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lunes, 18 de abril de 2016

Desarrollo y Defensa

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El Fiat Mobi llegará a mitad de año



(Perfil.com) - La marca italiana acaba de presentar en Brasil el nuevo modelo popular que se produce en aquel país. Llegará a la Argentina a mitad de año y estrena una nueva motorización.
El nuevo Fiat Mobi debutará en la Argentina durante el segundo semestre de 2016.
El nuevo Fiat Mobi debutará en la Argentina durante el segundo semestre de 2016.

Fiat presentó en Brasil su nuevo modelo "low cost" para el Mercosur. Se trata de Mobi, modelo desarrollado sobre la plataforma del Uno, aunque recortada, por eso tiene dimensiones más pequeñas y estará posicionado como el modelo más accesible de la marca italiana en la región.

Conocido en primera instancia como Proyecto X1H, Mobi ocupará el lugar del desplazado Uno Fire y, más adelante, propiciará el retiro del inoxidable Palio Fire. Se ofrece con carrocería de cinco puertas, que mide 3.566 mm de largo, 1.633 mm de ancho y 1.502 mm de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2.305 mm: el baúl es pequeño, con 215 dm3 de capacidad.

Estéticamente luce moderno y apela a recursos estilísticos como el de la versión europea del Volkswagen Up!, cuyo portón trasero es vidriado.

El lanzamiento de Mobi en la Argentina está previsto para el mes de julio, dos meses después de la llegada de la pick-up Toro. Una de las grandes novedades de Mobi es que estrenará una nueva generación de motores. En principio equipará el Fire Evo 1.0 con caja manual de cinco velocidades, mientras que más adelante podría sumar un inédito propulsor 1.0 de tres cilindros.

Cabe destacar que Fiat desarrolló una aplicación para conectar a Mobi con un smartphone, utilizando la pantalla del teléfono ubicándolo en la consola central. Ofrece las funciones simplificadas de llamadas y GPS. También está disponible en las versiones tope de gama una pantalla multimedia de 6,2 pulgadas.

Si bien en Brasil Mobi se ofrece en seis versiones (Easy, Easy On, Like, Like On, Way y Way On), por el momento la filial local de Fiat no definió cuáles llegarán a Argentina y tampoco el nivel de equipamiento, pero se estima que, inicialmente, la oferta local estará conformada por las versiones más austeras para no pisarse en precio con el Palio Fire, actualmente el modelo más económico de Fiat en la Argentina.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Investigan si una fábrica militar abastecía al mercado negro con armas y municiones



Operativos. La fábrica santafesina en Fray Luis Beltrán fue allanada por personal de Gendarmería.Por Cecilia Di Lodovico (Perfil.com) - Una auditoría detectó serias irregularidades. Advirtieron un excedente en el stock no declarado en los registros contables. Sospechan de un desvío de la producción al exterior.


La fábrica santafesina en Fray Luis Beltrán fue allanada por personal de Gendarmería. | Foto: Cedoc

El 4 de abril pasado, una auditoría del Ministerio de Defensa descubrió preocupantes fallas en Fray Luis Beltrán, la principal fábrica militar de proyectiles y municiones que abastece a las Fuerzas Armadas y a todas las fuerzas de seguridad del país. No sólo detectaron el faltante de millones de proyectiles, cartuchos y fulminates para fusiles y pistolas, sino también un excedente en el stock no declarado en los registros contables y el hallazgo de material oculto en un depósito.

La irregularidad preocupa al gobierno de Mauricio Macri y es una prioridad para el Ministerio de Defensa llegar al fondo del asunto. Fuentes calificadas indicaron a PERFIL que no creen estar sólo frente a un desmanejo administrativo, sino a una falta de gravedad internacional "que puede comprometer la responsabilidad del Estado" a ese nivel.

Sospechan que en Fray Luis Beltrán funcionaba un sistema de producción paralelo de armas y municiones para abastecer al mercado negro interno y al exterior del país. Según explicaron, el faltante es tan importante, que "es imposible que se haya quedado en el país. Si fuera así, el mercado estaría sobresaturado". Pese a que aún desconocen el destino que habría tenido el armamento, el puerto de Rosario podría haber sido una puerta de salida rápida.

El hallazgo de material no declarado en un depósito –dentro del que se cuentan 6 mil proyectiles, 100.416 cartuchos de diferentes calibres, 96.740 vainas para 7.62 y 9 mm, trenes de fuego de granadas, piezas de portacebos, cebos y reforzadores, espoletas de cohetes, pólvora, lanzador de cohete servido y granadas lacrimógenas– refuerza la hipótesis.

A la vez, detectaron en la dependencia de Fabricaciones Militares de Santa Fe un circuito virtual de compra y venta asociado a la fábrica de Villa María, en Córdoba. "Un claro indicio de corrupción" para Defensa, que lo denunció el 22 de marzo pasado.

El relevamiento de la Unidad de Auditoría interna en la Fábrica de Pólvora y Explosivos de Villa María detectó dos depósitos que, según sostuvieron sus autoridades, pertenecían a la fábrica de Fray Luis Beltrán. En su interior, se verificó la existencia de fulminantes y pólvora procedente de Brasil. Para el ministerio, el hallazgo "constituiría la verificación de circuitos paralelos en el interior de la Dirección General de Fabricaciones Militares". Un mail enviado entre personal de ambos establecimientos que devela maniobras con documentación oficial para "arreglar" la situación irregular de un polvorín robustece las sospechas.

