenses. Un mes después un policía habló de la misma práctica y aportó que el comisario investigado poseía "varias propiedades" y que invertiría "dicho dinero en agencias de autos".

Para la Justicia, Camerini sería el líder "de una asociación con el propósito colectivo de cometer delitos, en perjuicio de distintas personas del ámbito jurisdiccional perteneciente a dicha Jefatura".

En el fallo de la Cámara de Apelaciones se destacó que los policías "tenían un acuerdo previo, verbal y al menos tácito,  para constituir la organización delictual y ello puede inferirse a partir de la remisión de los sobres con el dinero y las misivas insertas en ellos, donde todos los remitentes y los destinatarios dieron cuenta de un acuerdo de voluntades, y de una organización con división de roles, tareas y funciones para realizar las actividades ilegales, donde el acuerdo no ha sido meramente transitorio sino duradero".

Afuera. Camerini es uno de los 2.697 policías que fueron apartados de la fuerza. Entre el 10 de diciembre y el 15 de noviembre pasado fueron suspendidos otros 766 efectivos.  

Según las fuentes consultadas por PERFIL, el número de apartados se triplicó respecto al mismo período del año anterior.  Además, se duplicó la cantidad de denuncias a policías por mal desempeño o irregularidades: de 17.200 denuncias recibidas en 2015, se pasó a 35 mil.

En cuanto a los sumarios administrativos, se detalló que se iniciaron 7.514 en 2016, casi el doble que el año anterior (4.200).  En las últimas horas, dos de las máximas autoridades policiales de la ciudad de Saladillo fueron relevadas de sus cargos: el jefe distrital José María Zunino y el comisario local Juan Negrete.

A estos policías los acusan por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la compra de combustible para patrulleros y otros móviles policiales, una práctica bastante habitual en una fuerza con muchas manchas.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Invap, la empresa que los franceses vinieron a buscar



Energía eólica. Las paletas también se construyen en Bariloche.Por Silvia Naishtat - Clarin.com
Socios. Sus rivales de Areva les plantearon asociarse para dos reactores en Sudáfrica.
Inspirado durante su formación en Estados Unidos, el físico Conrado Varotto, egresado del Balseiro, volvió a Bariloche con la idea fija de crear un polo de empresas de alta tecnología. Pensaba en grande. Y había sido testigo del surgimiento de lo que hoy conocemos como el Silicon Valley. Así nació Invap.
Foto: Energía eólica. Las paletas también se construyen en Bariloche.

Corría 1976, un año trágico para la Argentina. Pero lejos de ser parte de un proyecto militar, Invap representó desde sus inicios. con un magro capital de US$200.000, el esfuerzo de un grupo de científicos por aplicar sus conocimientos. Empezaron fabricando esponjas de circonio, un elemento que se utiliza en aplicaciones nucleares. Varotto dirigió la empresa, que pertenece a la provincia de Río Negro, durante 20 años. Su sucesor y también su discípulo, Héctor Otheguy, se convirtió en su CEO y la dirige desde entonces.

En 1985 firmaron el primer contrato de exportación de importancia. Era un reactor nuclear y el primero que se vendía llave en mano, a los argelinos. Se trató del reactor de investigación OPAL.
Ese gran salto no sólo los colocó en el firmamento internacional. También los impulsó a ampliarse hacia lo aeroespacial. Y emprendieron una carrera vertiginosa, con la fabricación de satélites de observación y de comunicaciones, y radares para el control aerocomercial y de seguridad de fronteras.

INVAP contabiliza actualmente un patrimonio de US$50 millones, una facturación de US$200 millones y 1.420 empleados entre científicos y técnicos.

