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jueves, 9 de junio de 2016

Desarrollo y Defensa

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Dietrich resiste el traspaso del puerto a la Ciudad y tensiona con Larreta



LPO - El ministro de Transporte traba el Paseo del Bajo, la obra más importante que prometió el jefe de gobierno.


Guillermo Dietrich está trabando el traspaso del puerto a la Ciudad y puso en crisis la relación con Horacio Rodríguez Larreta, que reclama la transferencia desde que asumió la jefatura de gobierno.

El ministro de Transporte quiere relicitar todas las terminales de contenedores del puerto, la empresa más grande de la Ciudad con 26 mil empleados, y por esos resiste el traspaso a la Ciudad.

Ahora tiene el puerto a su cargo a través del Newman Boy Gonzalo Mórtola, quien tiene el respaldo de José Torello, uno de los hombres de máxima confianza del presidente. Y pese a que las concesiones del puerto vencen entre 2018 y 2019, Dietrich quiere relicitarlas antes de que le saquen el puerto de su órbita.

La magnitud del negocio de los contenedores es tal, que la semana pasada visitó el país un magnate de Dubai que tiene una de las concesiones y prometió que si se la prorrogan pagaría entre 600 y 800 millones de dólares.

Juan Carlos Schmid, secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento, que tiene su principal foco de operaciones en el puerto de Buenos Aires, lo cruzó a Dietrich por trabar el traspaso. "Sos un mentiroso", lo sacudió Schmid, uno de los candidatos más fuertes para encabezar la CGT reunificada, que apoya la transferencia del puerto a la Ciudad. Dietrich le respondió que el puerto no pasa a la ciudad y que el único que sabe del tema en el Gobierno es él.

Trabas a la ribereña

Larreta está furioso con Dietrich porque con estas trabas le están frenando la obra más importante de su mandato, que es el "Paseo del Bajo". Ese paseo, más conocido como autopista ribereña, permitiría descongestionar el tránsito del centro al desviar a los camiones que atraviesan la Ciudad por el Bajo.
Para realizar esta obra, Larreta necesita que le traspasen terrenos que pertenecen a Nación.

Pero quien le obstaculiza los trámites es Germán Bussi, secretario de Planificación de Transporte, con el argumento de que para avanzar con la transferencia de las tierras y con la obra hay que mover las vías de ferrocarril. Bussi argumenta que eso lleva mucho tiempo y sale millones en vano.

Como sea, el jefe de gobierno está ofendido porque las trabas no provienen de un rival dentro del PRO sino de uno de los dirigentes que logró colocar en el gabinete nacional.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Argentina acuerda por un año extender el pacto automotor con Brasil para frenar caída de producción



(iProfesional.com) El trato fue alcanzado tras arduas negociaciones entre los dos socios comerciales, que mantienen un intercambio crucial para sus economías. El pacto permite a Brasil exportar vehículos por hasta 150 dólares por cada 100 dólares que importa de Argentina, sin pagar tasas.

¿Podrán?: automotrices buscan que ventas en la Argentina hagan de "rueda de auxilio" ante la debacle en Brasil Brasil presiona para exportar más autos y pone en aprietos al gobierno de Mauricio Macri


La Argentina acordó con Brasil extender por un año un pacto bilateral de comercio automotriz que vence a fin de junio. Esto ocurre en medio de la crisis que atraviesa el sector en ambos países.

El acuerdo, que permanecerá en los términos actuales, fue alcanzado tras arduas negociaciones entre los dos socios comerciales, que mantienen un intercambio crucial para sus economías pero que suelen tener serios cortocircuitos. "Va a continuar en los mismos términos, que es muy bueno para la Argentina. Durante un año", dijo a periodistas el ministro de Producción, Francisco Cabrera, que agregó que el trato ya está acordado con Brasil, su principal socio comercial.

El actual pacto permite a Brasil exportar automotores por hasta u$s150 por cada u$s100 dólares que importa desde la Argentina, sin pagar tasas. El trato también regula la participación de mercado.