La auditoría interna detectó "un sistema de movimiento de material bélico interfábricas con documentación y remitos no agregados a la carpeta de uso habitual para movimiento de mercadería entre dependencias". En Villa María, al igual que en Fray Luis Beltrán, se detectaron 24 toneladas de pólvora atribuida a la segunda, pero no registra ingreso ni egreso en ninguna de las dos.

Tras la denuncia, el juez Marcelo Bailaque ordenó un allanamiento que confirmó la denuncia presentada por la cartera que conduce Julio Martínez. Secuestraron documentación –remitos de la AFIP y planillas del Renar– y tres computadoras.

No es la primera vez que se alerta de las irregularidades. Durante la gestión de Agustín Rossi, se presentaron informes que fueron rechazados por las autoridades de la Dirección de Fabricaciones Militares en Fray Luis Beltrán.

El año pasado, PERFIL advirtió sobre municiones de Fabricaciones Militares en manos de integrantes de Los Monos. En octubre de 2006, una investigación de este diario develó que Néstor Kirchner, durante su presidencia, autorizó la venta de armamento de Fabricaciones Militares a una empresa de Paraguay vinculada a la guerrilla colombiana y a los narcos de Brasil.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Antología del cinismo



Editorial del diario La Nación.
Corregir la gravísima herencia recibida de la gestión kirchnerista se torna imperioso a pesar de los altísimos costos políticos que encierra


La tarea del presidente Mauricio Macri ha entrado en una etapa tan difícil como esperable, en la cual las mayores dificultades se concentran en la gestión económica. Esto ocurre al mismo tiempo que el primer mandatario debe aclarar, con la seriedad del caso, su aparición en directorios de compañías de su familia radicadas en paraísos fiscales. A las limitaciones propias impuestas por la insuficiencia de instrumentos económicos para resolver rápidamente los graves problemas heredados, se suma un clima político que gana descontentos y merma los entusiasmos iniciales.

Las distorsiones económicas y las falencias que se arrastraron sin solución y gravosamente hasta el 10 de diciembre configuraban bombas de tiempo que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner logró que no explotaran en sus propias manos. Cualquiera que hubiera ganado las elecciones habría heredado la responsabilidad de desactivarlas, enfrentando los inevitables costos sociales y políticos. La negación y no la solución de los problemas, en el marco de un populismo irresponsable, no hizo más que agravarlos, haciendo cada vez más difícil la salida.

Visto esto, no cabe sino calificar de un extremo cinismo e hipocresía el mensaje de la ex mandataria frente a quienes concurrieron a apoyarla en su presentación frente al juez Claudio Bonadio. El escrito presentado al tribunal en esa ocasión adjudica al presidente Macri todas las culpas de los efectos de las medidas correctivas del desastre heredado. Tanto esa presentación como su discurso debieran formar parte de la antología del cinismo.

El retraso cambiario y el cepo asfixiaban la producción, destruían el balance comercial y agotaban las reservas del Banco Central. La salida de esa situación con la consiguiente corrección del tipo de cambio era tan necesaria como inevitable, y cuanto antes se hiciera, mejor. Pero había que saber que aquello haría aflorar la inflación reprimida y que el sistema de precios respondería con aumentos. Por otro lado, la emisión monetaria en los últimos meses del kirchnerismo hacía crecer la cantidad de dinero a una tasa del 45% anual. A pesar del retraso cambiario y tarifario, esto determinaba que la herencia incluyera una inflación del orden del 30% anual. Pero la presidenta saliente no sólo legó a Macri su propia inflación, sino además otra píldora venenosa. El Banco Central vendió a futuro miles de millones de dólares a un precio menor que el del mercado, lo que inevitablemente producirá un enorme quebranto financiero durante el año en curso.

El déficit fiscal rondaba a fines de 2015 el 7% del PBI. Sería mayor si se computaran gastos devengados y no pagados, más los retrasos en los servicios de la deuda pública. Esta grave pérdida fiscal se producía a pesar de una enorme e inédita presión impositiva, a tal punto insostenible que reclamó reducciones inmediatas. Para dificultar aún más la corrección del desequilibrio fiscal, el colosal aumento del gasto público corrió por carriles de gran irreversibilidad. Este nivel de déficit público es inviable aunque se retorne a los mercados de deuda para financiarlo y se evite la emisión monetaria. Si no se reduce drásticamente bajando el gasto, el Gobierno puede entrar nuevamente en riesgo de un default. La tarea no es fácil. El combate a la corrupción o la supresión de gastos superfluos son una obligación moral, pero no son cifras que puedan corregir por sí solas el desborde fiscal.

Las reducciones de personal estatal, aunque sustancialmente menores que su incremento en los últimos 12 años, están causando un gran descontento social que la oposición política está capitalizando. Algo similar se observa en el intento de recortar los planes sociales. Se habla de salvajismo e insensibilidad. Lo mismo ocurre con los aumentos en las tarifas de energía y transporte, necesarios para reducir los subsidios. Sin embargo, estos son los frentes en los que se debe trabajar, ya que nada se puede ni se debe hacer con el gasto jubilatorio, que, desde que se concretaron las dos moratorias y la confiscación de los fondos de pensión, incrementó su peso en el gasto público en un equivalente al 4% del PBI.

Por una cuestión meramente aritmética, el gobierno nacional deberá seguir reduciendo el personal excedente, achicar los subsidios y recortar los planes sociales no imprescindibles. Lo tendrá que hacer aplicando atenuantes y compensaciones hacia los sectores más carenciados, pero no podrá evitar el costo político. El trayecto futuro de la reducción del déficit fiscal y de la inflación pasará por una primera etapa en la que habrá sólo dureza y muy escasos resultados. Es inevitable una mayor inflación en los primeros meses.