En 2010 inauguraron la sede central luego de trabajar en 20 sedes distintas por los barrios periféricos de Bariloche. "Nunca tuvimos un presupuesto estatal, vivimos de lo que vendemos y reinvertimos todas las utilidades", explica Otheguy. Ahora está en juego un contrato por US$350 millones para Sudáfrica. La novedad es que se presentan junto a Areva, sus competidores franceses. "Ellos son protagonistas de la industria nuclear global y nos vinieron a buscar para la construcción de dos reactores nucleares, uno de potencia para generar electricidad y otro de investigación, que será utilizado para la fabricación de radioisótopos medicinales", dijo orgulloso Otheguy. 

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Copa Davis: Gracias muchachos



Federico Delbonis, Guido Pella, el capitán Daniel Orsanic, Leonardo Mayer y Juan Martín Del Potro, el equipo campeón y la esquiva Copa Davis, que en Zagreb por fin se rindió
Objetivo cumplido...
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Investigan contratos y el manejo de la publicidad en Yacyretá



Resultado de imagen para YacyretáPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION
La actual administración descubrió transferencias de fondos durante la gestión kirchnerista a organizaciones sociales que no existían.


ITUZAINGÓ.- Esta ciudad fue bendecida por una naturaleza exuberante. En el subsuelo no hay petróleo ni gas, las dos fuentes primarias de energía más populares de la Argentina, pero en la superficie el río Paraná recorta un terreno verde subtropical y converge en un punto que permitió construir Yacyretá, un gigante de hormigón, acero y tecnología que produce el 14% de la energía eléctrica que consume la Argentina.

Diez meses después de tomar la conducción de esta emblemática empresa (que fue bautizada "monumento a la corrupción" en los años 90, pero hoy es impensable el funcionamiento del sistema eléctrico sin ella), las nuevas autoridades de Yacyretá, la mayor generadora eléctrica del país, aún no consiguen entender la contabilidad del kirchnerismo.

Según Humberto Schiavoni, presidente por la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la empresa (la misma estructura se repite del lado paraguayo, dueño de la mitad del emprendimiento), el gobierno de Cristina Kirchner había aprobado para este año un presupuesto de US$ 1432 millones, sin especificar el origen de los fondos, dado que la mayor parte no estaban considerados en ninguna partida presupuestaria. Su gestión redujo esa cifra hasta US$ 583 millones sin bajar el volumen de las inversiones, sino incluso contemplando un plan de crecimiento de la capacidad de generación eléctrica de la central.

Sin fiscalizar

El abismo de un lado y de otro se explica, según Schiavoni -que también es presidente de Pro y define junto con otros miembros del partido del presidente Mauricio Macri el armado político de cara a las elecciones del año próximo-, porque sus antecesores montaron una estructura compuesta por "una multiplicidad de gastos injustificados sin fiscalización". Así lo sostuvo en esta ciudad, en el marco de un encuentro con periodistas de distintas provincias.

Dio algunos ejemplos: la EBY puso unos $ 80 millones en ayuda para unas 12.000 personas. Cuando la nueva gestión quiso identificar a los beneficiarios, la mayoría no se presentó, por lo que el número se redujo a 3500 personas.

También encontró transferencias a organizaciones sociales que debían usar esos fondos para el financiamiento de jardines de infantes y comedores. Cuando la nueva gestión revisó las cuentas, encontró que de 79 entidades declaradas sólo existían 20. Son datos que están en una denuncia penal que la compañía presentó en los tribunales de Posadas. Otra parte del ahorro vino por el recorte de 128 contratos, la suspensión de acuerdos de trabajo con consultoras y el recorte del 75% de la publicidad, una partida que se destinaba en un 90% al diario Tiempo Argentino y al canal de cable CN23 (ambos pertenecían al grupo Szpolski). "Nos encontramos con una organización obsoleta en cuanto a los procesos de gestión", dijo el ejecutivo.

Además del revisionismo, la nueva gestión presentó un plan a futuro. Uno de los puntos contempla la instalación de tres nuevas turbinas en Aña Cuá, uno de los brazos de este complejo hidrológico, con capacidad para generar 275 MW adicionales. La inversión, de US$ 550 millones, permitiría producir tres cuartas partes de lo que hoy aporta la central atómica Atucha I, para poner un ejemplo. Otra iniciativa contempla la instalación de otras tres turbinas que sumarán 465 MW en la propia central, con una inversión de US$ 930 millones.

