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sábado, 30 de abril de 2016

Desarrollo y Defensa

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La CABA adjudica a la empresa Roggio una obra clave contra las inundaciones



El holding cotizó casi 2 mil millones de pesos para construir un túnel aliviador que una obra clave que evitará inundaciones en Belgrano.

El jefe de gobierno consiguió el aval del Banco Mundial para iniciar la obra por la que la Ciudad deberá desembolsar cerca de 2 mil millones de pesos. En una UTE con las empresas José Cartellone y Supercemento, Roggio superó las ofertas de la brasileña Odebretch y a las italianas Ghella y Impregilo.

En una primera instancia, antes de que Axel Kicillof frenara los avales que la Ciudad necesita del Gobierno nacional para avanzar con los créditos del Banco Mundial, las empresas Techint y CPC, de Cristóbal López, también se habían anotado en la competencia.

El túnel aliviador, también llamado Segundo Emisario del Vega, será un conducto de 8.400 metros de longitud total aproximada, con unos 2.400 metros realizados mediante método de excavación convencional y unos 6.000 metros construidos con tuneladora.

El túnel ejecutado con el método convencional comprende dos tramos: un primer tramo de sección galería de 1,60 metros por 2,42 metros de unos 1.790 metros de longitud y un segundo tramo de sección herradura de 3,50 metros de diámetro y unos 580 metros de longitud. El tramo final, con descarga en el Río de La Plata, de sección circular de 5,30 metros de diámetro y una longitud aproximada de 5.900 metros será ejecutado con una máquina tuneladora del tipo Tunnel Boring Machine "TBM"- Earth Pressure Balance "EPB".

La construcción del tramo final del túnel se hará con la máquina TBM – EPB en suelos finos cohesivos de alta consistencia , en suelos no cohesivos y en arenas puelchenses, a una profundidad variable entre 11 y 30 metros, y bajo una carga de agua de hasta 22 metros sobre el intradós del conducto. Simultáneamente con el avance de la excavación se colocará un revestimiento de dovelas prefabricadas de hormigón armado, que constituirá la estructura resistente del conducto.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Con cambios en las obras, el gobierno destrabó las represas chinas en Santa Cruz



(LPO) - Habrá un nuevo convenio. La represa quedará para Nación y la provincia recibirá un 12% de regalías.
El gobierno nacional envió señales de buscar reiniciar las obras de las represas de Santa Cruz. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el vicegobernador de esa provincia, Pablo González, mantuvieron un encuentro con el objetivo de retomar los trabajos que se encuentran paralizados desde fines del año pasado.

Según el diario patagónico La Opinión, el gobierno nacional buscará adecuar la obra a los términos de la ley 15.336 que establece que las represas tienen como destino proveer energía eléctrica a más de una jurisdicción a través del Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) y que la obra es de utilidad nacional y que será financiada por el gobierno nacional.

El nuevo convenio también sostiene que los derechos por la venta de energía corresponden al Estado nacional y que Santa Cruz percibirá un 12% de regalías. Por eso, Aranguren pidió por la adecuación del convenio a estas nuevas condiciones. Estas establecen que una vez pagada, la obra -que antes quedaba para la provincia- ahora quedará para la Nación y Santa Cruz sólo recibirá regalías por la energía generada.

Según trascendió, este nuevo convenio deberá ser analizado primero por el área legal de la provincia para poder avanzar en su firma y luego remitido a la Cámara de Diputados para que esta lo ratifique.

El vicegobernador aseguró que la firma del convenio podría estar concretándose "la próxima semana", y su ratificación parlamentaria podría hacerse en la primera sesión del mes de mayo. Pero, además, trascendió que la UTE responsable de la obra llegó a un acuerdo por la reformulación técnica del proyecto.

A principios de abril, el secretario de Planeamiento Energético, Daniel Redondo, afirmó que se había acordado con los chinos seguir adelante con la construcción de las represas hidroeléctricas santacruceñas, pero con modificaciones.

