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lunes, 14 de noviembre de 2016

Desarrollo y Defensa

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Los planes de Macri para la pesca



Planta de procesamiento de merluza en Puerto Madryn. FOTO: MAGyP.(SuperCampo) - El subsecretario de Pesca, Tomás Gerpe, indicó que las metas del Gobierno son la búsqueda de nuevos mercados, la atención de la situación del empleo y la mejora del control y la investigación.

Planta de procesamiento de merluza en Puerto Madryn. FOTO: MAGyP.

La política pesquera de la administración de Mauricio Macri está centrada en la búsqueda de nuevos destinos de exportación, la atención de la situación del empleo y la mejora del control y la investigación, en un sector que genera anualmente u$s1.500 millones en ventas al exterior.

Así lo indicó el subsecretario de Pesca, Tomás Gerpe, quien refirió que en los últimos meses "se mejoraron los controles" para posibilitar un manejo efectivo de las capturas y "avanzar con la fiscalización impositiva y previsional".

Según Gerpe, las medidas adoptadas en los últimos diez meses en el área pesquera apuntaron a contar con "más investigación y mejores controles" en los barcos, el puerto y en las plantas, motivo por el cual este año ya se instalaron las primeras cámaras en los buques y se realizaron acciones de fiscalización en el área laboral.

Para el caso de los inspectores, el funcionario consideró necesario acelerar el uso de tecnología, ampliar la capacitación y disponer una mejora en el nivel salarial para posibilitar, en definitiva, que "la pesquería sea sustentable".

Por ello, Gerpe lamentó la falta de campañas encaradas por el Inidep (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) en los dos últimos años y consignó la necesidad de revertir la situación, en principio, a través de la inversión de nuevos equipos y el impulso de la nueva campaña de información sobre la merluza.

Asimismo, ponderó el relevamiento que en materia de empleo está encarando el Ministerio de Agroindustria conjuntamente con funcionarios de los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata, ciudad que ocupa a unos 33 mil trabajadores, de los cuales 13 mil son de cooperativas y otros 10 mil están embarcados.

Para el caso de la pesca de la merluza, Gerpe consideró que "la pesquería está sostenida: la captura máxima permitida se mantiene en 350 mil toneladas totales, de las cuales 290 mil corresponde a las capturas realizadas al sur del Paralelo 41, otras 30 mil al norte, y un número similar de captura en la zona común que la Argentina tiene con Uruguay".

"Esto está bien por ahora", reconoció el subsecretario de Pesca, quien sostuvo que más de un 30% del mar argentino se encuentra vedado para la captura de merluza con el objeto de preservar a los juveniles. Agregó: "Con la campaña global de merluza del Inidep vamos a comenzar a tener nueva información para mejorar la performance de los modelos: para avanzar con políticas públicas debemos tener conocimiento" de la situación que ofrecen hoy las especies en el mar argentino.

En otro orden, se informó que las capturas de calamar cayeron abruptamente en el 2016 a 55 mil toneladas, atribuido esto a la situación climática que ofreció el efecto "El Niño", mientras que para el langostino, el desembarco en las lonjas ronda las 140 mil toneladas.

Para los funcionarios de la Pesca, la Argentina lograría consolidar en el 2016 exportaciones por u$s1.500 millones, a partir de contar con valores internacionales de u$s6.000 por tonelada de langostino, entre u$s2.600 y u$s3.000 para merluza y otros casi u$s1.800 para el calamar, de los que el año pasado casi se llegó a pescar 130 mil toneladas.

En materia de exportación, el Gobierno busca rever situaciones como México o los Estados Unidos, donde los aranceles que impone el Nafta son muy altos y resultan ser una limitante. Entre otras opciones sobre las cuales trabajar figuran Europa y Rusia, destino que vuelve a ser tentador tras la fuerte devaluación que sufrió su moneda, el rublo.

Mala performance del calamar a causa de "El Niño"

La Argentina registró en lo que va de 2016 un magro nivel de capturas de calamar tras contabilizar el desembarque de 55 mil toneladas en los puertos locales, cifra que ofreció un recorte de casi 60% interanual.

Gerpe atribuyó esta situación a lo que definió como el efecto de "ciclos aleatorios" que se repiten cada tres o cuatro años, ya que durante el 2016 se debió sortear el efecto de "El Niño". "Esto no lo hemos visto en merluza o langostino, no hubo correlación directa, pero lo vimos muy fuerte en el calamar, ya que los desembarques cayeron a 55 mil toneladas de las 125 mil a 130 mil contabilizadas en el ciclo anterior", explicó.

Consultado sobre la previsión que tiene el área gubernamental respecto al 2017, Gerpe consignó: "Confío que vamos a vivir una etapa de abundancia", tal como la que se vivió luego del efecto climático de "El Niño" en 2010. "Definitivamente 'El Niño' afecta, y este año fue particularmente fuerte" para el caso de la pesquería del calamar.