Las economías de las dos naciones atraviesan serios problemas, en gran parte por el mal momento que viven sus industrias automotrices, que resultan proponderantes para la actividad.
- En Brasil, la producción de autos y camiones podría caer un 5,5% este año, según una asociación de fabricantes de la mayor economía latinoamericana.
- En la Argentina, la fabricación se contrajo en mayo un 9,6% respecto del mismo mes del 2015, señalan desde la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

La dimensión de la crisis

Aunque las ventas de 0km se recuperan mes a mes, en el sector automotor no todo es "color de rosa" y la situación de Brasil, principal comprador de la producción local, preocupa a las empresas.

El informe del comercio exterior que presentó este lunes la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac) muestra que el déficit del primer trimestre ascendió a u$s1.337 millones, marcando una caída del 12% con relación a los tres primeros meses de 2015.

Pero esa reducción está más relacionada con una caída del mercado automotor. En especial, por la fabricación de 0Km más que en un crecimiento de las ventas al exterior.

El trabajo de la entidad que reúne a las autopartistas locales señala que las exportaciones de piezas alcanzaron los u$s336 millones en el primer trimestre de 2016, cifra que implica un retroceso del 22% con relación a igual período de 2015.

El dato 'alentador' es que se sumaron cuatro nuevos destinos y las empresas argentinas ya exportan a 100 mercados. La contracara, las importaciones, disminuyeron 14%, alcanzando los u$s1.672 millones.

El informe de Afac asegura que hay una "fuerte asociación de las importaciones de autopartes con la producción de vehículos, los que en el primer trimestre de 2016 han caído el 18,1%".
Desde la entidad no se mostraron muy optimistas respecto de lo que se espera para el resto del año, ya que aseguraron que "las exportaciones de autopartes seguirán sufriendo los efectos de la caída de la demanda de Brasil, sumado a que ese país está con una situación cambiaría muy competitiva y una capacidad ociosa de hasta 50%".

Por otra parte, las importaciones de las terminales seguirán al ritmo de la producción de vehículos, que en el año bajó un 12,5%, según el documento.

Además, otro tema que preocupa a la entidad en medio de una apreciación del peso frente al dólar es que, en el mercado de reposición "hay muchas presiones en el mercado por piezas brasileñas a costos muy bajos, consecuencia del atraso cambiario y la alta capacidad ociosa frente a Brasil".

Esta situación hizo que en lo que va del 2016 ya decidieron bajar sus persianas tres autopartistas:  Paraná Metal, Ar Zinc y Punch Automotive–

Además, que otras tantas quiten las horas extras y suspendan personal, al punto que para hoy se espera que trabajadores de dos autopartistas, Kromberg y Hutchinson, corten la Panamericana a la altura de Pelliza, en Munro.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Sólo los gremios pueden realizar paros



Por Adrián Ventura - LA NACION
La Corte no les reconoció ese derecho a cooperativas ni organizaciones sociales


La Corte Suprema emitió ayer un fallo con importantes consecuencias para la actividad gremial al resolver que el derecho de huelga sólo puede ser ejercido por las asociaciones sindicales. En cambio, los grupos informales de trabajadores no pueden promover este tipo de medidas de fuerza.

Así lo estableció el máximo tribunal en la causa promovida por Francisco Orellano, un trabajador que había sido despedido por el Correo oficial luego de que participó en una declaración de huelga, y cuyo reclamo no fue contemplado por la Justicia.

La sentencia, que el alto tribunal muestra como una señal tendiente a reducir los niveles de conflictividad y a determinar la legalidad de las medidas de fuerza, lleva la firma de los tres integrantes de la Corte Suprema: el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y sus colegas Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.

La Corte, siguiendo su propia doctrina, aclara expresamente que la facultad de declarar la huelga les cabe a tanto a las asociaciones con personería gremial, como el caso de las agrupadas en las tres CGT, como a los sindicatos simplemente inscriptos, que por lo general adhieren a las dos CTA. Pero en ambos casos se trata de gremios. En cambio, los otros grupos de trabajadores, como organizaciones sociales o cooperativas, no son titulares de ese derecho.

