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domingo, 28 de agosto de 2016

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Para evitar abusos de precios, proponen crear una red de ferias



Resultado de imagen para María del Huerto Ratto(SuperCampo) - El proyecto fue presentado por la presidenta de la comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense, María del Huerto Ratto.


La presidenta de la comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense, María del Huerto Ratto, propuso crear una "red de mercados del productor al consumidor" con el objetivo de reducir los precios de los alimentos.

"La intención es beneficiar no sólo al productor que puede vender mejor sus productos sino también al consumidor que no va a pagar tanto como lo hace en los hipermercados. De esta manera se disminuirán los intermediarios innecesarios, grandes concentradores que realizan prácticas monopólicas. Tampoco molestarán a los comercios establecidos ya que deben ser ferias periódicas", explicó la legisladora del Frente Renovador.

En ese marco, afirmó que busca "un precio justo y transparente para todos" y aseguró que "no puede ser que a un productor de manzana en Río Negro le paguen $2,50 el kilo y en el local de una cadena de supermercados muy fuerte en la región, a pocos metros de esas chacras, la vendan a $41.90".

"Lo mismo pasa con la leche y otros sectores. En el proceso hay actores que se quedan con mucha ganancia. Además, por los altos valores, hay una gran porción de la sociedad que no tiene acceso a la leche, la carne o las frutas", advirtió Ratto en un comunicado de prensa.

FUENTE: DyN

Excelente idea...
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Una cárcel para extranjeros



imgPor Sebastian Abrevaya - Pagina12 (Extractado)
En línea con la idea de Macri sobre la "inmigración descontrolada", el Ejecutivo creará un lugar de encierro con el objetivo de "combatir la irregularidad migratoria".

Era el año 2010 y Mauricio Macri todavía iba por su primer mandato como jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, ya fijaba con claridad su posición respecto de la política migratoria argentina: Tras graves incidentes en una toma de tierras en Villa Soldati, Macri responsabilizó de los hechos a la "inmigración descontrolada". Con esa concepción, el gobierno nacional firmó ahora un convenio con su par de la ciudad de Buenos Aires para crear el primer centro de detención de migrantes del país, con el supuesto objetivo de "combatir la irregularidad migratoria". Amnistía Internacional, organismos de derechos humanos, especialistas en migración y delegaciones diplomáticas extranjeras expresaron su preocupación por la actitud del Poder Ejecutivo, contraria a la Ley Nacional de Migraciones y a los compromisos internacionales asumidos por el país.

El 19 de agosto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo, rubricaron un acuerdo por el cual la Ciudad entrega en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860 de Barracas, que estará destinado "de manera excluisva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria". Más allá de los eufemismos, se tratará de la primera cárcel para migrantes del país. En el comunicado, la Dirección de Migraciones establece que se retendrán allí las personas que hayan cometido "infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio".

Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que esta decisión "representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina". El organismo expresó su rechazo a "la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular". Este cambio de actitud también despertó un fuerte malestar en la delegación diplomática de Bolivia en Argentina. La queja llegó hasta el vicepresidente Alvaro García Linera, de visita actualmente en el país. "Este Gobierno quiere romper todo lazo con los países hermanos de la región. Está teniendo una actitud servil con Estados Unidos para que no haya visa mientras quiere meter presos a los latinoamericanos", advirtió el ex embajador en Bolivia, Ariel Basteiro.

El convenio entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y tendrá una duración de 4 años. La Policía Federal, dependiente de Bullrich, "se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos". Previamente se realizarán "tareas de refacción y reconstrucción" del lugar. Desde el CELS advirtieron que todos los lugares de encierro deben tener una supervisión muy estricta y cumplir características precisas para adecuarse a la ley de implementación del protocolo para la prevención de la tortura.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Ultimátum de Isela Costantini a los pilotos de Aerolíneas



Isela Constantini, CEO de Aerolíneas Argentinas. foto Gustavo CastaingPor Luis Ceriotto - Clarin.com
A través de una carta, les dijo que si no vuelan el Airbus A330, se cancelará el vuelo a Roma a partir de 2017.


La titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, envió a los pilotos de la compañía una carta interna en la cual puso una fecha límite para decidir si la empresa continuará volando o no hacia Roma. A través de la misiva, la funcionaria planteó que si en diez días no hay al menos 90 pilotos anotados para operar los nuevos Airbus A330, la ruta a la capital italiana podría ser desactivada.

"Les escribo para que juntos trabajemos para salvar la ruta a Roma", planteó la ejecutiva, en la misiva. "La única forma de mantenerla (…) significa operar con frecuencia diaria y pasar a volar con una aeronave A330. Para lograr repensar esta ruta antes de julio de 2017, cuando se inicia la próxima temporada alta en Europa, necesitamos que 33 Comandantes y 57 Copilotos de la flota A340 pasen a volar en la flota A330". Agrega: "Los interesados deberán comunicarse con la Gerencia de Flota e informar su decisión por escrito antes del lunes 5 de septiembre".

Resultado de imagen para airbus a330 aerolineas argentinas fsxEn la misiva agrega que, como parte de esa reprogramación, la "posta" de Nueva York (la cantidad de días que los pilotos y tripulantes de cabina permanecen en esa escala) bajará de 5 a 4 días. Y una vez formulado el reclamo, Costantini les advierte: "De no mediar el traspaso de los 90 tripulantes y la reducción en un día de la posta JFK, y dada la desprogramación de tres A340 en los próximos meses nos veremos en la obligación de discontinuar nuestro servicio a Roma a partir de los primeros meses de 2017".


Días atrás, en conversación con Clarín, tanto Costantini como el ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, habían dicho que las rutas internacionales de Aerolíneas Argentinas estaba sujetas a revisión. "Daremos un período de adecuación", dijo Dietrich, "pero hay que salir a competir con otras aerolíneas en las mismas condiciones".

En su carta, Costantini menciona que ya había conversado sobre el tema con los dirigentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que encabeza Pablo Biró. Sin embargo, la dureza de los términos da a entender que hay un conflicto solapado con al menos varios integrantes del gremio. Biró estaba ayer fuera del país.

Costantini remata su carta reiterando que la ruta a Roma depende de la cantidad de pilotos que se adhieran. "La decisión que aquí se presenta es poder aportar al futuro crecimiento del Grupo y redoblar la apuesta. De lo contrario, sin el compromiso y la colaboración de todos, la ruta a Roma dejará de existir, lo cual, además de ser un hecho lamentable, tendrá un fuerte impacto en la sustentabilidad y el futuro de nuestra compañía".
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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La mujer que se gana la vida matando narcotraficantes



(BBC Mundo) - "Mi primer asesinato fue hace dos años. Estaba muy asustada y nerviosa porque era mi primera vez", confiesa
María (no es su nombre real) es una asesina a sueldo
María (no es su nombre real) es una asesina a sueldo. Foto: CARLO GABUCO

Cuando conoces por primera vez a alguien que ha matado a seis personas, no esperas encontrarte con una muchacha diminuta y nerviosa que carga un bebé. "Mi primer asesinato fue hace dos años. Estaba muy asustada y nerviosa porque era mi primera vez", confiesa.

Y ahora "María" (no es su verdadero nombre) lleva a cabo asesinatos por encargo, en el marco de la guerra que el gobierno filipino está librando contra las drogas. "
"Me siento culpable y angustiada. No quiero que las familias de quienes he asesinado vengan a por mí", dice María
"Me siento culpable y angustiada. No quiero que las familias de quienes he asesinado vengan a por mí", dice María. Foto: CARLO GABUCO

La joven forma parte de un equipo que incluye a tres mujeres, muy valoradas porque pueden acercarse a las víctimas sin levantar las sospechas que levantaría un hombre. Y desde que Rodrigo Duterte fue elegido presidente (en junio de este año) y urgió a los ciudadanos y a la policía a matar narcotraficantes, María ha asesinado a cinco personas más, disparando todas sus víctimas en la cabeza.

Le pregunto quién le dio la orden para acabar con la vida de esas personas. "Nuestro jefe, el oficial de policía", me responde.