En diciembre, Mauricio Macri había sugerido que las obras se paralizarían. Sin embargo, a mediados de enero esa posibilidad quedó diluida tras una movida que concretó el consorcio constructor que integra la firma ultrakirchnerista Electroingeniería, con la anuencia de funcionarios nacionales. Durante esos días, el consorcio puso en marcha 8 procesos licitatorios de alcance nacional e internacional para la compra de equipos, herramientas, puentes y vehículos de transporte por un valor total de 335 millones de pesos.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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La AFIP denunció a la AFA y varios clubes de Primera por una deuda millonaria



(Infobae.com) - El organismo hizo presentaciones judiciales por apropiación indebida de tributos, un delito que prevé penas de hasta seis años de prisión. Cuáles son los equipos involucrados


Crédito: Adrián Escandar

Las irregularidades en el fútbol argentino siguen siendo noticia. Primero se conoció el hallazgo de más de dos millones de dólares que la AFA había desviado de los fondos que el Estado le otorga por el Fútbol para Todos, y ahora la AFIP dio a conocer una serie de denuncias que realizó contra la entidad de la calle Viamonte y varios clubes de Primera por una deuda millonaria.

El organismo recaudador aseguró que la AFA y los equipos de la máxima categoría del fútbol local deben en su conjunto $330 millones en concepto de Impuesto a las Ganancias no depositados al fisco. La deuda contraída por las distintas entidades es al cierre del año 2015.

En un comunicado, la AFIP sostuvo que 137 millones de pesos corresponden a apropiación indebida de tributos, es decir, retenciones que realizaron los clubes en el Impuesto a las Ganancias sobre jugadores de los planteles profesionales pero que nunca fueron ingresadas al fisco.

El organismo que encabeza Alberto Abad ya denunció ante la Justicia a Independiente, San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata por deudas contraídas hasta el año 2013.

Por otro lado, la AFIP solicitará a la Justicia el embargo de bienes con el objetivo de cobrar las sumas adeudadas. "La responsabilidad penal podría alcanzar a los presidentes y miembros de comisión directiva de los distintos clubes de Primera División, que en ejercicio de sus facultades, se habrían apropiado ilegítimamente de sumas pertenecientes al Fisco Nacional", advirtió el ente recaudador en un comunicado.

El delito en cuestión es el de apropiación indebida de tributos, para el que la ley prevé penas de prisión de hasta seis años. Las denuncias realizadas por funcionarios de la AFIP quedaron radicadas en la jurisdicción federal de Buenos Aires, Quilmes y La Plata.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Todavía faltan bicis públicas, pese a que se recuperaron 98 robadas



Conseguir una bici pública suele ser difícilPor Nicolás Munafó - LA NACION
Los usuarios del sistema de alquiler gratuito se quejan por la escasez de vehículos, que es evidente; el gobierno porteño refuerza las medidas de seguridad para evitar más hurtos


Conseguir una bici pública suele ser difícil. Foto: Archivo / Soledad Aznarez

El faltante de rodados en el sistema público de alquiler de bicicletas de la ciudad sigue siendo notorio en las distintas estaciones. A fines de noviembre de 2015, el gobierno porteño inició un plan para mejorar el servicio y duplicar la cantidad de vehículos, aunque todavía no se ven los resultados. Lo positivo por estos días fue la recuperación de 98 bicicletas de la flota que habían sido sustraídas en los últimos meses.

Los rodados pertenecientes a Ecobici fueron hallados durante operativos realizados por la Policía Metropolitana en distintos puntos de la Capital. Además, en la plaza Roberto Arlt, en el centro porteño, se desactivó un pequeño desarmadero. Voceros de la Secretaría de Transporte local informaron a LA NACION que las bicicletas públicas son fáciles de detectar.

"Las Ecobici tienen un cuadro único. Es decir que por más que las pinten de otro color, son fácilmente identificables. También, cuentan con un número de serie", informaron. Y agregaron: "Los rodados que se recuperan van un tiempo al taller y, después de los arreglos, son repuestos a disposición de los usuarios".