El máximo tribunal recordó que el derecho de huelga está previsto en el artículo 14 bis de la Constitución. Pero ese mismo artículo también establece expresamente que sólo puede ser ejercido por los gremios que están inscriptos en un registro especial como asociaciones sindicales.

Sólo cuando se cumple la condición de pertenecer a una asociación gremial -dice la Corte- puede considerarse legítima una huelga, una medida de fuerza que produce no sólo impacto sobre los empleadores, sino también sobre los ciudadanos, que ven afectados sus propios derechos a la salud, a la educación y otros más.

Para el tribunal, el art. 14 bis de la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos -como el Convenio de la OIT- reconocen el derecho de declarar una huelga a los sindicatos, es decir, a las organizaciones formales de trabajadores.

El caso específico en el que falló la Corte se originó a partir de que la empresa Correo Oficial de la República Argentina había despedido a Orellano, un trabajador que participó en medidas de fuerza que no contaban con el aval de ninguno de los sindicatos del sector. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al Correo reincorporar a Orellano y también pagarle los salarios caídos y el daño moral. El Correo oficial cumplió con el fallo, pero el juicio siguió adelante y, en septiembre último, la Corte celebró una audiencia pública en la que en favor de Orellano participaron el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes; el secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli, y uno de los representantes legales de la CTA-De los Trabajadores, Alejandro Ferrara.

Para justificar el despido, el Correo había sostenido que durante dos semanas Orellano había participado de sucesivas "reuniones en el lugar de trabajo y durante la jornada habitual", lo cual afectó "la entrega de 6 millones de piezas postales" y el "desarrollo normal de la labor en su centro operativo de Monte Grande". Sostuvo que el despido había sido dispuesto como una represalia injustificada por su participación en medidas legítimas de acción gremial. Ayer, la Corte rechazó ese argumento al señalar que las medidas de fuerza en las que participó el trabajador en modo alguno podían considerarse legítimas.

Para el tribunal, la huelga es un medio de presión para lograr que se satisfagan ciertas reclamaciones del sector laboral. Pero las medidas de acción directa, por su impacto, no sólo perjudican al empleador, sino que también afectan a los destinatarios de esos bienes y servicios, es decir, a los consumidores o usuarios, que pueden verse perjudicados en sus derechos a la educación, a la salud, a la adquisición de bienes para una adecuada alimentación y otros más que también están garantizados por la Constitución.

Por eso, el máximo tribunal señala que el derecho de huelga se subordina al cumplimiento de determinadas condiciones o recaudos, una de las cuales es que la decisión de ir a la huelga sea adoptada por una asociación gremial.

La Corte recordó que el 14 bis de la Constitución estableció que "queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga". Y esos "gremios" son las entidades profesionales a las que se refiere el primer párrafo de ese mismo artículo, cuando afirma que tiene derecho a la "organización sindical libre y democrática". Es decir, gremios que tienen "simple inscripción en un registro especial".

Para la Corte, el artículo 14 bis de la Constitución no permite otorgarle a la palabra "gremios" un alcance mayor, por lo cual no se les reconoce la facultad de declarar la huelga a cualquier grupo informal de trabajadores.

El artículo 14 bis ha puesto especial énfasis en garantizar que las asociaciones profesionales destinadas a representar a los trabajadores en el ámbito de las relaciones colectivas se organicen con arreglo a los principios de libertad sindical y de democracia interna. Y por eso les impuso el requisito de la inscripción en un registro especial como medida de control del cumplimiento de tales directivas.

Por eso, dice la Corte, no resulta lógico admitir entender que el mismo artículo, a renglón seguido, otorgue de modo indistinto la titularidad de los derechos más relevantes del ámbito de las relaciones colectivas tanto a las organizaciones que cumplen con todos esos recaudos como a simples grupos informales a los que no les exige satisfacer ninguno de ellos.