En la misma tarde en que nos encontramos, a ella y su marido les dijeron que la dirección de su casa había sido expuesta, así que tienen que mudarse cuanto antes.

La controversial guerra del Estado contra las drogas le está aportando más trabajo, pero también más riesgos. Y me cuenta cómo comenzó: cuando un policía le encargó a su esposo que matara a un deudor, quien era también un traficante de drogas.

"A mi esposo le ordenaron matar a gente que no pagaba sus deudas", explica. Y eso se convirtió en un encargo regular para su marido, hasta que emergió una situación más compleja. "Una vez, necesitaron a una mujer y mi esposo me escogió para hacer el trabajo. Cuando vi al hombre a quien tenía que matar, me acerqué a él y le disparé", cuenta.
El presidente Duterte llegó al poder con la promesa de acabar con el crimen y las drogas
El presidente Duterte llegó al poder con la promesa de acabar con el crimen y las drogas. Foto: Reuters

María y su marido provienen de un barrio pobre de Manila y no tenían ingresos fijos. Pero eso cambió cuando aceptaron convertirse en asesinos a sueldo. Ahora ganan hasta 20.000 pesos filipinos (US$430) por encargo -una fortuna en Filipinas- y lo dividen entre tres o cuatro de los sicarios.
Pero María quiere salir de esa situación. Y no sabe cómo.

Vidas "sin importancia"

Los asesinatos por encargo no son nuevos en Filipinas, pero los escuadrones de la muerte nunca habían tenido tanto trabajo como ahora. Y es que el mensaje del presidente Duterte ha sido inequívoco.
La guerra contra el narcotráfico se libra casi exclusivamente en las zonas más pobres del país
El crimen y la desigualdad abundan en algunos barrios de Filipinas. Foto: JONATHAN HEAD
Antes de su elección, prometió acabar con la vida de 100.000 criminales en sus seis primeros meses en el cargo. Y lanzó una advertencia a los narcotraficantes: "No destruyan mi país porque les mataré".

El pasado fin de semana se reiteró, al tiempo que defendía los asesinatos extrajudiciales de criminales sospechosos. "¿Importan realmente las vidas de esos 10 criminales? Si voy a enfrentar todo esto... ¿significan algo 100 vidas de estos idiotas?", declaró Duterte.

Lo que desató su despiadada campaña fue la proliferación de metanfetaminas o"shabú", tal y como se conoce a esta droga en Filipinas.

Barata, fácil de fabricar y muy adictiva, ofrece un colocón instantáneo, una vía de escape a la suciedad y a la monotonía de la vida en los barrios pobres y una forma de sobrellevar trabajos agotadores.

¿Qué es el "shabú"?


A menudo lo llaman "hielo" o "metanfetamina" en Occidente. En Filipinas y otras partes de Asia, "shabú" es el término usado para hablar de una forma pura y potente de anfetamina. Cada gramo cuesta unos 1.000 pesos filipinos (US$22). Puede fumarse, inyectarse, inhalarse o disolverse en agua.

En Filipinas es la base de laboratorios industriales, que producen toneladas de esta droga, la cual es distribuida por todo Asia. Duterte dice que es una pandemia que afecta a millones de sus ciudadanos.

También es un negocio muy rentable. El presidente filipino dijo que hay 150 altos funcionarios, oficiales y jueces vinculados con este comercio. Cinco policías generales, aseguró, son los capos del negocio.

Los más pobres

El blanco de los escuadrones de la muerte, sin embargo, son quienes están en los estratos más bajos.
Según la policía, más de 1.900 personas han sido asesinadas en incidentes relacionados con las drogas desde que Duterte asumió la presidencia del país el pasado 30 de junio. De todos ellos, dicen, 756 murieron a manos de la policía en operaciones de arresto.
El crimen y la desigualdad abundan en algunos barrios de Filipinas
La guerra contra el narcotráfico se libra casi exclusivamente en las zonas más pobres del país. Foto: JONATHAN HEAD

El resto de las muertes están, oficialmente, siendo investigadas. En la práctica, la mayoría siguen sin explicación. Casi todos esos cuerpos ensangrentados son descubiertos cada noche en los barrios pobres de Manila y otras ciudades. A menudo, se encuentran al costado de los muertos señales de cartón advirtiendo a otros que no se involucren con las drogas.