En algunos casos, la recuperación de las bicis fue posible gracias a los vecinos, que hicieron la denuncia al ver rodados amarillos fuera del sistema. "En las últimas semanas, notamos un compromiso muy fuerte de los vecinos para denunciar las bicis robadas", confiaron desde la Secretaría de Transporte y sostuvieron que continúan trabajando para mejorar la seguridad en las estaciones manuales.

"En varias postas ya están funcionando las cámaras de seguridad, que seguimos instalando junto con las alarmas y los refuerzos en los anclajes de las estaciones y en los pinos [la pieza que encaja en el anclaje] de las bicis. Las cámaras se monitorean desde el centro de Ecobici y cuando se detecta a una persona tratando de llevarse una bici, se activa la alarma de manera remota", explicaron.

A fines de 2015, se habían retirado para ser refaccionadas unas 350 bicicletas, la mitad de las 700 que había disponibles en el sistema. Para estos meses, se esperaba que esos rodados ya estuvieran funcionando nuevamente y además se agregaran otros 0 km para llegar a 1200. Pero los plazos se fueron dilatando, la escasez continúa y los usuarios del servicio sigue mostrando su malestar.

Si uno ingresa en la página web de Ecobici (http://www.buenosaires.gob.ar/ecobici/sistemaecobici), de las 67 estaciones existentes, muy pocas figuran en color verde, el que marca que existe disponibilidad.

En el perfil de Facebook del sistema, Florencia Lupo se quejó: "Discúlpenme, ¡pero los paradores no tienen ni una sola bicicleta! Ya hice el reclamo al 147 y nada. Sinceramente le sacan las ganas a la gente de andar en bici; anteriormente, cuando no eran disponibles las 24 horas, había por doquier y ahora brillan por su ausencia".

También expresó su malestar Jorge Fernández: "Los que usábamos Ecobici nos preguntamos por qué desaparecieron las bicis amarillas. Era un buen sistema, una lástima ver las estaciones abandonadas y ningún ciclista utilizando el sistema. ¿Cuándo van a restablecer el servicio?".

Voceros de la Secretaría de Transporte informaron que "la normalización del servicio se está haciendo de manera paulatina. Ya estamos inyectando bicis a la flota, pero de a poco. Así vamos monitoreando y evaluando cómo funcionan las cámaras, las alarmas, los pinos y los anclajes nuevos. Los 20 días de lluvia retrasaron la instalación de cámaras y alarmas, pero estamos avanzando".

La idea del gobierno porteño es llegar a 3000 bicicletas y 200 puestos para satisfacer a los 300.000 usuarios.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Debaten la creación de un polo textil



(La Nación) - Tres propuestas de La Alameda y un proyecto del gobierno avanzan contra el trabajo esclavo


Tres proyectos de ley fueron presentados esta semana en la Legislatura porteña con un eje en común: la lucha contra el trabajo esclavo y la reducción a la servidumbre. Las propuestas, elaboradas por la fundación La Alameda y Bien Común, se relacionan con la certificación de la cadena de producción de las marcas de indumentaria, la auditoría de los proveedores del Estado y la creación de un polo textil con la reutilización de las maquinarias incautadas en talleres de confección clandestinos.

El proyecto sobre la auditoría de marcas comprende todas las fases de producción y las bocas de expendio radicadas en la ciudad vinculadas a la industria textil. Entre los objetivos plantea "promover las relaciones dignas de trabajo que garanticen las condiciones de higiene, seguridad, salud y laborales correspondientes".

Si se aprobara, la Ciudad debería suscribirse al Programa Nacional de Compromiso Social Compartido del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que audita toda la cadena de valor de las marcas de la indumentaria y genera una certificación. Las empresas deberán someterse a una auditoría de marcas y, si no lo hacen, recibirán multas económicas.

