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domingo, 10 de abril de 2016

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Salta: otro narcoescándalo con funcionarios procesados por tráfico de drogas



Clarin.com - Operativo "Gorila Blanco"
Trabajaban en el SENASA y cayeron cuando llevaban 120 kilos de cocaína hacia Tartagal. El jefe de la banda era conocido como "Maguila" y fue detenido en La Matanza. Se cree que el cargamento iba hacia España.
FOTO-EL TRIBUNO DE SALTA
El operativo antidroga fue bautizado "Gorila Blanco", simplemente porque al líder de la organización –con base en Salvador Mazza (Salta)– se lo conocía con el apodo de "Maguila". En total, unos 120 kilos de cocaína fueron secuestrados por Gendarmería en uno de los accesos de Tartagal, adonde la droga iba a ser "enfriada" para partir luego hacia su destino final en la provincia de Buenos Aires. De allí, se cree, iría rumbo a Europa.

Fue un nuevo caso de "narcopolítica". Para tratar de eludir los controles en la ruta, la banda usó como transportistas a funcionarios locales. Colocaron un Fiat Idea repleto de droga (120 paquetes guardados en cuatro bolsas de arpillera colocadas en el baúl) en el medio de un convoy de vehículos en los que iban más integrantes de la organización.

El secuestro de la cocaína y la detención de gran parte de la organización se concretó el 27 de noviembre pasado, pero recién hace unos días trascendieron los detalles de la investigación. Fue cuando el juez federal 2 de Salta, Miguel Antonio Medina, resolvió procesar a los seis detenidos. Entre ellos, dos funcionarios del SENASA (Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria) de Salvador Mazza.

De acuerdo al planteo del fiscal Ricardo Toranzos, estos dos funcionarios –Faustino Irineo Urzagaste (35) y Martín Alejandro Toledo (38)– eran muy útiles para el jefe de la organización –identificado como Jorge Luis "Maguila" López Segade (49)– ya que eran conocidos en la zona. El capo confiaba en que eso los ayudaría a sortear los controles.

Al ser indagados, Toledo –jefe del SENASA de Salvador Mazza– negó cualquier relación con la droga y dijo que estaba en el auto en el que se secuestró la droga porque su compañero y subalterno, Urzagaste, lo había invitado a ir a Tartagal a pescar ese fin de semana.

En este punto, Urzagaste apoyó la versión de su jefe. Pero lo cierto es que en el vehículo había mucha cocaína pero ni una caña de pescar.

"Toledo no tenía conocimiento de la maniobra. Es mi jefe y, como le gusta pescar, lo invité a que me acompañara a Tartagal para ir al dique Itiyuro", declaró Urzagaste. Y dio una curiosa version sobre cómo fue reclutado: "Refirió que en un partido de fútbol fue contactado por una persona de nacionalidad boliviana que dijo llamarse Juan Quispe, al que describió como de unos 35 o 40 años de edad, de baja estatura, morocho, cabello negro y contextura física normal".

Más allá descripción –repleta de características muy usuales en la zona–, el imputado agregó que este hombre "le ofreció hacer un trabajo y que, si bien en un principio se negó, como tenía un hijo enfermo le pidió dinero prestado al nombrado y, como no podía devolvérselo, aceptó su proposición de llevar cocaína hasta Tartagal".

El mismo 27 de noviembre en el que se secuestró la cocaína se detuvo a otros tres integrantes de la banda en la provincia de Salta. En cuanto a "Maguila", el juez Medina ordenó el allanamiento de su casa en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga (La Matanza), donde fue detenido.

A la hora de los procesamientos, el juez decidió imponerles a todos los detenidos la prisión preventiva. El más complicado resultó López Segade, a quien consideró "responsable del delito de organización de tráfico de estupefacientes" y lo embargó en 500.000 pesos.

"Como López Segade tiene doble nacionalidad argentina/española, las sospechas son que él era el encargado de cobrar en España los envíos que mandaban y luego hacerse remitir el dinero a la Argentina con excusa de algún pago", explicaron fuentes del caso a Clarín.