Resulta clave la respuesta moderada que se dé en las convenciones colectivas para acordar aumentos salariales. Un mejoramiento del clima político y de la actitud de las fuerzas de oposición debería contribuir y no alentar actitudes sindicales que pierdan de vista que hay límites para que el perjuicio no alcance a toda la sociedad.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Las drogas sintéticas, una amenaza que avanza a paso acelerado en el país



La fiesta electrónica que terminó en tragediaPor Daniel Gallo - LA NACION
El consumo aumentó 2000 veces entre 2011 y 2015; creen que los jóvenes consumirán más drogas de diseño que cocaína


La fiesta electrónica que terminó en tragedia.Foto:Archivo

Es el mercado de drogas con mayor crecimiento en la Argentina. Las sustancias sintéticas ganan espacio y las proyecciones oficiales marcan que en breve los jóvenes consumirán más drogas de diseño que cocaína. Los datos siempre fueron públicos como señal de alerta, pero ignorados por la sociedad hasta que esta especie de Cromagnon de las drogas despabiló a todos de la peor manera.

Si se toma como referencia la captura de sustancias sintéticas, se encuentra que entre 2011 y 2015 aumentó 2000 veces la cantidad incautada. También aparecieron laboratorios, algunos complejos y de alta producción, como los hallados en Ingeniero Maschwitz, en 2008, o en Mar de Ajó, en 2014. Y cayeron organizaciones con mano de obra local en toda la cadena, desde la producción hasta la venta. Eso señala que hay gran circulación de esas drogas. Y también mercado, por supuesto.

El Observatorio de Políticas Sociales en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires informó que entre 2011 y 2014 aumentó 300 veces el consumo de drogas sintéticas entre estudiantes de nivel medio. La Sedronar también reflejó ese problema. En su encuesta realizada en 2014 el consumo de drogas sintéticas entre estudiantes porteños trepó a 2,9%, por encima del 2,5 %, que reconoció inhalar cocaína. Y si se analiza la franja etaria de estudiantes mayores de 17 años la situación es peor, ya que alcanza un consumo de 5,7%. La marihuana es la droga más consumida entre adolescentes, con un nivel similar al del tabaco, pero las drogas sintéticas irrumpen como el futuro de ese mercado ilegal.

Claro que las cifras por sí mismas quizá no representen una alarma frente a una sociedad que visualiza al narcotráfico como cárteles internacionales o, con algo más de información o por obligada convivencia barrial, se enfoca en la violencia de grupos marginales, como Los Monos y otros sin nombre, que disputan a puro balazo sus territorios de venta de cocaína. Esas bandas representan el desafío actual, pero el mercado de drogas sintéticas es la amenaza más compleja que avanza.

El comercio mundial de cocaína tiene sólo tres lugares de producción: Colombia, Perú y Bolivia, y a América latina como gran puerto de exportación hacia cada continente. El distribuidor en Estados Unidos, Rusia, China o Japón depende del flujo de mercancía desde nuestra región para abastecer sus mercados locales.

Las drogas sintéticas pueden eliminar esa dependencia y maximizar las ganancias por evitarse los costos de traslado. A eso apuntan organizaciones de todos los países y se visualiza una dinámica superior en la consolidación del negocio de drogas sintéticas.

Hoy el éxtasis o la metaanfetamina son sólo denominaciones genéricas para mencionar las drogas sintéticas. En el mundo no se sabe cuántas drogas diferentes están disponibles ni sus efectos. La ONU tiene 400 sustancias a las que todavía no pudo clasificar luego de ser informadas como nuevas capturas en algún país.

La posibilidad de crecimiento de ese mercado es aún mayor si se toma en cuenta que la marihuana ya fue sintetizada y sus fuertes variantes de diseño hacen estragos entre universitarios norteamericanos. Por eso el año pasado se decidió aquí ampliar la lista de sustancias prohibidas -por reclamo de la subsecretaría de narcotráfico- y se incluyó el cannabis sintético entre los compuestos ilegales, al igual que otras 243 sustancias. En ese grupo figuran 49 nuevas drogas sintéticas, como toda la familia de Nbome, conocida en las calles como La Bomba, el GHB, las modificaciones de JWH, que ya tenían fabricación local.

Ante un mercado en expansión y de núcleo débil -sin centros coordinados y con múltiples células independientes- el desafío actual es bajar los niveles del consumo como manera más permanente de afectar a las bandas en actividad y desalentar a aventureros que se piensen protagonistas de una serie de TV.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Hallan cobros irregulares en previsión social



La gobernadora María Eugenia VidalPor Marcelo Veneranda - LA NACION
El gobierno de Vidal encontró jubilaciones duplicadas y pagos a personas fallecidas por $ 688 millones; procura ahora cobrar deudas por otros 660 millones a los municipios y colegios privados.


La gobernadora María Eugenia Vidal.Foto:Archivo/LA NACION / Fernando Massobrio

A partir del cruce de datos con la Anses y con organismos de otras provincias, el Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) detectó un núcleo de irregularidades en el pago de jubilaciones cercano a $ 688 millones. Así lo reveló a LA NACION el titular de la entidad, Christian Gribaudo, quien por estos días intenta recuperar otras deudas millonarias: unos $ 160 millones de los municipios y $ 500 millones de los aportes de colegios privados.