Es una guerra que se libra casi exclusivamente en las zonas más pobres del país. Y personas como María son utilizadas para ejecutarla.

Foto: AFP

Pero también es una guerra popular. En Tondo, la zona de chabolas cerca del puerto de Manila, la mayoría de los residentes aplauden la dura campaña del presidente. Culpan al "shabú" por el aumento de la criminalidad y por destruir vidas, aunque a algunos les preocupa que la campaña se les esté yendo de las manos y que estén atrapando a víctimas inocentes.

Miedo y culpa

Una de las personas a quienes buscan los escuadrones de la muerte es Roger (nombre ficticio).
Se volvió adicto al "shabú" en su juventud, relata, mientras trabajaba como jornalero temporal.

Como muchos otros adictos, comenzó a traficar para mantener su hábito, pues era un trabajo más acomodado que el de jornalero.

Trabajó con muchos policías corruptos, a veces tomando parte de la droga que confiscaban en redadas para vender.
Roger (nombre ficticio) es traficante y adicto al
Roger (nombre ficticio) es traficante y adicto al. Foto: JONATHAN HEAD

Ahora se encuentra a la fuga, moviéndose de un lugar a otro cada pocos días para evitar que le encuentren y le maten.  "Cada día, cada hora, no logro sacar el miedo de mi pecho. Es agotador y aterrador tener que estar escondiéndose todo el tiempo".

"Nunca sabes si quien está frente a ti es un informante, o si te encuentras frente a tu propio asesino", declara. "Es difícil dormir por la noches. Me despierto con cada pequeño ruido. Y lo más duro de todo es que no sé en quién confiar. No sé en qué dirección ir cada día, en busca de un lugar para esconderme", cuenta.
La basura se acumula en Happyland, en el distrito de Tondo, Manila
La basura se acumula en Happyland, en el distrito de Tondo, Manila. Foto: CARLO GABUCO

Roger se siente culpable sobre su responsabilidad en el tráfico de esta destructiva droga. "Creo verdaderamente que he cometido pecados. A más no poder. Hice cosas horribles. He perjudicado a mucha gente porque se volvieron adictos, porque soy uno de los muchos que les venden droga", se lamenta.

"Pero puedo decir que no todos los que consumen drogas son capaces de cometer crímenes como robar y matar", dice. "Yo también soy un adicto, pero no mato. Soy un adicto, pero no robo", promete. Envió a sus hijos para que vivieran con la familia de su esposa, en el campo, y evitar así exponerlos a la epidemia de drogas. Calcula que entre el 30 y el 35 por ciento de los vecinos de su barrio son adictos.
Una muchacha duerme en las calles de Parola Tondo, Manila
Una muchacha duerme en las calles de Parola Tondo, Manila. Foto: CARLO GABUCO

Entonces, cuando el presidente Duterte afirmó en varias ocasiones durante su campaña presidencial que mataría a los narcotraficantes y que arrojaría sus cuerpos en la bahía de Manila, ¿no tomó Roger en serio esas amenazas? "Sí, pero pensé que perseguiría a los grandes sindicatos que fabrican las drogas, no a los pequeños traficantes como yo", responde.

"Me gustaría poder volver atrás en el tiempo. Pero es demasiado tarde. No puedo entregarme porque, si lo hago, la policía probablemente me matará".
En barrios marginales la falta de recursos es evidente. En esta imagen, una casa en Tondo, Manila
Foto: CARLO GABUCO
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Por quejas de los vecinos, retiran los vehículos que están frente a las comisarías



Por Mauricio Giambartolomei - LA NACION
Hay unos 2500 en proceso judicial apostados en la vía pública de las 54 seccionales; autos y motos son trasladados a dos predios; muchos son compactados
Retiran un vehículo frente a la comisaría 37, en la avenida Nazca y Pareja
Retiran un vehículo frente a la comisaría 37, en la avenida Nazca y Pareja. Foto: Soledad Aznarez

La vereda de la avenida Nazca, frente a la comisaría 47, parece un cementerio de motos. Son una veintena que están enlazadas por una cinta amarilla y negra de advertencia que se une en una punta con cinco carros de cartoneros, esqueletos de hierro, que limitan el paso de los peatones. En la calle se ven autos, casi pegados entre sí, sucios, con yuyos creciendo debajo de los chasis, como abandonados. La mayoría se sostiene sobre sus cuatro neumáticos, pero algunos se ven devorados por un incendio que los dejó en ruinas.