Las claves de un fallo de alto impacto laboral

¿Quiénes pueden declararse en huelga?
La Corte Suprema de Justicia resolvió que el derecho de huelga sólo puede ser ejercido por las asociaciones gremiales, tanto las que cuentan con personería gremial como las simplemente inscriptas

¿Quiénes no pueden llamar a huelga?
Los grupos informales de trabajadores no son titulares del derecho. Por tanto, y según el fallo de la Corte Suprema, pueden ser despedidos por esa razón

¿Cómo impacta el fallo en los gremios?
La sentencia fortalece políticamente a las cúpulas de los gremios, que tendrán en sus manos la potestad de llamar a huelga. En cambio, resta poder a las comisiones internas y los delegados de base "rebeldes" o enfrentados a los titulares de cada sindicato. También perjudica a los trabajadores tercerizados

¿En qué se basa la Corte?
Se basó en el artículo 14 bis de la Constitución, que menciona expresamente a los gremios como titulares del derecho a huelga. Para la Corte, que un sindicato esté formalmente organizado es interpretado como un reaseguro ante la posibilidad de que una huelga afecte los derechos constitucionales de terceros y del empleador

Alcances de un fallo polémico
El impacto de la decisión de la Corte varía según el tipo de organización

Sindicatos
El fallo ratifica el derecho de los gremios con personería -la mayoría enrolados en la CGT- a convocar a huelgas y doblegar así a las comisiones de delegados que enfrentan a las conducciones oficiales. Sin embargo, al incluir a los gremios simplemente inscriptos, termina con el monopolio sobre esta potestad que hasta ahora tenían

Gremios con simple inscripción
La decisión de la Corte amplía sus derechos. No podían llamar a paros y a partir de ahora sí podrán hacerlo. Siguen sin poder participar de la paritaria ni retener la cuota sindical. No obstante, la CTA, que aglutina a la mayoría de los gremios de este tipo, tildó la resolución de "represiva" por dejar afuera a los no sindicalizados

Trabajadores no sindicalizados
La Corte Suprema los dejó afuera del fallo firmado ayer. Las agrupaciones informales de empleados y cooperativas, entre otras formas de asociación entre trabajadores, no podrán llamar a paros. Hacerlo podrá ser considerado causal de despido
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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El Gobierno denunció sobreprecios de más de 30% en obras viales



Prat-Gay (Hacienda), Aranguren (Energía), Cabrera (Producción) y Dietrich (Transporte)Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El Ministerio de Transporte recibió ofertas por menos de $ 2000 millones para hacer una obra que Báez había licitado por $ 3000 millones


Prat-Gay (Hacienda), Aranguren (Energía), Cabrera (Producción) y Dietrich (Transporte). Foto: Twitter

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, le hizo formar un círculo al último grupo de periodistas que todavía estaba en la terraza del Palacio de Hacienda, que habían sido convocados para celebrar el día de esa profesión. Como si fuera un premio al trabajo, les entregó ayer un dato: por la mañana su cartera había abierto las ofertas para convertir en autopista el tramo de la ruta 3 que une las ciudades de Rada Tilly (Chubut) con Caleta Olivia (Santa Cruz), con un presupuesto de $ 1964 millones. Esto implica una rebaja del 33% respecto del valor que había cotizado su anterior ganador, Austral Construcciones, firma del empresario kirchnerista Lázaro Báez , al que el Gobierno le quitó la obra.

Dietrich fue más lejos. Deslizó que, según los cálculos, ese 33% es "uno de los números que estimamos que podría ser el sobreprecio que hubo en alguna que otra obra" encargada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dueña de partidas importantes del presupuesto nacional.

Más tarde, Dietrich explicó a la nacion: "En el caso de la obra adjudicada a Báez, el sobreprecio es del 50% [en comparación con el nuevo presupuesto]. Es el primer caso que tenemos, pero nos da la impresión de que eran comunes los sobreprecios en las obras viales. Es cierto que la inflación distorsiona mucho la información, pero estamos viendo otra obra en la que cuesta creer que se hizo todo lo que dicen que se hizo en el plazo de certificación que se presentó".