Para Schiavoni, ambos proyectos dependen de un punto crucial: "Tenemos que ponernos de acuerdo con Paraguay", resumió.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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El empleo público creció y alcanzó el nivel que dejó el kirchnerismo



Mauricio MacriPor Marcelo Silva de Sousa - LA NACION
Pese a los recortes que hubo en los primeros meses de la gestión de Mauricio Macri, la planta de empleados en los niveles nacional, provincial y municipal se incrementó 1%, a 3.458.448 personas; descartan más cesantías este año


Considerada como una de las "bombas de tiempo" que dejó la gestión de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri, desde que asumió, se propuso terminar con un "Estado sobredimensionado" por su abultada plantilla de empleados públicos. Pese a la intención oficial y a las cesantías llevadas a cabo en los primeros meses del año, el empleo público continúa creciendo y ya alcanzó el nivel de diciembre de 2015. En el Gobierno niegan que hacia fin de año pueda haber una nueva "oleada" de despidos.

Los datos surgen del informe "Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal", elaborado por el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca. Las estadísticas, que llegan hasta junio de este año, abarcan los estamentos nacional, provincial y municipal, y muestran que, desde que asumió Macri, la plantilla de empleados públicos creció un 1%.

Si bien se produjo una fuerte desaceleración en el ritmo de expansión de personal -en el mismo período del año anterior había alcanzado un 3%-, la tendencia sigue siendo creciente en los tres estamentos. En junio, el total de puestos de trabajo registrados en el sector público ascendió a 3.458.448. La mayor parte corresponde al ámbito provincial (2.277.662), que concentra el 66%. Luego, el ámbito nacional (739.097), que reúne el 21%, y, por último, el municipal (441.689), un 13%.

Después de una caída en enero, provocada por la política de revisión de contratos que ejecutó el Ministerio de Modernización -que redundó en 10.622 cesanteos- y por el recambio de autoridades en las distintas administraciones, el número de trabajadores creció durante todos los meses del año. El único estamento que tuvo una reducción mínima fue el nacional, de 0,4% -casi 3000 puestos de trabajo menos-. Sin embargo, la caída fue en enero y esa diferencia fue compensándose con la incorporación de empleados en los meses subsiguientes.

Fuentes cercanas al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, justificaron a la nacion: "En lo que tenemos injerencia directa, que son los 23 ministerios y las dependencias estatales, como el PAMI, la AFIP y el Incaa, redujimos la plantilla un 5%". Se trata de un universo de 220.000 empleados, sobre el total de 739.000 que corresponden a la Nación. Así, atribuyeron el alza a sectores descentralizados, como universidades, empresas del Estado, los poderes Judicial y Legislativo y las fuerzas de seguridad.

La evolución del trabajo formal en los últimos cinco años muestra claras diferencias cuando se lo separa entre el sector público y privado. El objetivo del Gobierno, explicaron fuentes cercanas a Triaca, es que hacia fin del mandato, en 2019, las curvas de empleo registrado privado -amesetada desde 2011- y pública -en franca suba durante los últimos años- se hayan "intercambiado".

El ranking de las provincias donde hubo más crecimiento de empleados en el último año lo encabezan Chubut, Chaco y Neuquén, con subas superiores al 5%. Sus contrapartes son la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde las subas en el último año estuvieron cerca del 2%.

Uno de los asteriscos del informe que elaboró Trabajo es Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner. Es que la información del estudio se encuentra "levemente subestimada" por falta de información; señala, en particular, la información fragmentaria brindada sobre el sector público en territorio de la cuñada de la ex presidenta.