A los otros cinco detenidos, entre ellos los dos funcionarios del SENASA, los procesó por los delitos de "transporte de estupefacientes agravado".
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Recuperaron 10 millones de pesos de lo pagado por el Programa Qunita



Por: Omar Lavieri olavieri@infobae.com
El juez Claudio Bonadio ordenó embargos de las cuentas de los integrantes de las sociedades involucradas en la millonaria licitación


El Programa Qunita lanzado por el kirchnerismo tenía un costo de 1100 millones de pesos. Entres seis empresas se repartieron la venta al Estado de los 140.000 kits de asistencia para madres y bebés recién nacidos.

El plan del Ministerio de Salud fue creado en la última etapa del kirchnerismo para asistir a "todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)". Una iniciativa del Estado Nacional para "acompañar a las mamás durante el embarazo y luego del nacimiento de sus hijos, para garantizarles la mejor atención y las mismas oportunidades para nacer y crecer sanos".

El juez Claudio Bonadio procesó en febrero pasado al ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner Aníbal Fernández, a los dos últimos ministros de Salud de la Nación del anterior gobierno Daniel Gollán y Juan Manzur (hoy gobernador de Tucumán) y a quien fuera el segundo de Salud y militante de La Cámpora Nicolás Kreplak. A ellos los procesó por el modo en que se hizo la licitación que favoreció a empresas, una de ellas sin ningún antecedente que la avalara. La empresa Fasano se quedó con la porción más grande del contrato: 115.000 kits. Iba a cobrar una suma de 900 millones de pesos. Los integrantes de todas las empresas que participaron del negocios también fueron procesados.

Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, Bonadio decretó el embargo de todas las cuentas bancarias de las empresas, de los integrantes de las sociedades y también sus cajas de seguridad.
El embargo de dinero es hasta intentar hallar la cifra que pagó el Estado hasta que hace unos meses se suspendió el Programa Qunita, luego de un informe sobre las condiciones de seguridad de las cunas que integraban el kit.

Hasta entonces las empresas habían cobrado distintas sumas de dinero. Fasano había recibido 382 millones de pesos, Delta Obras y Proyectos 12,5 millones, Compañía Comercial Narciso 14 millones, Grupo Diela 11 millones, Dromotech 27 y Fibromad 22.

A partir de los embargos ordenados por Bonadio se han recuperado hasta ahora 10 millones de pesos. Aunque la operación para congelarles las cuentas a los empresarios recién comienza. Y, por ejemplo, no se ha contado aún lo hallado en las cajas de seguridad de los empresarios y sus asociados.

El procesamiento dictado por Bonadio es revisado por la Sala II de la Cámara Federal porteña que podría llegar a resolver si confirma o no lo decidido por el juez en las próximas semanas.
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Vidal denunció a la gestión sciolista por un desfalco de $ 1500 millones



Por María José Lucesole - LA NACION
El gobierno bonaerense inició ocho denuncias penales por supuestas internaciones fraguadas y sobreprecios en la obra social provincial; rechazo de los funcionarios de Scioli


LA PLATA.- El gobierno de María Eugenia Vidal presentó ocho denuncias penales por supuestos actos de corrupción durante la gestión de Daniel Scioli que habrían afectado a la provincia en 1500 millones de pesos. Los casos, iniciados en la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas a cargo de Jorge Paolini, se centran en el funcionamiento del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y apuntan al pago de sobreprecios, estafas y prestaciones falsas.

Los documentos dan cuenta de sobreprecios en las compras de medicamentos, internaciones domiciliarias falsas -en algunos casos a nombre de personas muertas- y compras fraguadas de prótesis y aparatos. Incluyen, además, la adquisición irregular de computadoras, anomalías administrativas y negocios turbios con recursos de amparos.

Según el presidente de IOMA, Sergio Cassinotti, sin estos pagos irregulares se pudo haber ahorrado $ 380 millones por año. Es decir, el perjuicio superaría los $ 1500 millones en los últimos cuatro años. "Todo esto no se pudo hacer sin paraguas político. Hubo cobertura de los niveles más altos del gobierno anterior", dijo Cassinotti a LA NACION.

Las irregularidades más escandalosas corresponden a las internaciones domiciliaras fraguadas, que costaron $ 200 millones cada año.

Entre los casos señalados figura la empresa Clidomint, que pasó facturas por la internación de la María Delfina Gómez de Miguez entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Pero la mujer había fallecido el 29 de noviembre. Otro caso recurrente es el pago del IOMA de hasta $ 30.000 para tratamiento especiales a discapacitados, pero las familias de los pacientes recibían sólo $ 8000.