Según indicó, "ante un efecto climático extraordinario, el calamar actúa bajo condiciones extremas del ecosistema: desaparece; hoy no lo encontramos, tal vez desciende a una mayor profundidad".

La información aportada por el Ministerio de Agroindustria advierte que en la zona de Malvinas se logró durante este año un nivel escaso de pesca de calamar, ya que las 3.000 toneladas computadas por los poteros contrasta con las 300 mil registradas durante el 2015.

FUENTE: DyN
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Inscribían a desocupados como choferes de colectivos para cobrar subsidios.



Varias empresas de colectivos con choferes "fantasmas" Foto: Fabián GastiarenaPor Guillermo Villarreal - Clarin.com
 Las empresas obtenían millones extra del Estado gracias a esa maniobra. Ya lo investiga la Justicia.
Varias empresas de colectivos con choferes "fantasmas" - Foto: Fabián Gastiarena.

Como los huéspedes de los hoteles de la familia Kirchner, alojados en los registros contables sin haber estado en las lujosas habitaciones con vista a las calmas aguas del Lago Argentino, en Mar del Plata la Justicia investiga el caso de trabajadores de empresas de transporte de pasajeros que, sin embargo, nunca se sentaron al volante de ningún colectivo. Aquí los llaman los "choferes fantasma".

Al engrosar su caudal de empleados en blanco a través de sus declaraciones juradas, las empresas obtenían millones de pesos extra en subsidios y además, según contó a este diario el abogado de los damnificados, la maniobra la llevaron adelante en el momento en que pedián un aumento del precio del boleto, que finalmente consiguieron. "En marzo el boleto pasó a costar de $ 5,90 a $ 6,86. Los concejales se taparon la nariz y votaron, no les importó que hubiera casi 400 desocupados que las empresas usaron para aumentar sus costos operativos ni que hayan cobrado millones de pesos en subsidios", explicó a Clarín Julio Hikkilo, abogado de La Casa del Trabajador, una asociación civil sin fines de lucro orientada a asistir a trabajadores.

Los medios de noticias locales llamaron "fantasma" a los desocupados que fueron declarados como empleados por las empresas de transporte. Ellos se enteraron de la peor manera de la maniobra en la que fueron usados: algunos cuando fueron a cobrar la Asignación Universal por Hijo, otros yendo en busca de la mensualidad del seguro de desempleo, y en las ventanillas de pago les informaron que no iba a ser posible que cobrasen porque figuraban en los registros de la Anses y AFIP como empleados de líneas de colectivos del transporte público marplatense con sueldos promedio de 20 mil pesos.

En la mayoría de los casos los choferes habían acercado su currículum, algunos llegaron a dar una prueba de trabajo, pero nunca fueron convocados. De allí se tomaron sus datos. En total son 392 desocupados los que las empresas hicieron figurar en sus declaraciones juradas ante la AFIP, y casi 12 millones de pesos los que cobraron en concepto de subsidios. Algunos figuraban como choferes en más de una empresa.

Las empresas investigadas en la maniobra que denuncia la Casa del Trabajador son "25 de Mayo SLR", "12 de Octubre SLR", "Transportes Peralta Ramos SA" y Libertador SLR"; entre ellas controlan más del 90% del transporte público marplatense.

La investigación comenzó en abril pasado a partir de la denuncia de Hikkilo, que reclama que la investigación sea de competencia federal. La causa está en manos del fiscal de Delitos Económicos Fernando Berlingeri, quien sobre el pedido dijo que "aún se encuentran pendientes de producción diligencias útiles en orden de delinear el objeto procesal".

El abogado César Sivo, por parte de las empresas transportistas, sostiene que la pretensión de que un fiscal federal sea quien lleve adelante la investigación, "es, como mínimo a esta altura procesal, evidentemente prematura en tanto el pedido únicamente se basa en la ambigua y genérica referencia de que 'podrían' (en sentido potencial) los hechos investigados guardar relación una materia de injerencia investigativa federal". Pero argumenta el abogado de La Casa del Trabajador que la competencia debe ser de la Justicia Federal "por tratarse de una defraudación al Estado nacional".

Todavía no hay delito definido ni imputados en la causa. Quienes firmaron las declaraciones juradas fueron los empresarios Juan Inza (25 de Mayo, 12 de Octubre, Libertador) y Diego Basilico (Peralta Ramos), y el contador Federico Pomero. Por lo pronto, se sabe que por ahora el caso continuará en la obita de la Justicia provincial, tal como resolvió a mediados de octubre la jueza de Garantías Rosa Frende.