Revisión

Según estimaciones del Gobierno, el 31 de diciembre caducarán cerca de 70.000 contratos -para los gremios, son más- en el ámbito público nacional. Los estatales de ATE mantienen la guardia en alto ante la posibilidad de que hacia fin de año haya otra "oleada" de despidos.

"Se van a vencer 90.000 contratos, y estamos en guardia. Ibarra dijo que no habrá despidos, pero dijeron cosas que después no cumplieron", dijo a la nacion Hugo "Cachorro" Godoy, jefe nacional de ATE.

El Gobierno asegura que "no existe una orden para volver a revisar contratos" y que el proceso de revisión impulsado por el decreto 254/15, firmado por Macri, concluyó el 31 de marzo. En Casa Rosada, insisten en que no hay una orden taxativa de avanzar hacia una nueva reducción de la plantilla. "Quedará a consideración de cada ministerio renovarlos o no, pero no hay una orden para que haya una nueva depuración de la plantilla", confió una calificada fuente del Gobierno.

En Modernización aseguran, en tanto, que se trabaja en un plan de "jerarquización del empleo público" que culminará el año próximo y que prevé, hacia fin de año, la incorporación de 3100 contratados a planta permanente.

El panorama de los estatales

3.458.448 - Es el total de empleados públicos a nivel nacional - La cifra corresponde al informe de "Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal", elaborado por el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca. Las estadísticas oficiales llegan hasta junio de este año

2.277.662 - Los empleados estatales en el nivel provincial - Los trabajadores de la administración pública de las provincias concentran el 66% del total, según la medición

739.097 - Los empleados estatales nacionales - El grupo de trabajadores públicos de la administración nacional representa el 21%

441.689 - Los empleados públicos en municipios - Reúne al 13% del total de trabajadores estatales del país

10.622 - Despidos en enero - Fue el único mes en el que bajó el número de trabajadores estatales, provocado por la política de revisión de contratos que ejecutó el Ministerio de Modernización y por el recambio de autoridades en las distintas administraciones. El resto de los meses creció

0,4% - Fue este año la caída de los empleados nacionales - Fue el único segmento del empleo público que registró una mínima merma desde el comienzo del año. Se traduce en unos 3000 empleados
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Una empresa vinculada a Cristóbal López recibió $ 490 millones de Enarsa



Cristóbal LópezPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION
La compañía se llama Remasa; cobró esa suma de la firma estatal por servicios que no completó; críticas de la actual administración.


El provecho económico que Cristóbal López le sacó al kirchnerismo estuvo lejos de limitarse a una deuda de $ 8000 millones impaga con la AFIP o a la compra de empresas petroleras, de medios o alimentarias. Remasa, una compañía joven y casi desconocida relacionada con el empresario patagónico, recibió de Enarsa, la empresa estatal de energía, pagos por $ 490,48 millones por servicios que no completó, en el marco de un contrato que originalmente duraba dos años, pero se extendió por seis. Así lo corroboró LA NACION sobre la base de información de diversos organismos públicos.

La relación comercial entre Remasa y Enarsa comenzó en 2006, cuando estaba al frente de la empresa estatal Exequiel Espinosa, un ejecutivo que había trabajado para el empresario patagónico y se hizo célebre porque un avión que pagó la compañía estatal en su gestión trajo al país al venezolano Guido Antonini Wilson con US$ 800.000.

El convenio está bajo investigación. La nueva gestión de Enarsa, a cargo de Hugo Balboa, ordenó una auditoría sobre el contrato. La terminó hace algunas semanas y la pasó a la Oficina Anticorrupción, que maneja Laura Alonso. En forma paralela, le pidió a un estudio de abogados que analizara las pruebas en contra de la empresa relacionada con López para evaluar la posibilidad de presentar una denuncia penal.