"Ese Corsita blanco, ¿lo ves? Está acá por tentativa de homicidio. El tipo atropelló a un policía, lo arrastró varias cuadras y se escapó. Después dejó tirado el auto en cualquier lado", explica el encargado del operativo que tiene como objetivo remover diez vehículos, 24 motocicletas y hasta un colectivo del espacio público cercano a la seccional de Villa Pueyrredón.

El Chevrolet Corsa -al igual que todos los automóviles que se encuentran allí- está atado a alguna causa judicial y en custodia de la Policía Federal. En la misma situación hay otras 2500 unidades en las 54 comisarías de la ciudad de Buenos Aires; hace dos semanas comenzaron a ser trasladados a depósitos judiciales con el fin de liberar espacios para estacionar, facilitar la movilidad por las veredas, mejorar la estética de las cercanías a las seccionales y reducir la contaminación.

"La gente usa los autos como basureros y los barrenderos no limpian debajo de los autos. Imaginate lo que es tener un auto como ese al lado del negocio, no queda nada estético", dice Patricia Unfer, mientras atiende su boutique de Nazca y Famailla, señalando una cupecita Datsun -o lo que queda de ella- arrasada por el fuego y ubicada sobre Nazca.

La cantidad de vehículos judicializados en las comisarías es variable porque mientras se van unos, llegan otros. Los que son trasladados a los depósitos continúan a disposición del juzgado que sigue la investigación en la que están involucrados. La mayoría de los rodados son parte de causas por lesiones, homicidio o tentativa de homicidio, estafa y robo.
Cientos de motos retenidas por la justicia en el depósito de Villa Soldati
Cientos de motos retenidas por la justicia en el depósito de Villa Soldati. Foto: Silvana Colombo

"Los autos que están en pie no molestan tanto, pero los chocados o quemados sí, porque la calle parece un desarmadero. Además obstruyen el paso de todo el tránsito y juntan mucha basura", opina Emiliano Peñalba, el propietario de una quesería y despensa a pocos metros de la comisaría 47. En la calle, un Toyota Corolla gris también acusa la voracidad de las llamas.

El Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Procom) se estaba aplicando en la ciudad, pero desde que en enero el Ministerio de Justicia y Seguridad local tomó el control de la Policía Federal en el ámbito porteño se puso el foco en los autos judicializados. La relocalización se lleva adelante en dos predios judiciales de Villa Soldati que también fueron transferidos a principio de año junto a la fuerza policial.

"El objetivo fue liberar el espacio público y centralizar la custodia en playones. Había un pedido constante de la gente porque los autos en las puertas de las comisarías quitan espacio para estacionar", explica a LA NACION el subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, Juan Pablo Sassano.

Antes de iniciar el plan de remoción se enviaron oficios a todos los juzgados porteños en los que se tramitara alguna causa con los vehículos en cuestión. Cada seis meses los jueces deben ser notificados sobre la situación del rodado; si el magistrado lo decide el automóvil puede ser compactado o queda liberado para que lo retire su propietario.

En todo el procedimiento aparece un tema para prestar atención: la contaminación ambiental. "Las buenas prácticas indican que antes de remover un vehículo se deben retirar las baterías, los fluidos y los circuitos electrónicos en los autos modernos. Son los elementos que pueden contaminar el suelo si el vehículo queda por un tiempo prolongado al aire libre", dijo el doctor en Química, Carlos Marschoff, miembro de la ONG Green Cross.

Esas previsiones no se toman en cuenta en la remoción de los vehículos, pero desde la Ciudad descartaron la posibilidad de contaminación. Según indicaron, los vehículos permanecen un máximo de cinco años en los predios. Pasado ese tiempo se compactan o vuelven a sus dueños.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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