"Los empresarios reconocieron lo que hicieron, pero dicen que se trató de un error involuntario, ¡Es decir que tuvieron 392 errores de tipeo, es un escándalo!", dijo Hikkilo. En estos días los empresarios del transporte en Mar del Plata reclaman un nuevo aumento del precio del boleto. "Piden un aumento cuando no devolvieron los millones que cobraron y ni siquiera repararon el perjuicio a las víctimas, que son estas personas que de un día para otro dejaron de cobrar sus planes asistenciales. Es una burla"
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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El Gobierno recibió más ofertas para invertir en energías renovables



Juan José Aranguren y Sebastián Kind en la conferencia de prensa de Energías Renovables. DYNCLARIN - Recibió una oferta para producir energía eólica y solar cuatro veces superior a la
que se buscaba.


Juan José Aranguren y Sebastián Kind en la conferencia de prensa de Energías Renovables. DYN.
El Gobierno recibió ayer cuatro veces más cantidad de ofertas que las buscadas en una nueva etapa de la licitación de energías renovables. Se presentaron  47 propuestas para la contratación de potencia por 600 MW en seis módulos de 100 MW cada uno (cuatro para energía eólica y dos para energía solar). El total de las subastas alcanzó los 2.486 MW.

Cuando las ofertas sean concretadas, se estima que la inversión de las empresas rondará los US$ 1.000 millones. Las firmas que participaron de esta ronda habían presentado precios por encima del promedio en la primera ronda de licitaciones de energía renovable. El ministerio de Energía  las convocó a mejorar sus ofertas,  en lo denominó "1.5". Son  contratos que el Gobierno debe pagar por el lapso de 20 años.

Se licitaban 400 MW de energía eólica, repartidos entre el Comahue, Patagonia, Buenos Aires y el resto del país y 200 MW de solar (100 para el Noroeste y 100 para el resto). 

Los precios no podían superar los US$ 60 MWh, aunque la oferta económica que presentaron se conocerá el miércoles 23. Dos días después se realizará la adjudicación.

De las 47 empresas, 19 presentaron proyectos para energía eólica, principalmente en Buenos Aires y por 1561,3 MW y otras 28 lo hicieron para emprendimientos de energía solar, por 925,12 MW. En este caso, San Juan  y Catamarca fueron los destinos más solicitados.

En  la primera ronda de licitaciones del programa Renovar de energías renovables, que buscó  captar 1.000 MW de potencia, también se excedieron las expectativas. El ministerio de Energía adjudicó 1.109 MW a 17 proyectos (de 11 compañías), que demandarán una inversión de US$ 1.800 millones. El concurso representa 2,9% del consumo eléctrico del país y apunta a sumar oferta para llegar a 2018 con 8% del consumo energético de fuentes renovables, que hoy se ubica en 1,8%.

YPF, Invap, la eléctrica mendocina Emesa o la italiana Enel (Edesur) se quedaron afuera en la primera vuelta y se espera que mejoren en esta convocatoria.

Hasta ahora, el precio mínimo ofertado por energía eólica fue de US$ 49,01.  Los valores de renovables están siendo inferiores a los promedio de generación eléctrica del país (US$ 75).

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Participación público-privada, la apuesta para activar obras



Resultado de imagen para Participación público-privadaPor Diego Cabot - LA NACION
El Gobierno busca replicar un esquema que existe en otros países; cómo funcionaría localmente.

En el Congreso da sus últimos pasos uno de los principales engranajes para encuadrar la inversión privada en infraestructura. Se trata de la ley de participación público privada, que volvió al Senado después de algunas modificaciones que sumó en su derrotero por la Cámara de Diputados.

¿Qué significa la ley conocida como PPP? "Como regla general, se trata de una norma que le da marco a la inversión privada en infraestructura, mediante la que los empresarios o los fondos pueden llegar a un proyecto no sólo como concesionarios sino que pueden hacer la obra, financiarla, recibir una ganancia y retirarse. Pueden o no quedarse a cargo de la concesión", dice Julio Cesar Crivelli, del Estudio Crivelli y abogado relacionado con el mundo de la construcción.

El artículo uno del proyecto, que incorporó en Diputados la necesidad de que los contratos deberán contemplar un 33% de participación de bienes y servicios de origen nacional, define la herramienta. "Son los contratos entre la administración pública centralizada y descentralizada y sujetos privados con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructuras, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada, innovación tecnológica y servicios conexos".

La última parte del artículo es la que cuenta. "El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales en la materia". Es decir, una herramienta para que la inversión llegue y se pueda adaptar a cada tipo de proyecto.

En la Argentina moderna y previo a los años 90, la inversión en infraestructura llegó de la mano del Estado. Prácticamente no había dinero privado en proyectos. Con la llegada de Carlos Menem el paradigma cambió.