"A partir del intercambio de datos con la Anses y otros institutos previsionales, encontramos una gran cantidad de jubilaciones irregulares o incompatibles. Básicamente, de tres tipos: personas que cobraban dos o más jubilaciones; personas que percibían jubilaciones y seguían trabajando; y apoderados o gestores que seguían cobrando jubilaciones de fallecidos", señaló Gribaudo.

Agregó que los casos detectados y dados de baja significarán un ahorro para la provincia de $ 188 millones este año, pero que en los últimos años insumieron el pago de $ 500 millones. Para recuperar esos fondos, el IPS planea retener haberes a quienes, tras el cruce de datos, sigan siendo beneficiarios. En el resto de los casos, deberá accionar judicialmente.

No será la única visita a los tribunales. El funcionario de María Eugenia Vidal ya presentó una denuncia penal tras detectar una seguidilla de casos -la mayoría, de las ciudades de Cañuelas y Las Flores- en los que se modificaban claves del sistema para otorgar jubilaciones en categorías mayores a las debidas. "El negocio era el retroactivo", señala el funcionario, y explica: "Detectamos que gestores y empleados del IPS le ofrecían a quienes hacían el trámite una mejor jubilación, a cambio de quedarse con el pago retroactivo".

Sin embargo, Gribaudo no despotrica contra "la herencia" sciolista y hasta elogia a su antecesor, Mariano Cascallares. Busca, de hecho, diferenciar la situación del IPS de otros organismos provinciales. Por ejemplo, la obra social IOMA, donde se detectaron irregularidades por $ 1500 millones y en las que el gobierno de Vidal responsabiliza a funcionarios de Daniel Scioli.

"Cascallares hizo denuncias similares a las que estamos presentando y dejó un IPS superavitario. De hecho, su vice, Mailén Vélez, continúa como directora. Acá no se trata de una herencia política, sino de un vicio en el sistema que estamos combatiendo", remarcó Gribaudo.

Aunque no lo diga, esa defensa de su antecesor no tiene que ver sólo con su paso por el IPS. Convertido en intendente de Almirante Brown, Cascallares es un aliado de Vidal en la relación con los municipios del Frente para la Victoria.

La relación con los intendentes -que impacta en la Legislatura bonaerense, donde Cambiemos necesita apoyo opositor en ambas cámaras- posiblemente dificulte el cobro del segundo "paquete" que persigue Gribaudo: los $ 160 millones que adeudan los municipios, principalmente, por aportes no realizados al IPS cuando se pagan bonos de fin de año a los empleados locales.

El tercer paquete, y el mayor, proviene de unos $ 1035 millones que adeudan los colegios privados bonaerenses. Cascallares identificó el 93% de esa deuda y consiguió que la mitad de los deudores se inscribieran en una moratoria. Gribaudo busca cobrar los $ 500 millones restantes a través de apremios.

Trámites eternos y gestores

El IPS fue uno de los actores centrales en los anuncios de aumentos para jubilaciones, comedores y planes sociales que Vidal hizo esta semana y que significaron un alivio para su gestión, en medio de las protestas de policías y estatales, el aumento en las tarifas y los despidos.

Más allá de ese aporte, y de la recuperación de fondos millonarios que intentará, Gribaudo enfrenta varios desafíos para modernizar el IPS.

El primero pasa por acortar los trámites jubilatorios, que en la provincia duran entre un año y medio y dos años. El objetivo de Cambiemos pasa por lograr en 2016 que esos trámites se completen en un año o menos. El objetivo final: que se logren iniciar y cerrar en 30 días.

Para eso, Gribaudo planea completar la descentralización iniciada por el sciolismo -que creó 76 centros de atención previsional (CAP)- y plantar una sucursal del IPS en los 135 municipios bonaerenses. Pero, antes, deberá resolver un problema: el IPS no tiene un sistema informático en red que integre sus oficinas. Los trámites que se inician en los CAP tardan tres meses más que los iniciados en La Plata.

"Necesitamos un sistema que funcione y personal capacitado. Porque la lentitud del sistema se convirtió en un negocio para quienes gestionan jubilaciones", señaló Gribaudo. Esas empresas de gestores rodean la manzana del IPS, en La Plata.

Detectar esas y otras irregularidades, como las jubilaciones mal pagadas, también es un problema: hasta ahora estaban a cargo de una sola persona del departamento jurídico del IPS, que tiene 288.000 beneficiarios.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Los investigadores creen que Jorge Chueco se fugó a Brasil o a Paraguay



Jorge ChuecoPor Alan Soria Guadalupe - LA NACION
El abogado cercano a Lázaro Báez hacía viajes frecuentes a la frontera y por eso es la principal hipótesis


PUERTO IGUAZÚ.- Hubo cambios en la búsqueda del abogado Jorge Chueco, visto por última vez el jueves en esta ciudad. Ayer cobró fuerza la hipótesis de que el abogado cercano al empresario kirchnerista Lázaro Báez pudo haber salido del país. En pocas horas, las autoridades pasaron de negar que hubiera elementos suficientes para suponer que Chueco ya no estaba en la Argentina a "no descartar" que pudo haber escapado a Brasil o Paraguay sin dejar rastro. Anoche esa hipótesis era la principal. "Todos en Iguazú están convencidos de que cruzó", reveló a la nacion una de las fuentes con más peso en la investigación.