El tramo de la ruta 3 bajo sospecha fue licitado en 2007. La obra tenía un presupuesto de $ 600 millones y su construcción avanzó apenas un 36%, aunque la erogación del Estado, según las cifras que aportó el ministro Dietrich, alcanzó los $ 800 millones. Para el restante 64% de la obra la administración de Cristina Kirchner había estimado un desembolso de $ 3000 millones. Las nuevas autoridades anularon esa adjudicación, convocaron a una nueva licitación y recibieron 16 ofertas. Resultado: redujeron un tercio ese número.

Entre las compañías que se presentaron están Contreras, Decavial, Dycasa y Cartellone. No fue de la partida Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra, el primo del Presidente.

Hubo una sorpresa mayor: la constructora CPC, del empresario Cristóbal López , hizo una oferta muy baja para uno de los tramos. Fuentes del sector privado estimaron que se ubicó 26% debajo del presupuesto oficial, algo que enojó a sus competidores.

Es un curioso problema para el Gobierno, que mantiene con esa empresa una disputa por una millonaria retención de fondos, una maniobra similar a la que realizó con el impuesto a la transferencia de combustibles a través de su petrolera Oil. La DNV le reclama $ 250 millones que debía girar al Estado por el cobro de los peajes en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. Su futuro se evaluará con el resto de las ofertas.

Dietrich amaneció con cierta incertidumbre, porque la licitación que comenzó ayer fue la más importante que hizo bajo su gestión la DNV, uno de los organismos del Estado más cuestionados. Recobró por completo la tranquilidad cuando vio la cantidad de oferentes.

La licitación se separó en tres tramos. Nueve empresas presentaron ofertas para todos, pero en total se presentaron 13. Cuando terminó el acto le avisó por Whatsapp al presidente Mauricio Macri que la concurrencia había sido nutrida.

Dietrich lo tomó como un triunfo personal. Aunque difícilmente lo diga a viva voz, se quedó con la convicción de que le había dado un golpe fuerte a la cartelización de la obra pública. Varias veces les repitió a sus colaboradores que se trataba de un día histórico, porque los pliegos se subieron a la página web de la DNV, por primera vez no se cobraron, no se pusieron requisitos particulares y al momento de la recepción de ofertas nadie sabía quién se iba a quedar con las obras.

A fines de abril, el director de la DNV, Javier Iguacel, sostuvo que ese organismo había hecho auditorías que arrojaban incrementos sospechosos en los valores de ciertas obras. "Se iniciaba una obra por un monto de $ 150 millones y después se iban agregando cosas y se hacían a un sobreprecio enorme: obras que empezaban con 150 o 200 millones terminaban costando $ 3000 millones", sostuvo.

Ayer repitió: "Estamos trabajando para transparentar la obra pública. Este camino nos va a llevar a expulsar la corrupción con la que convivió el país en este sector".

La sospecha de sobreprecios en las obras viales se suma a otros comportamientos irregulares en la DNV, casi todos ellos destinados a favorecer a las empresas de Báez. El organismo le enviaba al entonces Ministerio de Economía todos los meses una planilla con los certificados que debía hacer para cancelar deudas con empresas constructoras. La lista de enero del año pasado ubicaba en el sexto lugar a Austral.

Prometen que en 3 años Aerolíneas tendrá equilibrio

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó que este año se generará un ahorro en el gasto operativo de Aerolíneas Argentinas de US$ 210 millones, y que en tres años la compañía alcanzará un equilibrio entre ingresos y egresos. "En el primer cuatrimestre ahorramos US$ 70 millones", indicó el ministro.

Dietrich dijo que "Aerolíneas está compitiendo cada vez más", sobre todo en cabotaje, y que "internacionalmente hay que seguir mejorando los costos y negociando mejores salarios". Indicó que "Lan está creciendo en rutas de cabotaje, y Avianca se está instalando en el país".
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Maniobras montadas sobre un delicado momento social



Por Joaquín Morales Solá - LA NACION
Tal vez Guillermo Moreno no sea sólo un provocador (que también lo es) o Hebe de Bonafini no sea sólo una anciana rencorosa y desinformada.