La relación con López está dada por el directorio de Remasa. El presidente era Carlos Leone, quien también condujo Paraná Metal, la autopartista del empresario, mientras que el vicepresidente era Raúl Esteban Zamora, quien tenía domicilio en la misma dirección donde funcionaban las oficinas de Oil M&S (el séptimo piso de Córdoba 657, en la ciudad de Buenos Aires), una empresa del Grupo Indalo, el holding de López.

Voceros de López aseguraron a LA NACION que ni el empresario López ni ejecutivos del grupo fueron accionistas en Remasa. Y que el holding del empresario le hizo sólo dos obras chicas. Según el acta de directorio del 30 de noviembre de 2006, Enarsa le adjudicó a la compañía Registros Mineros SA (Remasa) la confección del Proyecto de Base Integral de Datos de Hidrocarburos, que tenía por objetivo reunir en un solo espacio información geológica de todas las provincias. Allí aparecen dos grandes irregularidades: por un lado, la compañía estatal le otorga a una empresa relacionada con un empresario petrolero el manejo de información sensible a la que no tenían acceso sus competidores. Las fechas son también sugestivas. Si bien Remasa ganó la licitación a fines de 2006, recién quedó inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) el 22 de febrero de 2007, casi tres meses después de haberse quedado con un negocio millonario.

El hecho de haberse presentado "en proceso de creación" no le impidió a Remasa torcerles la muñeca a Halliburton y Schlumberger, posiblemente las dos mayores compañías de servicios petroleros del planeta. Ambas perdieron a manos de la firma autóctona, que hasta ese momento no pudo acreditar experiencia en el manejo de los datos que se le pedía.

La fortaleza de Remasa estuvo en el pliego de la licitación. Según la evaluación que hizo Enarsa, la joven empresa presentaba antecedentes técnicos similares a los de las compañías internacionales, según un documento que vio LA NACION.

La auditoría de Enarsa indica que la matriz utilizada para calificar y ponderar las propuestas fijó el mayor puntaje al enfoque general del proyecto, a la solución técnica y a la metodología de implementación, que se hizo de forma arbitraria.

Además, el pliego de la empresa estatal de energía no contó con cláusulas que restringieran la participación de empresas con posibles conflictos de intereses, algo que les permitió a los directores de empresas de López contar con información a la que otras petroleras no podían acceder. Desde febrero de 2007 hasta junio del año pasado, Enarsa renovó sistemáticamente el contrato con la compañía vinculada a López. Pasaron ocho años, cuando la relación comercial prevista originalmente era de dos años.

En marzo de 2009, con la primera renovación, el directorio de la compañía estatal aprobó un incremento del 5% en los honorarios, pero los costos para la empresa superaron el 53 por ciento. Y se estableció el monto a pagar en dólares (algo que se repitió hasta el final del contrato), cuando la moneda original del convenio eran los pesos.

Las irregularidades continúan y se extienden a otras empresas. Enarsa contrató a la consultora ADQ para evaluar la razonabilidad de contratar a la empresa de López. Primera rareza: la compañía estaba en concurso preventivo de acreedores, una condición desfavorable para sumar cualquier trabajo, algo que no le importó a la compañía que manejaba Espinosa.

El consultor de tecnología de esa consultora también prestaba en ese momento servicios para Conexia, otra consultora a la que Enarsa contrató más tarde para el soporte técnico, control y cumplimiento del contrato con Remasa. Hasta el momento del contrato, la firma no tenía experiencia ni personal con experiencia en esa clase de trabajos. Le pagaron $ 17 millones.

A la medida del empresario K

Una concesión polémica - Remasa, una compañía casi desconocida relacionada con él, recibió de Enarsa, la empresa estatal de energía, pagos por $ 490,48 millones en servicios que no completó

Los vínculos - El presidente de Remasa era Carlos Leone, que también condujo Paraná Metal, la autopartista del empresario. Raúl Esteban Zamora, el vice, tenía domicilio en la las oficinas de la petrolera Oil

La investigación - El convenio está bajo investigación. La nueva gestión de Enarsa, a cargo de Hugo Balboa, ordenó una auditoría sobre el contrato
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Intiman a un empresario a devolver US$ 124 millones



Resultado de imagen para RenesaPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Se trata de Miguel Schwartzbaum, dueño de la firma Renesa, que había recibido los fondos de De Vido por una planta que nunca terminó
El desértico paisaje de Cutral Có se vistió de lujo y fiesta la mañana del 10 de octubre de 2011. 