¿Qué elementos sostienen la nueva hipótesis? En la búsqueda de datos que pudieran describir con más detalle los movimientos de Chueco antes de su desaparición, los investigadores se toparon con que el hombre solía realizar viajes frecuentes y fugaces a esta ciudad. Y no sólo eso, sino también que en esas visitas aparentemente furtivas Chueco acostumbraba cruzar la frontera con Brasil. En lo que va del año, visitó Misiones dos veces. Aunque la policía provincial no brindó información sobre las ocasiones en las que viajó en otros años, sí confirmó que fueron numerosas.

"Nosotros no descartamos nada. Es un tema abierto. Estamos pidiendo informes de entrada y salida [a migraciones de Paraguay y Brasil]", contestó el fiscal a cargo de la investigación, Martín Brites, a la nacion, cuando se le preguntó por la hipótesis que hasta anteayer era débil.

Un dato no menor: según pudo saber este diario de una alta fuente de la investigación, al momento de ser trasladado desde la pasarela de las Cataratas por la policía provincial -tras encontrarlo ebrio y drogado- Chueco dijo que tenía US$ 150.000 en el hotel donde se hospedaba. Pero en el allanamiento en el Saint George se encontraron poco más de US$ 43.000. Además, la última vez que lo vieron los empleados de Los Helechos, Chueco salió con uno de los bolsillos del pantalón inflado por la cantidad de cosas que llevaba allí. Todavía no se confirmó qué era.

Otro dato más: anoche se terminaron de analizar las cámaras de seguridad que registraron el paso del abogado por las Cataratas y en ningún momento se ve a alguien arrojarse.

Mientras la hipótesis del suicidio se desinfla, crece la idea de que todas las supuestas pistas que Chueco dejó atrás -los dólares, los $ 1000 en efectivo y las cartas de disculpas a la familia- eran para desviar la atención.

Sin embargo, las autoridades son cautelosas y aún no dan por seguro que Chueco haya escapado del país. "Pudo haber salido hacia otro punto o estar todavía alojado en la ciudad", afirmó el jefe de la policía de Misiones, Manuel Céspedes.

Por eso, ayer se dispusieron nuevos operativos para encontrar pistas sobre su paradero. Hubo rastrillajes en los alrededores de los hoteles céntricos Los Helechos y Saint George -donde Chueco se hospedó simultáneamente- y se sumaron buzos a los operativos sobre los ríos Paraná e Iguazú, además de que por varias horas se vio un helicóptero de Prefectura sobrevolar la ciudad.

También -indicó el fiscal a la nacion- se intensificaron los controles en los accesos a la ciudad, se ordenaron rastrillajes en unas 600 hectáreas y se tomó declaración a los guardaparques del Parque Nacional Iguazú y al chofer del micro que llevó al abogado desde Posadas a Iguazú el 12 de abril, luego de que dejó su Peugeot 408 negro abandonado en el estacionamiento de un supermercado. Ayer el auto estaba secuestrado en la Unidad Regional V de Iguazú, luego de que un conocido de Chueco lo trajo a esta ciudad.

Para ayer estaba prevista la declaración de las hijas del letrado en la comisaría 1a, pero las autoridades no confirmaron que se hubiera concretado. La ex mujer de Chueco, Patricia Tendler, quien hizo la denuncia por la desaparición, volvió ayer a Buenos Aires, pero hoy regresaría a Misiones.

El apoderado de Helvetic Service Group -la sociedad que compró La Rosadita- debía declarar el miércoles próximo ante la justicia federal en la causa por lavado de dinero por la que está detenido Báez.

Señales para despistar

Jorge Chueco - Abogado - Los investigadores no descartan que la visita de Chueco a las Cataratas y las cartas a la familia hayan sido pistas falsas dejadas por el abogado
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Detectan irregularidades en un subsidio laboral



Por Nicolás Balinotti - LA NACION
Son los Repro, que se otorgan en situaciones de contingencia; pese a ello, el plan continuará

En su rastrillaje por toda la administración pública, el Gobierno avanzó en su política de desvinculaciones y ruptura de contratos que heredó de la gestión anterior. En paralelo, también activó auditorías en organismos clave, entre los que está el Ministerio de Trabajo de la Nación. Allí, el ministro Jorge Triaca ordenó una revisión de los fondos de Recuperación Productiva (Repro), un plan de contingencia por el cual el Estado nacional subsidia parte del salario de los trabajadores que se encuentran en empresas cuya situación es crítica.

Con la auditoría todavía en proceso, ya se detectaron algunas irregularidades, como empresas beneficiadas con el subsidio desde hace 96 meses, o clubes de fútbol que no tendría razón alguna para recibir la ayuda, según supo LA NACION a partir de fuentes oficiales. "No se puede vivir en emergencia. No se puede otorgar un subsidio para toda la vida", argumentaron en la cartera laboral. Triaca, sin embargo, evitó dar precisiones de las fallas y se referirá al tema cuando el informe solicitado esté concluido.

A pesar de las irregularidades detectadas, Trabajo continuará con los Repro, aunque evalúa algunas modificaciones en su distribución. En principio, prorrogó el plan hasta el 31 de diciembre de este año en línea con la "emergencia ocupacional".

Actualmente, unas 300 empresas son beneficiarias de los Repro, que consiste en un auxilio estatal de 2000 pesos por trabajador. Esta política tuvo su pico en 2009, cuando alcanzó a 2769 compañías. Desde entonces, la cifra comenzó a bajar.