El segundo de los proyectos establece que todas las áreas de gobierno que adquieran materiales, mercaderías y productos de origen nacional deberán exigir que hayan sido producidos por trabajadores inscriptos en el Sistema Único de Registro Laboral. En el caso de productos de origen extranjero, según lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo.

La creación de un polo textil coincide con un proyecto que está elaborando el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología porteño. Se trata del Centro de Confeccionistas, un emprendimiento público y privado que se desarrollaría en un predio de cuatro hectáreas del sur de la ciudad. Allí, las empresas textiles recibirían un espacio de entre 300 y 1200 metros cuadrados para instalar sus talleres textiles con la posibilidad de acceder a créditos bancarios. La intención es que cada marca concentre allí el 20% de su producción y, de esa forma, se garantizaría que no recurran a talleres ilegales. En una primera etapa, se generarían al menos 1200 puestos de trabajo.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Detectaron 162 talleres ilegales en sólo 118 manzanas



Un año después, sigue tapiado el taller de Flores donde murieron Rodrigo y Rolando Mur Menchaca por un incendioPor Mauricio Giambartolomei - LA NACION
Estaban en Floresta, Villa Santa Rita y Flores; en este barrio, dos niños murieron en un local hace un año


Un año después, sigue tapiado el taller de Flores donde murieron Rodrigo y Rolando Mur Menchaca por un incendio. Foto: Ricardo Pristupluk

Rolando y Rodrigo Mur tenían 7 y 10 años cuando se convirtieron en los mártires de la lucha contra el trabajo esclavo. Hace un año no pudieron escapar del incendio del sótano de Flores donde vivían con su familia que, además, trabajaba en el taller textil clandestino que allí funcionaba. La tragedia se podría haber evitado si se hubieran atendido las alertas de los vecinos que, meses antes, habían denunciado las irregularidades del inmueble.

Aunque tarde, la reacción llegó. A partir de entonces se realizaron 518 inspecciones en inmuebles en el polígono de 118 manzanas delimitado por las avenidas Nazca, Juan B. Justo, Segurola y Rivadavia, muy cerca de Páez 2796, donde se desató el fuego. Se sospechaba que en esas propiedades funcionaban talleres de costura sin autorización. El resultado arrojó que el 90% de los talleres controlados (162 de 182) eran ilegales y presentaban numerosas y graves faltas de seguridad e higiene; había además trabajadores no registrados. A causa de los operativos se iniciaron 35 causas judiciales en los casos que mostraban indicios de delitos como trata de persona, reducción a la servidumbre y trabajo forzoso o infantil.

Los datos surgen de un informe que elaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), al que tuvo acceso LA NACION, y que será difundido la semana próxima. Se basó en las inspecciones realizadas desde mayo de 2015 hasta este mes por la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social, la Dirección General de Protección del Trabajo de la ciudad; la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico porteña, y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Conclusiones

"El resultado de este análisis se comunicará a los poderes Ejecutivo porteño y nacional, a las áreas que tienen competencia en la fiscalización del trabajo", adelantó a LA NACION el responsable de la Protex, Marcelo Colombo. "Es urgente e indispensable corregir el circuito que no les permite a los inspectores cumplir con el rol de policía", agregó.

La reflexión deriva del hecho de que, durante esos 518 operativos, el número de obstrucciones a la inspección fue más alto que la cantidad de talleres clandestinos hallados. En 173 casos, los ocupantes de los domicilios se resistieron a que el lugar fuera controlado, lo que representa el 33,4% del total, mientras que los talleres ilegales descubiertos fueron el 31,3%. En tanto, en 54 viviendas los inspectores observaron indicios de posible funcionamiento de un taller, lo que elevaría el número de espacios fuera de la ley.

"Lo que preocupa es un problema operativo de la autoridad para poder cumplir con el rol que le confiere la ley", indica el documento. Esta consideración refleja una situación común en los controles a la que se enfrentan los inspectores de Seguridad Social y de Trabajo, que muchas veces chocan con la negativa de los ocupantes del inmueble para realizar la fiscalización.