Desde la carpa montada para la ocasión se podían ver las torres, el acero y las tuberías de Renesa, un proyecto que ayudaría a compensar el déficit en la oferta de combustibles que tenía la Argentina. El emprendimiento era importante para el kirchnerismo, a tal punto que el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, fue hasta ese paraje, y la entonces presidenta Cristina Kirchner participó de la reunión por teleconferencia.


Miguel Schwartzbaum www.rionegro.com.ar
Miguel Schwartzbaum. Foto: www.rionegro. com.ar.

Cinco años después, la imagen cambió completamente. El proyecto del empresario Miguel Schwartzbaum, que fue apadrinado por el gobierno anterior mediante un plan de estímulos fiscales promovido por De Vido, está parado. Y la administración de Mauricio Macri quiere recuperar el dinero que puso allí el Estado.

Después de revisar el expediente, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, concluyó que Renesa le debe al erario US$ 124 millones por beneficios que recibió fuera de regla, algo que deberá reintegrar en no más de 30 días contados desde el 12 del actual, cuando Aranguren firmó la resolución que intima a la firma de Schwartzbaum, según confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de la decisión.

Según el Gobierno, Renesa recibió millonarios beneficios fiscales de manera irregular porque no cumplió con los plazos de terminación de la obra, nunca aportó la producción de combustibles que había prometido para acceder a los subsidios del programa Refino Plus y pidió diversas revisiones para recibir más fondos del Estado.

En noviembre de 2008 se creó el programa Refino Plus, que contemplaba la entrega de certificados de crédito transferibles a su valor nominal a quienes presentaran proyectos de inversión en nueva capacidad de refinación. El programa estableció una forma de otorgamiento gradual. El 1° de julio de 2009, Renesa pidió un incremento en su presupuesto de $ 131 millones. En la misma fecha, la empresa elevó los costos del proyecto, al aducir recomendaciones de la Secretaría de Energía, que manejaba Daniel Cameron.

Aunque las obras principales debían estar concluidas en 24 meses, no se cumplió con el plazo. Según el expediente, la primera manifestación sobre la imposibilidad de la puesta en marcha de la planta en el plazo comprometido fue realizada por la compañía el 28 de julio de 2011, después del vencimiento del plazo, aunque no presentó documentación que permitiera justificar la demora. "Dejamos de producir en febrero de 2014 porque se permitió la importación sin pagar el impuesto a la transferencia de combustibles. Se importaron 600.000 m3, por lo que no pudimos producir", argumentaron fuentes de la empresa.

Según la documentación que maneja la actual gestión, un proyecto que al momento de su aprobación requería una inversión de poco más de US$ 77 millones terminó costando US$ 124,24 millones.

Según el equipo de Aranguren, al momento de girarle fondos la gestión de De Vido omitió hacer ajustes y reducciones por incumplimientos. Por caso, Renesa nunca produjo más del 1% del total de combustibles prometidos. Por ese motivo, la intimó a devolver los US$ 124 millones más intereses que recibió del Estado. De lo contrario, llevará su reclamo a la Justicia.

Proyecto inconcluso

Beneficios fiscales - La firma Renesa, del empresario Miguel Schwartzbaum, recibió financiamiento de la gestión de Julio De Vido para la construcción de una planta de producción de combustibles

Obra sin terminar - Los fondos correspondían a un proyecto en la ciudad neuquina de Cutral Có que nunca se terminó

Intimación - Ahora, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, reclama la devolución de US$ 124 millones en un plazo de treinta días

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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