El núcleo duro del kirchnerismo está propalando la idea de que un sector importante de la sociedad sufre el hambre de manera insoportable. Ellos (y otros más) son sólo voceros de una estrategia más profunda, que se despliega sobre todo en el conurbano bonaerense, donde reside el universo más amplio de pobres del país. En ese espacio socialmente sensible, siempre vacilante, los cristinistas están llamando a futuras movilizaciones hacia los supermercados, según información que recibió el gobierno de Macri de intendentes propios y de peronistas que aspiran a un proyecto de poder más ambicioso que el caos.


En esa trama, Moreno dijo que el ex dictador Videla fue mejor que Macri ("no le sacaba la comida a los pobres") para provocar el revuelo que ocasionó y para que la mirada social se fijara en la supuesta hambre, llevada por el nombre de Videla. El plan carece de escrúpulos, pero ¿cuándo Moreno tuvo escrúpulos? Bonafini mintió en Roma cuando aseguró que se habían eliminado todos los planes sociales que existían durante el cristinismo. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que no se abolió ningún plan y que, al revés, se crearon nuevos planes y se actualizaron los montos de los anteriores.

Sin embargo, es cierto que el plan económico de Macri atraviesa el peor momento en cuanto a sus repercusiones sociales. De hecho, el Presidente debió rectificar el nivel de los aumentos tarifarios.

La propia administración admitió oficiosamente que sus cifras de pobreza son parecidas a las del Observatorio Social de la Universidad Católica, que constató que hay casi un millón y medio de pobres más en el país. Esos pobres se agregaron en los últimos meses a los ocho millones y medio de pobres que ya existían antes del 10 de diciembre pasado. El cristinismo teme que el segundo semestre sea más benévolo socialmente y que los argentinos comiencen a percibir un alivio en la inflación, en la oferta de empleo y en la capacidad de compra. "Si esto fuera así, Macri habría triunfado", le dijo un cristinista convencido a un peronista indeciso. A la propia Cristina se le atribuye una frase, que nunca desmintió, sobre el acuerdo con los holdouts: "Si Macri arregla con los fondos buitre, se quedará ocho años".

La empresa de encuestas Isonomía constató en su última medición que la gestión del Presidente tiene el apoyo del 63 por ciento de la sociedad. Pero también verificó que lo que más apremia a la sociedad ahora es la economía. No obstante, mejoraron las buenas expectativas respecto del futuro económico y hasta del empleo.

Por primera vez, apareció una expectativa menor de inflación respecto del mes pasado. En síntesis: una mayoría social sabe que el momento que atraviesa es malo, pero confía en que Macri puede ser la solución.

En ese contexto, el cristinismo teme que la realidad contradiga su versión apocalíptica del futuro. Algunos intendentes y ex intendentes peronistas, y sobre todo del Frente para la Victoria, están recorriendo los barrios más carenciados del conurbano, donde pronuncian discursos de fuego sobre la situación social. Por lo general, los ex intendentes kirchneristas movilizados son políticos que perdieron sus municipios a manos de candidatos de Cambiemos. Un epicentro de la movilización está en La Matanza, donde se arrincona el peronismo bonaerense más antimacrista. Lo lidera el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. En esa municipalidad se les dio trabajo a figuras notorias del gobierno de Cristina Kirchner (Débora Georgi y Roberto Feletti, entre otros). La intendenta actual, Verónica Magario, discípula de Espinoza, ha dicho en las últimas semanas frases de incendio: "En La Matanza hay hambre" o "tenemos abuelos que no cenan".