Sin embargo, entre las facultades conferidas por la ley 265/99, los agentes pueden "entrar libremente y sin notificación previa a cualquier hora en todo establecimiento" de la ciudad y requerir el auxilio de la fuerza pública, denunció la Protex. "Señalamos que sortear este inconveniente es imprescindible en pos de garantizar el cumplimiento del rol de policía de trabajo de los inspectores de la Dirección de Protección del Trabajo", resalta el documento.

Las más de 500 inspecciones también apuntaban a determinar la cantidad de empleados de los talleres clandestinos. En el 58% de los casos se encontraron trabajadores, en su mayoría extranjeros, que no contaban con documentos y que no sabían cuánto dinero recibían por su labor. Estas situaciones derivaron en la apertura de causas judiciales.

El drama de los talleres no cesa. Según datos de La Alameda, el 78% de las prendas fabricadas en el país se realiza en establecimientos clandestinos. Lo admite la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).

Otros resultados de la inspección - Reunir los datos demandó varios meses

99 clausuras - Tras las 518 inspecciones que se realizaron en distintos inmuebles, casi un centenar de talleres fueron cerrados. Otros 63 no tenían anomalías graves

10 Causas - Son las que fueron denunciadas a la justicia federal, del total de 35 investigaciones iniciadas en forma preliminar por la Protex por presuntos delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre

63 Talleres - En el 39% de los talleres clandestinos detectados los inspectores hallaron al menos una empresa de indumentaria vinculada con la explotación comercial de la ropa producida allí. Se trata de, por lo menos, 63 casos
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Revelan un esquema de protección de la AFIP en Río Gallegos



Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
Las nuevas autoridades informaron a la Justicia que le ocultaron datos sobre los Báez


La Regional Río Gallegos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debió investigar desde 2013 al empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín. Pero bajo las órdenes de la cuñada de Máximo Kirchner y actual senadora nacional, Virginia García, eso no ocurrió. Y ahora las nuevas autoridades de la AFIP ordenaron pasar esas investigaciones a otra regional, lejos de Santa Cruz.

El traslado de las investigaciones sobre los Báez también alcanza a la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones. En ese caso, porque también se detectó que tanto en Bahía Blanca como en Buenos Aires los sabuesos no avanzaron a fondo, incluyeron "manifestaciones falaces" en sus informes o, incluso, ocultaron datos incriminatorios a la Justicia.

Ambas decisiones constan en tres informes que la AFIP envió ayer al juez federal Sebastián Casanello, quien busca determinar si Austral Construcciones operó con facturas truchas por montos multimillonarias -en especial las provenientes de Bahía Blanca- como parte de sus maniobras de presunto lavado.

Esos tres informes también exponen cómo funcionó la AFIP, en la práctica, durante la gestión de Ricardo Echegaray -hoy al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN)- y del entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Rubén Toninelli. Ambos se encuentran ahora bajo la lupa judicial en varias causas sobre Báez y Cristóbal López. "En los casos de las inspecciones a Báez, Lázaro, y Báez, Martín, los casos se habían iniciado en 2013 en la Dirección Regional Río Gallegos. En los casi tres años transcurridos desde el inicio de las inspecciones el avance verificado fue virtualmente nulo", alertó el primer informe.

Firmado por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, ese primer informe también detalla cómo desde la AFIP le retacearon información al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, mientras intentaba investigar

"Pese a que el Dr. López Biscayart habría ordenado la fiscalización de la firma Austral Construcciones, lo único que se habría hecho es la compulsa de sus acreedores con la base de facturación apócrifa, no realizándose una verdadera fiscalización profunda sobre la realidad de las operaciones comerciales que declara la empresa como crédito fiscal", indicó.

Las omisiones de los sabuesos de la AFIP abarcaron múltiples áreas de negocios de Báez que reveló la nacion durante los últimos años. Entre otros, la operatoria comercial con los hoteles de la familia Kirchner, la facturación trucha emitida por varias sociedades de Bahía Blanca.