Durante el mandato del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, la ayuda del Estado fue de aproximadamente 2500 millones de pesos entre 2004 y 2015, según datos oficiales de la anterior gestión. Cerca del funcionario kirchnerista, aseguraron a LA NACION que el Repro se podía cobrar hasta 12 meses, pero que el plazo podía superarse excepcionalmente. Pero nunca 96 meses.

La participación de los gremios en el reparto de los subsidios es determinante. Cada empresa que se declare en estado de crisis y que aspire a obtener el auxilio financiero estatal deberá presentar, entre una serie de requisitos, la conformidad de la asociación sindical que represente a sus trabajadores. Es decir, tendrá que primar un trato de antemano entre el empleador y el gremio.

Las empresas cuyas solicitudes fueron aprobadas por el Ministerio de Trabajo se comprometerán a abonar a los beneficiarios de los Repro el suplemento de dinero necesario para alcanzar el salario establecido para la categoría que les corresponda, según el convenio colectivo de la actividad. Además, la compañía estará obligada a mantener la nómina total de personal, por lo que se frena cualquier eventual despido, aunque no así suspensiones o reducción de la jornada laboral.

A contramano de la gestión kirch-nerista, Triaca priorizó elevar el seguro de desempleo, que está congelado en 400 pesos desde 2006, antes que destinar más fondos a los Repro, que, a pesar de las contingencias, significa una apuesta a conservar el vínculo laboral y mantener al trabajador dentro del mercado.

El sector que más recurrió en los últimos dos años a la subvención estatal fue el de transporte de pasajeros, cuyo sindicato principal, la Unión Tranviaria Automotor (UTA), cerró recientemente una suba salarial anual de 29% para los colectiveros. En la paritaria, el gremio avaló los aumentos de hasta el 100% en las tarifas. El trato se escenificó en la Casa Rosada con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el jefe de la UTA, Roberto Fernández. No es la primera vez que los movimientos de Fernández quedan condicionados por el reparto de los subsidios. "Nos dijeron que a los Repro los iban a pagar hasta julio o agosto y que después se repartirán de otra manera", dijo el sindicalista a LA NACION.

Otros sectores que están en crisis son los vinculados a la energía y al petróleo. También, la producción de autopartes y la siderurgia, dos industrias que están golpeadas por los coletazos en Brasil, un socio fundamental. El freno de la obra pública hizo caer los índices de empleo en la construcción, donde ya hubo 30.000 bajas en lo que va de 2016. Para este caso, el Gobierno avanza en alternativas con inversión extranjera a fin de reactivar el circuito, aunque hay una decisión tomada de no destinar ayuda a empresas icónicas del kirchnerismo, como Austral Construcciones SA, de Lázaro Báez.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Habrá más presos y nuevos procesados



Joaquín Morales SoláPor Joaquín Morales Solá - LA NACION
Hay cosas que sirven para distraer a la gente durante un día. Un paseo por el pasado, por ejemplo. No pueden, en cambio, frenar los procesos que están en marcha. Cristina Kirchner recordó a los argentinos que lidera una corriente agresiva, fanática y minoritaria. Fue un relámpago cargado de imágenes viejas. Sólo un Macri ingrato no le agradecería semejante favor cuando sobrelleva el momento más impopular de su plan de estabilización económica.

La justicia federal, sin embargo, no se detendrá por esas ficciones políticas. Un consenso entre jueces federales y la Corte decidió que continuará, como si nada hubiera pasado, la revisión de las causas de corrupción durante el kirchnerismo. Habrá más presos y nuevos procesados, dijo un juez federal un día después de la parranda cristinista.

¿Cómo sigue entonces? La próxima novedad sobre la ex presidenta la dará el juez Claudio Bonadio, que la procesará por el delito de defraudación a la administración probablemente sobre el final de la semana que se inicia.

Hay que hacer una precisión: Cristina Kirchner no está siendo juzgada en esta causa por asociación ilícita, como ella aseguró en su discurso en la vereda de los tribunales. La figura le sirvió para adornar una frase de autoelogio. Pero no es verdad.

Antes del procesamiento, Bonadio debe pronunciarse sobre la recusación que le hizo Cristina. La recusación es floja: Cristina recordó que Bonadio había dicho que tenía una opinión sobre ella, pero que no la haría pública. Es cierto. Bonadio dijo eso. ¿Está prohibido que un juez tenga una opinión sobre una persona? No. Lo que un juez no puede hacer es expresarla públicamente, sobre todo si esa persona está siendo juzgada por él. Es lo que hizo Bonadio.

Cristinistas y no cristinistas (todos políticos) están cuestionando que se juzgue una decisión política. La política amplió con demasiada generosidad la interpretación de lo que es una decisión política no justiciable. Con palabras claras: una decisión política también puede implicar un delito. El segundo reproche que le hacen al juez es que haya permitido con su citación un regreso a la política de una ex presidenta que estaba arrumbada en el confín del Sur. Si bien es dudoso que la citación haya resucitado a Cristina, las preguntas son otras. ¿Por qué pedirle a un juez que mida con exactitud las repercusiones políticas de sus decisiones judiciales? Si lo hiciera, ¿no se convertiría, acaso, en un militante de fuerzas políticas concretas, oficialistas u opositoras?

Ocurre también que hay una incipiente preocupación de influyentes sectores empresariales por el curso de los acontecimientos judiciales. Comenzaron recibiendo con alegría las noticias que venían de los tribunales, pero cambiaron la cara cuando descubrieron que las investigaciones judiciales podrían terminar en algunos de ellos. El camino es inevitable; la corrupción política se alimenta de la corrupción privada. Ese cambio entre ciertos empresarios fue percibido por el Gobierno y por los jueces.