Vale detenerse en el llamado proceso de privatizaciones. En términos administrativos, las privatizaciones fueron un sistema mediante el cual el riesgo de la explotación de un servicio público pasó a manos privadas a cambio de ciertas condiciones. Ese esquema se formalizó mediante un contrato de concesión en el que el Estado entregaba algo con la condición que realice una determinada inversión y preste un servicio, el particular administraba y pagaba un canon o se retribuía con la tarifa. Luego otra instancia del concedente controlaba el contrato y multaba o rescindía si no se cumplía con lo acordado.

Aquel esquema tenía una condición: el Estado le pasaba el riesgo al privado y éste invertía, y luego ganaba o perdía. En el medio, las tarifas, única manera de recaudar. Pero esa estructura jurídica estalló con la caída de la convertibilidad aunque ya mostraba sus limitaciones mucho antes. Los tiempos de la política le marcaron el ritmo y finalmente, el Estado no cumplió con las autorizaciones de subas, generalmente, con decisiones impregnadas de electoralismo. Las empresas, entonces, empezaron a incumplir. ¿El huevo o la gallina? ¿Qué empezó primero? Más allá de buscar la causa, la inversión se resintió.

Los años de kirchnerismo fueron marcados por otro fenómeno. El Estado quedó como único inversor y las concesionarias como meros gerenciadoras. Así empezó la empinada caída de la infraestructura.

Ahora el Gobierno quiere ir por otro camino y apareció el proyecto de PPP. Los planificadores argentinos consideran que el país necesita inversión no sólo donde hay flujo. "En un acceso a Buenos Aires es fácil encontrar alguien que ponga dinero para una autopista. El problema es encontrar alguien que esté dispuesto en una ruta en la que pasan menos de 50 autos por día", dijo un ingeniero que trabaja para un organismo oficial con varios años de experiencia.

Para esas rutas alejadas, por caso, que se piensa el sistema. El proyecto que está en el Senado establece que sean los grandes fondos de inversión, en sociedad con una constructora, los que ofrezcan hacer una ruta, no ya a cambio de la concesión del peaje o de la explotación, sino de una tasa de ganancias por el capital invertido.

Dicho de otra forma. Una empresa construye a su tiempo y con las condiciones que le formule el Estado, termina la obra, la deja en manos del organismo oficial que corresponda y se lleva bonos o títulos con un determinado margen de ganancias. A la vuelta, habrá sido un negocio financiero y una toma de deuda a cambio de inversión que hará el Fisco.

Por caso, Vialidad Nacional, tiene en carpeta un plan de 7500 kilómetros de contratos de reparación y mantenimiento (Crema). Según lo que expuso hace pocos días en Córdoba Ricardo Gattoni, un ingeniero que es asesor de Vialidad, un tercio de ese paquete se hará con PPP.

La norma tiene varios ejemplos en América latina. Según el denominado Infrascopio que difunde el Banco Interamericano de Desarrollo, que evalúa la capacidad de los países de América latina y el Caribe para funcionar con PPP, la Argentina era superado por todos en 2014 menos por un país: Venezuela.

Un proyecto que no avanzó - Hace más de 10 años se impulsó un modelo de PPP por decreto
La herramienta aprobada por Néstor Kirchner es diferente de la que ahora se propone; más allá de que aquella normativa quedó vigente, ningún proyecto se ejecutó con la modalidad allí dispuesta

Modelo K

Por decreto - En 2005, con Néstor Kirchner como presidente y Roberto Lavagna como ministro de Economía, se aprobó el decreto 967 de Participación Público Privado (PPP). Sin embargo, no se aplicó en ningún caso

Sin uso - Si bien nunca se derogó, las empresas no fueron seducidas por el instrumento. La garantías a la hora de mantener las reglas de juego y los problemas de financiamiento del país, tiró por tierra cualquier inquietud

Norma complementaria - Ese decreto fue acompañada por otro, que fijaba una ventaja en la licitación a quien había presentado el proyecto. El autor podía quedarse con la construcción si licitaba hasta 5% más que la mejor oferta o, en ciertos casos, si la empardaba

La idea actual

Por ley - La idea del Gobierno es aprobar un marco legar y no sólo un decreto, para darle la institucionalidad que aquel decreto no tuvo. Además, llega en un momento en que la Argentina ha regresado al mercado internacional

Flexibilidad - La herramienta tiene la elasticidad necesaria como para adaptar el contrato, la inversión y el repago según el proyecto. Si bien podría ser usada en concesiones, faculta a que haya otras formas de facilitar la inversión privada

Carta en juego - Es una de las cartas a las que apuesta el Gobierno para reactivar la obra pública. Las otras dos herramientas que se negociaron son el esquema de readecuación de precios por inflación y la refinanciación de la deuda pendiente

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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