Los movimientos de fondos bajo sospecha en esa ciudad bonaerense se centraron en tres sociedades: Calvento, Grupo Penta y Constructora Patagónica, según expusieron en el segundo informe el supervisor, Carlos Blanco, y la inspectora Silvia Huici, que fueron desplazados de sus puestos en Bahía Blanca mientras investigaban.

"Resumiendo -indicaron Blanco y Huici-. se cambiaron las jefaturas a cargo de las fiscalizaciones vinculadas con las facturas «usina» detectadas (disolución de la Dirección Regional), se evitó solicitar información a Austral Construcciones, reteniendo el requerimiento del investigador (jefatura de Norberto Filipini), se calificó rápidamente a Calvento SA como contribuyente apócrifo (escasas operaciones) y se mantuvo como contribuyente normal a Grupo Penta, con una más que evidente actitud de justificación de las presuntas operaciones realizadas con Austral Construcciones."

Según remarcó Mecikovsky, el ocultamiento desde la AFIP también alcanzó a los $ 13,4 millones que Grupo Penta le facturó a Austral Construcciones. "No hay constancias de que esto le haya sido informado al doctor Javier López Biscayart."

La protección a Báez también abarcó el ingreso en los balances de Austral Construcciones de $ 254 millones provenientes de Belice, tras una supuesta operación con sociedades inactivas en Curazao. Esos fondos, que equivalieron a unos US$ 56,3 millones, ingresaron a la constructora tras un supuesto fallido proyecto en Belice. Pero para las nuevas autoridades de la AFIP, eso quedó en duda. "La Dirección Regional Microcentro se limitó a verificar el reflejo bancario del ingreso del dinero, sin validar la existencia real del origen", precisó el nuevo reporte.

Adiós a Río Gallegos

La inacción de los sabuesos fue aún más elocuente ante otra empresa de Báez, Austral Agro, que adquirió varios inmuebles rurales, y frente a Terrafari SA, una de las sociedades sospechadas de proveer de facturas truchas a Báez. En ambos casos, "nunca" se las fiscalizó.

Ante ese cuadro, Mecikovsky -que podría ser citado a declarar por la Justicia para aportar más información- comunicó además varias decisiones que adoptaron los nuevos titulares de la AFIP, Alberto Abad, y DGI, Horacio Castagnola: "Se ha dispuesto la reinspección de Austral Construcciones, el inicio de la inspección de Austral Agro, el cambio de titularidad de las inspecciones de Martín y Lázaro Báez [que estaban en Río Gallegos], todos ellos [a partir de ahora] en la órbita de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior y a cargo de la Dirección Regional Mar del Plata".

El traslado de las investigaciones sobre los Báez y sus empresas lejos de Río Gallegos podría ser, sin embargo, el primer paso de una reforma más drástica. Podría incluir la eliminación de esa regional creada por Echegaray -y controlada durante años por la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, hoy senadora nacional-, y su reducción a agencia, como operó hasta entonces.

Sin adelantar esa eventual reforma, Mecikovsky sí les comunicó algo más al juez Casanello y al fiscal federal Guillermo Marijuan. Les informó que esperan "la conclusión final de las inspecciones a fines de 2016".
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Presentan pruebas de un circuito privilegiado para pagarle a Báez



El empresario kirchnerista Lázaro BáezPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El titular de Vialidad denunció a De Vido por supuesta defraudación; es por usar un sistema de pagos anticipados en beneficio del empresario


El empresario kirchnerista Lázaro Báez. Foto: Archivo

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo encargado de financiar rutas nacionales, le enviaba todos los meses al Ministerio de Economía una planilla con los certificados que debía hacer para cancelar deudas con empresas constructoras. Quien daba la orden era José López, entonces secretario de Obras Públicas. La nómina correspondiente a enero del año pasado llevaba en el margen derecho un mensaje manuscrito: "Los 10 primeros sí o sí se paguen [sic]". En el sexto lugar de esa lista figura Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, que según documentos que vio LA NACION tenía para cobrar ese mes $ 60 millones.