Hay un ejemplo en estos días de esa supuesta vinculación entre políticos y empresarios. El fiscal Guillermo Marijuan adelantó desde Nueva York que accedió a una voluminosa y devastadora información sobre las concesiones petroleras de Cerro Dragón. La investigación sobre presuntos sobornos involucra al ex ministro Julio De Vido, que se encontró con su destino judicial, y a empresarios nacionales y extranjeros.

Un mensaje nuevo apareció en el espacio público: es mejor, dice, dejar tranquilo al cristinismo y no darle la oportunidad del regreso. Que todo quede como está (o como estaba). La corrupción es posible porque alguien recibe dinero y porque otro lo paga. Una verdad simple y obvia, que a veces es necesario recordarla. Las investigaciones deben comprender a todos sus actores, no importa si estuvieron en la gestión pública o en la privada. El debate supuestamente político sobre la oportunidad de avanzar en las causas de corrupción es el pretexto perfecto para la impunidad.

Suelta de viejas ataduras y de más viejos temores, la Justicia parece impermeable a ese mensaje. Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez y excitado contador de dólares en La Rosadita, irá preso dentro de poco. Más integrantes del grupo de Báez acompañarán a Martín y a su padre en la cárcel. Dicen que su padre se convertiría en un Fariña mucho más preciso y caudaloso si su hijo terminara entre rejas. Lo único cierto, por ahora, es que Lázaro Báez está buscando un diálogo con la política o con la Justicia. Ese puente no se habilitó todavía, pero podría construirse en los próximos días.

La resolución de la Cámara Federal que ratificó su prisión le aclaró al juez Sebastián Casanello que el peligro de fuga de Báez no existió porque se subió a un avión sin plan de vuelo. El peligro existe, dice la única sala prestigiosa de ese tribunal, porque la cantidad de dinero lavado es enorme y porque Báez podría usar su libertad para seguir escondiendo su fortuna mal habida. Los tres jueces que firmaron la resolución (Irurzun, Cattani y Farah) hasta deslizan que podría haber dinero en efectivo escondido en covachas de Báez. La Cámara fue, en síntesis, mucho más allá que el propio juez Casanello. Báez no tiene ninguna razón para serenar la ansiedad que padece en estos días.

Los hermanos Schoklender volverán pronto a prisión por la causa que investiga el despilfarro de dinero público en el programa Sueños Compartidos, que también involucra al ex ministro De Vido y a Hebe de Bonafini. Tres ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner (Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina) fueron llamados a indagatoria por el derroche de recursos del Estado en Fútbol para Todos. Funcionarios cercanos a la jueza María Servini de Cubría, que es quien los citó, señalaron que es más fácil procesar a Aníbal Fernández por esa causa que por la de la efedrina.

El juez Julián Ercolini decidió crear una unidad fiscal de investigación por la muerte de Alberto Nisman. Le encomendó al fiscal Eduardo Taiano, de su más estrecha confianza, que designara a dos fiscales más. Es decir, que la muerte más importante de la democracia argentina será investigada por tres fiscales. La justicia federal evitó que la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, se metiera en el asunto.

El consenso de los jueces resolvió, en fin, que irán tomando decisiones de manera dosificada, pero permanente. El espectáculo sólo ha comenzado.

Desde la cresta del Poder Judicial hasta los pasillos de Comodoro Py sorprendió la información que daba cuenta de cierta desconfianza del Gobierno con el juez Ariel Lijo, que mantiene una excelente relación con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. "Lijo es una presencia importante entre los jueces y está convencido de la necesidad de avanzar en las causas que investigan la corrupción", dijeron en la más alta instancia de la Justicia. ¿Un ejemplo? Lo dieron: Lijo estuvo muy cerca de Casanello cuando éste dispuso la detención de Báez. Lo ayudó con algunos consejos prácticos y le sugirió que no permitiera la posibilidad siquiera de una fuga del empresario kirchnerista. Es probable que el Gobierno haya tenido información parcial sobre Lijo, pero lo cierto es que muy pocas veces repercutió tanto una información que afectaba a un juez. Lijo es más que un juez federal. Es un referente (o amigo personal) de varios de sus colegas.

El peronismo sabe de antemano los tiempos que vienen. La reaparición de Cristina Kirchner y la ofensiva judicial son más un problema del peronismo que de Macri. Si algo les quedó claro a los dirigentes peronistas más inteligentes es que ellos no volverán al gobierno con el espectáculo de Cristina Kirchner en Comodoro Py. Tendrán la calle, pero no el poder. Agresiones físicas y verbales a periodistas y un discurso amarrado al pasado. Pedazos de libertad, un derecho que se había recuperado plenamente, parecían otra vez en riesgo. Encuestas que recibió el peronismo aseguran que un 70 por ciento de la sociedad rechaza el acto de Cristina. Y a Cristina.

Poco después del violento pasatiempo cristinista, dirigentes peronistas golpearon la puerta de Servini de Cubría, también jueza electoral. Le suplicaron que acepte que la lista de unidad liderada por José Luís Gioja y Daniel Scioli está en condiciones legales de hacerse cargo de la conducción del peronismo. Hay un solo gobernador peronista que no integra esa lista. Es Alicia Kirchner. Hay un solo sector entre tantos que tampoco fue incluido en la eventual futura conducción del peronismo. Es La Cámpora. No fue casualidad. Tampoco fue magia.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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El macrismo busca recuperar los bienes de la corrupción



Por Laura Serra - LA NACION
Un proyecto de ley que diseñó la OA propone instaurar la extinción de dominio

Mauricio MacriCon el empresario kirchnerista Lázaro Báez preso, y con la opinión pública aún conmovida por las imágenes de su hijo Martín contando millones de dólares en La Rosadita, el gobierno de Mauricio Macri dará en los próximos días un golpe de efecto: enviará al Congreso un proyecto de ley para que los bienes de origen ilícito provenientes de la corrupción y del lavado de dinero pasen a dominio del Estado.