Sólo en la compra de medicamentos se pagaron sobreprecios por $ 36 millones cada año. En algunos, el Estado pagó más del 30% del valor del mercado. Por ejemplo, se pagó $ 151.000 por el producto Daklinza, cuando el valor fijado por la Anmat es de $ 124.000.

En ortopedia se registraron facturas fraguadas y sobreprecios de hasta el triple de su valor de mercado.

También se detectó el faltante de 103 computadoras que figuraba como recibidas e inventariadas en el patrimonio del IOMA.

La mayoría de estas irregularidades se registraron durante la gestión de Antonio La Scaleia, que asumió en 2010. Pero ni este funcionario ni Scioli fueron imputados ni procesados por el fiscal Paolini. Se trata del mismo fiscal que el año pasado, y en medio de la campaña, no apeló el sobreseimiento de Scioli en la causa por enriquecimiento ilícito, que fue resuelto sin peritaje contable.

Dos de las denuncias recién están en trámite para iniciar su carátula. El resto fueron remitidas a otras unidades de investigación. La denuncias salpican además a los representantes de los sindicatos de UPCN y Suteba en el directorio de IOMA.

Para La Scaleia, las denuncias no son más que "mentiras". El ex funcionario negó que durante su gestión hubiera existido una metodología tendiente a defraudar a la obra social. "Están mintiendo. Es un ataque del gobierno actual contra el gobierno anterior: una cosa es la gestión y otra es la política", destacó.

Según La Scaleia, durante su gestión IOMA trabajó con licitaciones públicas y con intervención de la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, todos organismos que estuvieron en manos de la oposición a Scioli. "Pudo pasar que una empresa privada intentara defraudar al Estado, como en el caso de las internaciones domiciliarias. Nosotros también lo denunciamos. Eso no significa de ninguna manera connivencia entre los privados y el IOMA", dijo.

"Nosotros dejamos una obra social funcionando, con superávit. Están mintiendo para atacar al ex gobernador", agregó. Scioli también fue consultado por LA NACION, pero derivó la consulta en La Scaleia.

Las acusaciones y los protagonistas - Los ejes de denuncias que ahora están en manos de la Justicia

Sergio Cassinotti - Presidente del IOMA - "Hubo cobertura de los niveles más altos del gobierno anterior. Las pruebas están ante la Justicia. Alguien tiene que ir preso"

Antonio La Scaleia - Ex Pte. del IOMA - "Nosotros dejamos una obra social funcionando, con superávit. Están mintiendo para atacar al ex gobernador Daniel Scioli"

Medicamentos caros - Se pagaron sobreprecios del 30% con respecto al valor que fija la Anmat. En total, se facturaron 36 millones de pesos de más por año, según la denuncia.

Internaciones fraguadas - Representarían 200 millones de pesos por año. Se facturaron internaciones de afiliados ya fallecidos y servicios a discapacitados que no los recibieron.

Prótesis y ortopedia - Se pagaron sobreprecios de hasta el triple del valor real."Nosotros dejamos una obra social funcionando, con superávit. Están mintiendo para atacar al ex gobernador Daniel Scioli"
Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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Turbomeca hizo saber a las fuerzas aéreas e Argentina y Uruguay que dispone motores Aztazou almacenados



(Defensa.com) - El fabricante francés Turbomeca hizo saber a las fuerzas aéreas e Argentina y Uruguay que aún dispone de decenas de motores Aztazou almacenados, esto es una buena noticia para los Pucará argentinos y uruguayos ya que permite extender su vida útil hasta que se decida que hacer con el proyecto de remotorización.

Obviamente Turbomeca hizo saber este dato con la intención de lograr algún contrato y poder darle alguna utilidad a esos motores sobrantes luego de que finalizara hace ya varios años la producción de los mismos.

Así lo ha hecho saber, según hemos confirmado, la fábrica francesa a las autoridades argentinas, e indirectamente al universo aeronáutico uruguayo, ambos países usuarios de Pucará y, en el caso de Uruguay, habiendo desprogramado dos Jetstream T2 aeronavales, con idéntica propulsión. El interés de Turbomeca en mantener latente esta posibilidad de dotar a los usuarios con estos motores significaría una supervivencia inesperada para el bimotor, cuyos únicos clientes están actualmente sometidos a muy magros presupuestos.

Fuente: desarrolloydefensa.blogspot.com

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