Debe consignarse que la mayoría de los intendentes peronistas prefieren huir de esa estrategia, porque supone que un intento de desestabilización de Macri podría tener graves costos electorales. Algunos de ellos escucharon decir a Carlos Kunkel, otro trabajador incansable para debilitar a Macri, que hay que "forzar el éxito". Esto es: apurar el supuesto fracaso de la administración del Presidente. En los "intentos de agitación", según la fórmula elegida por una alta fuente del gobierno nacional, también militan el infaltable Luis D'Elía y Fernando Esteche, jefe del violento ejército llamado Quebracho.

Un papel no menor en este plan lo cumplen los dirigentes de La Cámpora (o algunos de ellos), entrenados para ejercitar una suerte de foquismo. La seguridad de Macri debió reforzarse en sus visitas al conurbano, porque ya es habitual que un grupo de camporistas lo espere para insultarlo en cualquier ocasión. Otra estrategia del Gobierno es no anunciar las visitas de Macri y que ellas sean sorpresivas para evitar que lo aguarden los grupos cristinistas. Fuentes peronistas inmejorables aseguraron que la ex presidenta Cristina Kirchner autorizó todas estas operaciones o que, al menos, las conoce y no las desautoriza.

El cristinismo habría decidido usar el peor momento económico de Macri para forzar (según el término de Kunkel) el fracaso del Presidente. "Más adelante podría ser extemporáneo o demasiado evidente", razona un peronista que intenta interpretar a los cristinistas. Los supermercados atraen la atención de los conspiradores, pero también la del Gobierno. Esos centros de compra se convirtieron en un lugar emblemático de la sublevación social desde la gran crisis de principios de siglo. D'Elía, Esteche, La Cámpora y algunos peronistas sin identificación, pero rencorosamente antimacristas, anuncian próximas movilizaciones hacia los principales supermercados de las zonas más calientes del conurbano.

Seguridad y comida

El gobierno de Macri tomó nota. La custodia policial de los supermercados se reforzó en las últimas semanas. Pidió una información diaria sobre los movimientos políticos y sociales que se producen alrededor de esos lugares. La gobernadora María Eugenia Vidal ordenó una reacción rápida para atender urgencias y demandas sociales. Está distribuyendo más comida que la que se distribuía en tiempos de Cristina Kirchner. Entre Vidal y la ministra Stanley hay conversaciones diarias sobre la situación social y sobre la distribución de alimentos.

Llama la atención del Gobierno la actitud de la organización social Barrios de Pie, que el martes pasado bloqueó todos los ingresos a la Capital y levantó ollas populares en repudio de la política de Macri. Barrios de Pie fue kirchnerista y formó parte del gobierno de Néstor Kirchner, pero en 2008 abandonó esa adscripción y se convirtió en un sector crítico de lo que ya era el cristinismo. Nadie estableció todavía si la actual movilización de Barrios de Pie es conscientemente funcional a los planes del cristinismo o si, en cambio, es sólo una estrategia aislada. Barrios de Pie también adelantó que irá a los supermercados, aunque comenzará por hablar con sus gerentes para pedirles la donación de alimentos.

Elisa Carrió, que suele expresar a veces (no siempre) las ideas que rondan en el Gobierno, fue directa en las últimas horas: "Quieren voltear a Macri", dijo con su particular estilo, directo y frontal. Si se hurga en la composición de los conspiradores, la primera constatación es que significan una minoría política. La segunda comprobación es que son una fuerte preocupación para la mayoría peronista; ésta sabe que ni el foquismo, ni el cristinismo fanático, ni la conspiración evidente constituyen un proyecto de poder, que es el único proyecto del peronismo.

Los conspiradores podrían separarse en tres grupos. Uno está integrado por los jóvenes exaltados de La Cámpora, que tienen su explicación: la exaltación y el fanatismo suelen formar parte de la juventud. Un segundo grupo está compuesto por dirigentes impregnados por una ideología nacionalista y antigua que desprecia a Macri. La última está constituida por los que fueron jóvenes peronistas revolucionarios y ahora son viejos y perdieron el poder. El problema sin solución de éstos es que carecen de tiempo para volver a vivir, desde el centro del poder, una primavera cristinista.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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