La iniciativa, a cuyo detalle tuvo acceso LA NACION, fue elaborada por la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso. Lo innovador del proyecto es que se crea un nuevo instrumento jurídico, la extinción de dominio, mediante el cual el Estado podrá perseguir aquellos bienes de procedencia ilícita sin necesidad de una condena previa del individuo acusado.

En efecto, esta herramienta se diferencia del decomiso -previsto en el Código Penal- por cuanto en este último caso el castigo recae sobre el sujeto. La extinción de dominio, en cambio, es una acción legal de naturaleza civil que va por un carril independiente al de la vía penal, pues se dirige hacia los bienes de origen ilícito, más allá de la responsabilidad criminal del individuo.

"Las respuestas tradicionales al delito, tales como las penas privativas de libertad y las multas, mostraron ser poco eficaces contra la corrupción, además de que siempre llegan una vez cometido el acto ilícito -argumenta la OA en el proyecto-. Actuar contra los bienes es un complemento esencial y constituye un método eficaz para desincentivar tanto a los delincuentes que actúan en forma aislada como a las organizaciones dedicadas a la corrupción pública, al narcotráfico, o al terrorismo."

Ahora bien, cabe preguntarse si la extinción de dominio no vulnera el derecho a la propiedad, consagrado como un derecho fundamental en la Constitución Nacional. El Gobierno aduce que no. "Lo que la Carta Magna resguarda son los bienes adquiridos legítimamente, no aquellos que provienen de una actividad ilícita", explican en la OA.

En el Congreso se presentaron diversos proyectos que instauran la extinción de dominio: los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica); Sergio Massa y Graciela Camaño (Frente Renovador); los radicales Miguel Bazze y Héctor Gutiérrez, y la vicepresidenta Gabriela Michetti se cuentan entre los impulsores. A diferencia del proyecto de la OA, que circunscribe esta acción a los delitos contra la administración pública y el lavado de dinero, los legisladores la extienden a los delitos complejos, como narcotráfico y trata de personas. El Gobierno optó, en cambio, por elaborar un proyecto específico para este tipo de casos, cuya redacción está en manos del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

El procedimiento

En la iniciativa de la OA, el procedimiento para la extinción del dominio comienza cuando este organismo o la Unidad de Información Financiera (UIF), ambos con facultades de investigación y de querella, advierten la existencia de un bien de presunto origen ilícito e inician una investigación preliminar. Acto seguido, la Procuración del Tesoro de la Nación junto al Ministerio Público, de contar con pruebas suficientes, impulsan la acción de extinción de dominio ante el juez.

Admitida la demanda, el magistrado notifica a la persona afectada, quien es la que deberá justificar el origen lícito de los bienes investigados. De no lograrlo, sobreviene la sentencia judicial y, de ser condenatoria, el bien pasa a la órbita del Estado.

¿Cuál es el derrotero de ese bien de origen ilícito en manos del Estado? La iniciativa propone crear una Agencia de Administración y Remate de Bienes Recuperados que funcionará como ente autárquico en el Ministerio de Justicia. Su finalidad "propenderá a la administración, asignación, remate y venta anticipada de los bienes" de origen ilícito, reza la propuesta.

Asimismo, se añade que los fondos recaudados con la venta serán destinados en partes iguales a programas de transparencia y lucha contra la corrupción; el fortalecimiento de las instituciones destinadas a la prevención, investigación y persecución de los delitos contra la administración pública y el lavado de activos; y la inversión en infraestructura educativa.

Tanto el Gobierno como los legisladores de la oposición que abrazan esta herramienta enfatizan que está en línea con lo que recomiendan los principales tratados internacionales contra la corrupción a los que suscribió nuestro país. Resaltan, además, sus resultados auspiciosos en las naciones donde se aplica.

"En Colombia, la aplicación de la extinción de dominio ha permitido recuperar para el Estado 3000 millones de dólares en los últimos tres años", enfatizó el diputado Gutiérrez. "Debemos avanzar en una ley que sirva para restar poder económico al delito y para resarcir económicamente al conjunto de la sociedad", sostuvo, por su parte, el radical Bazze.

Seis claves de una iniciativa audaz

La extinción de dominio consiste en la pérdida del derecho de propiedad sobre un bien producto de actividades ilícitas, que pasaría al dominio del Estado, sin compensación para el propietario o poseedor

Derecho a la propiedad - La Oficina Anticorrupción dice que no viola este derecho por cuanto la Constitución resguarda sólo los bienes de origen lícito

Antecedentes - Se aplica en varios países europeos, en Estados Unidos y la región

Sin condena previa - La extinción de dominio se aplica independientemente de una condena previa. La acción persigue a los bienes, no al sujeto.

Bienes recuperados - Los bienes recuperados son administrados por una agencia adhoc. Los fondos producidos de la venta o remate irán a prevenir la corrupción y a la infraestructura educativa

La iniciativa - La autora de la iniciativa es Laura Alonso, directora de la Oficina Anticorrupción
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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