Aunque "los 10 primeros" de la nómina encierran otros nombres, como el de Iecsa -la compañía de Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri -, la prioridad de pago hacia las compañías de Báez se repite en la mayoría de los documentos en los que se liquidaban las deudas de Vialidad.

La prioridad de pago a las firmas del empresario patagónico es la base de una demanda penal que Javier Iguacel, actual titular de la DNV, presentó el martes en la Justicia y quedó a cargo del juez Julián Ercolini. La denuncia sugiere que Báez, López y el ex ministro de Planificación Julio De Vido montaron una organización para defraudar al Estado. Y reclama que se investigue la eventual comisión de varios delitos.

Entre ellos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.

Se trata del paso más importante que dio el gobierno de Mauricio Macri para avanzar en el terreno judicial contra el dueño de Austral Construcciones. "Advertimos que podríamos estar en presencia de una maniobra delictual cuyo objeto final sería sin duda el enriquecimiento ilícito a partir del arbitrario y fraudulento manejo de los fondos públicos, diseñado por una organización y un plan perfectamente ordenado hacia tal fin. Esta denuncia tiene por objeto iniciar el proceso para desentrañar y llegar a individualizar a todos y a sus principales responsables", plantea el texto presentado por la DNV, al que accedió LA NACION.

Iguacel se presentará hoy ante Ercolini en Comodoro Py para ratificar la denuncia, que va acompañada por pruebas, muchas de ellas recolectadas a partir de una auditoría que hizo Vialidad.

El documento que se presentó a la Justicia sostiene que Obras Públicas indicaba de manera habitual qué empresas debían cobrar y en qué proporción, hasta agotar la cuota presupuestaria del período. La comunicación se efectuaba a través de correos electrónicos dirigidos a DNV, que disponía los pagos indicados y los giraba a Economía.

Para concretar esas maniobras se estableció un circuito de pago de excepción, distinto del proceso ordinario. Austral Construcciones y las restantes empresas del grupo obtuvieron del anterior administrador de Vialidad, Nelson Periotti, el visto bueno para el pago anticipado de certificaciones de obra, algo que está contemplado en un acuerdo firmado por Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de la DNV. Ese convenio acompaña la denuncia.

Sobre esa base la Jefatura de Liquidaciones del organismo, a cargo de Claudia Bellofatto, remitía notas a la comisión permanente de actualización y consolidación de deuda indicando e individualizando los expedientes y las fechas que debían cancelarse anticipadamente.

Las empresas de Báez, no sólo Austral, sino también Kank y Costilla, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4% de toda la provincia. Y si bien las compañías del empresario incumplieron los plazos, nada de eso se trasladó a la administración kirchnerista, que les pagó con una demora promedio en torno de los 60 días (otras empresas tenían una espera cercana a los 260 días).

En paralelo, el kirchnerismo favoreció la realización de obras en Santa Cruz. Hasta enero de este año se habían adjudicado trabajos por $ 21.269 millones, 4,2 veces más que en Chubut, casi 2 veces más que en Río Negro y 15 veces por encima de lo que recibió La Pampa, todas provincias con más población.

Según un relevamiento de LA NACION, tan sólo en la primera década de gobierno el kirchnerismo destinó $ 63.400,71 millones al tendido y la reparación de rutas a través de la DNV, uno de los presupuestos más jugosos del país.

Santa Cruz fue la más beneficiada: se llevó cerca de $ 6885 millones, casi el 11% de lo disponible. La siguió Buenos Aires, el distrito económico más importante, con menos del 10%. Según el censo de 2010, la provincia de Buenos Aires tiene 15,6 millones de personas, que recibieron, cada una, $ 73,80 para rutas en 2013. Los patagónicos obtuvieron $ 3261,78, es decir, 44 veces más.

Antes de tiempo

Los beneficios de las compañías de Báez por encima de sus competidoras se profundizaron a medida que se acercaba el fin del mandato de Cristina Kirchner. Aunque el sector de la construcción reclama retrasos de meses en los pagos, registros de la DNV indican que al 20 de noviembre del año pasado las empresas de Báez habían cobrado certificados de obra por adelantado, que vencían el 4 de enero de este año.

Sobre la base de esa información, la denuncia de Iguacel sostiene que el gobierno anterior "estableció un sistema donde no sólo se priorizó y se garantizaron pagos de certificaciones sobre las restantes empresas contratadas por la DNV, sino que se estableció un circuito de pagos irregular y de excepción, el cual permitió a las empresas del grupo reseñado cobrar los certificados de obra en plazos aún menores que los establecidos contractualmente y de manera altamente beneficiosa, respecto de las demás empresas contratistas".

Iguacel también denunció ayer en declaraciones a Radio Continental sobreprecios en las obras viales. "Se iniciaba una obra por un monto de $ 150 millones y, después, se iban agregando cosas y se hacían a un sobreprecio enorme: obras que empezaban con $ 150, $ 200 millones terminaban costando $ 3000", sostuvo.

El circuito de los pagos por adelantado - Los funcionarios kirchneristas beneficiaban a las empresas de Lázaro Báez. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia en la que acusa a la administración kirchnerista de defraudar al Estado, entre otras cosas, por favorecer los pagos para las empresas del empresario kirchnerista Lázaro Báez. El patagónico se quedó con cerca del 80% de las obras viales de Santa Cruz

José López - Ex secretario de Obras Públicas - Respondía en el organigrama a Julio De Vido, pero tenía juego propio por su cercanía a Néstor Kirchner. Es uno de los principales engranajes dentro del circuito de pagos privilegiados que beneficiaron a Austral Construcciones y a otras compañías de Lázaro Báez.

Julio De Vido - Ex ministro de Planificación - Aunque su nombre no aparece de manera directa en la denuncia que presentó la DNV, sí está mencionado su ministerio. Eso se debe a que tanto obras públicas como el organismo encargado de licitar y financiar las rutas estaban dentro de su órbitra.

Guillermo Periotti - Ex titular de la DNV - Fue el jefe del organismo (Vialidad) encargado de licitar y pagar obras viales en todo el país, por lo que manejó uno de los mayores presupuestos de la Nación. Lo acusan de promover un circuito de pagos a favor de Lázaro Báez y en detrimento de otras firmas.

Lázaro Báez - Dueño de Austral construcciones - Autral Construcciones y Kank y Costilla, dos compañías del empresario, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4 % de todas las rutas que se hicieron en Santa Cruz. Una auditoría del Gobierno indica que cobraban a 60 días, un plazo mucho más corto que el de otras firmas.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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ARS avanza en un acuerdo para la fabricación y financiación de embarcaciones para la defensa



El presidente de Astillero Río Santiago, Dr. Ernesto Gaspari, mantuvo una nueva reunión de trabajo con representantes de la empresa China Poly Technologies, con el objetivo de ocupar la totalidad de la capacidad instalada en el mayor astillero del país.
Durante el encuentro se hizo presente el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Ing Jorge Elustondo, demostrando el apoyo de la provincia de Buenos Aires en esta nueva etapa, que busca posicionar al Astillero Río Santiago, en un rol estratégico al frente de la industria naval y metalmecánica.

En ese sentido y como resultado de las negociaciones, el titular del ARS, acordó avanzar en la elaboración de un convenio de cooperación para la fabricación de embarcaciones militares y financiamiento para actualización tecnológica en la planta naval de Ensenada.

Las negociaciones continuarán en los próximos días, para elevar dicho acuerdo a la refrenda de los ministerios intervinientes, Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires y de Defensa a nivel nacional.
FUENTE: https://www.facebook.com/ARSoficial/?fref=photo

Agregado: También, Poly fabrica dos productos muy interesantes para Argentina aplicables a un sistema de defensa movil.






Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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